¿Qué genera y a quién favorece la violencia?

Nicolás Maduro y el resto dirigentes del PSUV y de la cúpula militar del gobierno bolivariano, han tomado la decisión desde hace más de un año de suspender todos los procesos electorales nacionales y regionales, hasta sindicales y universitarios, que puedan significar una derrota contundente para sus candidatos. Con la absurda excusa de que mientras haya guerra económica no habrá elecciones en Venezuela (razonamiento que pregonan a lo interno de sus fuerzas organizadas), han suspendido desde las elecciones sindicales en la Federación de Trabajadores Petroleros y el importante sindicato de Sidor, las elecciones de rectores y decanos en todas las universidades autónomas del país, hasta las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en diciembre de 2016, según mandato constitucional.

De acuerdo a lo que se concluye de su accionar político, y de las propias opiniones de muchos de sus líderes, pareciera que la intención de la cúpula madurista es no hacer elecciones ni siquiera en el 2018, cuando corresponde elegir al nuevo presidente de la República. Nos preocupa esta deriva autoritaria del gobierno de Maduro, pues al no permitir los procesos electorales se convierten de hecho en un gobierno al margen de la constitución y las leyes aprobadas en el proceso constituyente bolivariano de 1999, que impulsó el presidente Chávez.

La razón que lleva al madurismo a no realizar elecciones es que las perderían con toda seguridad, debido al fracaso rotundo de toda su política económica de los últimos cuatro años, y al mayoritario rechazo popular que se expresa en todas las encuestas medianamente objetivas y que se palpa en todos los rincones de la patria. A partir de su consigna "nos mantendremos en el poder como sea", Maduro y su cúpula ha violentado la Constitución que nos dejó Chávez y ha roto las reglas de juego que garantizaban una relativa paz social en Venezuela.

Decimos relativa paz social, pues la burguesía criolla y sus patronos imperialistas nunca se han detenido en las formalidades constitucionales al momento de garantizar sus intereses de clase, como quedó demostrado claramente en el golpe de abril de 2002. En toda Latinoamérica, las burguesías criollas pro imperialistas han roto el hilo constitucional todas las veces que han querido para derrocar a gobiernos populares y revolucionarios, como lo hicieron con Allende en Chile en 1973 y aquí mismo en Venezuela en 1948, al derrocar a Rómulo Gallegos. En tiempos más recientes, el derrocamiento de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay y de Dilma Rousseff en Brasil demuestran esa vocación dictatorial del imperialismo y sus aliados en el continente.

Precisamente, si consideramos que Latinoamérica es para los gringos su pretendido "patio trasero", y que una de las fortalezas principales del proceso que encabezó el presidente Chávez fueron sus continuos triunfos electorales, los cuales limitaron el discurso y las justificaciones de la derecha proimperial cuando intentaron insurgir contra la revolución, el suspender ahora esos procesos comiciales que le permitieron a Chávez justificarse mundialmente como democrático y popular, es abrirle la puerta al imperialismo para que pueda impulsar sin obstáculos procesos de conspiración y violencia con el objetivo no sólo de derrocar a Maduro, sino de acabar completamente con todo lo que significa la revolución bolivariana.

Además, la suspensión de elecciones no es sólo un arma que se le da al imperio para que actúe conspirativamente dentro del país. Al mismo tiempo, la suspensión de todo tipo de elecciones contribuye a establecer un poder político al margen de cualquier proceso de contraloría social popular. Elimina no sólo a la oposición política pitiyanqui, sino también a todas las tendencias democráticas y revolucionarias que no se alinean con el PSUV y que sostienen otros programas de cambio para Venezuela.

Recordemos aquí que desde la muerte de Chávez se ha producido un debate sobre la interpretación del Plan de la Patria y del modelo económico socialista comunal contemplado en las últimas ejecutorías del comandante. La suspensión de elecciones acaba también con todo tipo de debate y trata de imponer por la fuerza el programa político y económico de la cúpula civil-militar que circunstancialmente ha quedado controlando el poder luego del fallecimiento del presidente.

En los hechos, Maduro ha tergiversado totalmente la orientación socialista que tomara Chávez en los últimos años de su gobierno. Resucitando planes de explotación minera que datan de la Cuarta República, como la explotación de oro, diamante, coltán y otros minerales en la región de Guayana, y abriendo dicha explotación minera al concurso de multinacionales que el mismo Chávez había expulsado del país, se ha dado un paso importante en la regresión capitalista de lo poco que pudo avanzar Chávez en el camino nacionalista y revolucionario.

Desde los años 60 los teóricos de la dependencia dejaron claro que la única manera de practicar el nacionalismo en los países de América Latina era mediante revoluciones socialistas, pues nuestras burguesías eran todas lacayas del imperialismo. Regresándose sesenta años en el tiempo, Maduro impone un modelo que fue superado incluso por la revolución cubana a partir de 1959. El proyecto madurista parte de creer que el concurso del capital extranjero multinacional y de la burguesía criolla favorecerá el desarrollo económico independiente y soberano de un país. La historia de toda América Latina se ha encargado de desmentir contundentemente esa posibilidad.

La mezcla que realiza Maduro, de puertas abiertas en lo económico al capitalismo extranjero más nocivo y agresivo (como son las multinacionales mineras Gold Reserve y Barrick Gold), y de suspensión de las reglas de juego democráticas, termina siendo una combinación explosiva. Por un lado se permite la entrada al veneno capitalista que corrompe funcionarios y ciudadanos, a la vez que actúa solapadamente como organizador de conspiraciones y levantamientos. Por el otro, se le da al imperio la justificación para validar esa misma conspiración ante cualquier instancia internacional.

El resultado probable de todo esto, es el desarrollo de procesos de violencia política que pueden manifestarse no solamente como "guarimbas" similares a las vividas en el 2014, sino también como rebeliones militares (montadas por los operadores yanquis que trabajan secretamente en el país y que probablemente muchos de ellos sean empleados de las multinacionales con las cuales Maduro hace negocios hoy en día) que ahora tienen plena justificación para actuar ante un gobierno que se ha colocado al margen de la constitución y las leyes.

Si agregamos a todo esto las condiciones objetivas de malestar popular debido al derrumbe abismal del salario de los trabajadores y de los niveles de vida de todo el pueblo venezolano, podemos concluir que Maduro ha levantado un peligroso volcán que pudiera explotar en cualquier momento.

Desde la Plataforma Zulia en Defensa de la Constitución hemos levantado una serie de propuestas para un programa mínimo de emergencia que ha sido publicado en estas mismas páginas (Principios Políticos para un Programa de Cambios en Venezuela. https://www.aporrea.org/actualidad/a244139.html). La solución a la crisis no pasa ni por mayor represión (la cual puede conducir a una guerra civil, o al derrocamiento de Maduro por un golpe militar de la derecha pitiyanqui), ni por mayor apertura al capitalismo extranjero. Sólo la radicalización y profundización de la revolución bolivariana puede salvar a Venezuela del desastre que se asoma en el horizonte inmediato.

Obviamente una radicalización de la revolución implicará que la burguesía trate de reaccionar con mayor violencia, pues sus intereses fundamentales se verían considerablemente afectados en el país. Para enfrentar eso es imprescindible ampliar el campo de organización de los revolucionarios. Hasta ahora, el gobierno de Maduro se sostiene principalmente en base al clientelismo y las dádivas hacia el pueblo, junto a las amenazas y el chantaje hacia sus propios funcionarios. Una reorientación del gobierno implica ejecutar el Golpe de Timón que ordenara Chávez en octubre de 2012. Hoy en 2017, ese golpe de timón implicaría el cambio absoluto de todo el equipo de gobierno que ha tenido Maduro en estos cuatro años, y la redefinición de la misma cúpula civil-militar que ha venido dirigiendo la revolución.

Cambios absolutos en la política económica, en la política educativa, en la política hacia los movimientos sociales, en la política gerencial en las empresas del estado, en la política gerencial en la administración pública. Modificar el modelo de estado burgués que se mantiene intacto, y avanzar con audacia en la senda del estado comunal que formuló Chávez.

Este cambio sólo puede lograrse constituyendo un nuevo comando cívico-militar que asuma la dirección del proceso revolucionario, al cual esté subordinado el mismo presidente de la República. Para constituirlo hay que convocar a todos los sectores bolivarianos que acompañaron desde el inicio el proceso revolucionario junto al presidente Chávez, y que permanecen marginados desde hace años de toda influencia en el gobierno, para recomponer en su totalidad esa dirigencia político-militar del proceso, modificando por supuesto todo el tren ministerial y descartando también a una dirigencia del PSUV que sólo ha introducido el sectarismo, la corrupción y el clientelismo neoadeco como norma de conducta política.

El otro camino posible, del cual será responsable Maduro y su cúpula, es el de la violencia abierta, el de la guerra civil, el de las conspiraciones militares, y el de la represión masiva contra un pueblo que ha visto frustradas sus esperanzas de cambio con el fracaso rotundo de las políticas ejecutadas por Maduro. La derecha pitiyanqui que sobrevive del período adeco-copeyano pudiera regresar al poder en este contexto, aunque la escasa gobernabilidad que pueda tener en el país no le depara futuros halagadores.

Ya sea manteniéndose en el poder esta nueva derecha madurista que desea entregar la revolución a las multinacionales, o retomando el poder la vieja derecha adeco-copeyana, el futuro de Venezuela está seriamente comprometido como nación soberana e independiente. Nuestra propuesta es hacia el renacimiento del movimiento popular y revolucionario, antes que la vorágine de la violencia burguesa se trague a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestro pueblo.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 12 de abril de 2017



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Roberto López Sánchez

Roberto López Sánchez (Caracas, 1958). Historiador. Profesor Titular de la Universidad del Zulia (1994-2019). Magister en Historia de Venezuela y Doctor en Ciencias Políticas. Luchador social, activista del movimiento estudiantil y profesoral, vinculado al trabajo obrero, campesino, ambientalista, indígena y cultural desde 1977. Participante de la lucha armada revolucionaria (1977-1988); miembro del Frente Guerrillero Américo Silva. Sometido a persecución política y juicio militar en 1982. Actividad revolucionaria clandestina durante 1982-1988. Fundador de la Unión Nacional de Trabajadores-Zulia y miembro de su comité ejecutivo (2004-2012). Integra el consejo consultivo de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia (organismo que sólo ha sido convocado en una oportunidad en cinco años). Ha sido director de las Divisiones de Extensión y de Formación General; Secretario Docente de EUS; Coordinador de la Unidad Académica de Antropología, del Diplomado en Consejos Comunales (cinco cohortes graduadas) y el Diplomado en Formación Sindical con (cinco cohortes graduadas) en la Facultad Experimental de Ciencias (FEC). También ha coordinado la Zona Zulia-Falcón del Ministerio del Trabajo (2004). Ha publicado: El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución bolivariana: 1999-2012 (2017); Movimiento estudiantil y proceso político venezolano (2007); El protagonismo popular en la historia de Venezuela (2008-2015); Los Consejos Comunales y el Socialismo del Siglo XXI (2009); y Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de su desarrollo (2012), además de 5 capítulos de libros científicos, 45 artículos científicos y 50 ponencias en eventos nacionales e internacionales. Es miembro del Programa de Estímulo a la Investigación (PEII), nivel C. Egresó en pregrado con 19,41 puntos de promedio (LUZ, 1994). Ha dirigido 10 proyectos de investigación en la FEC-LUZ. Actualmente dicta semestralmente las materias de Historia de Venezuela, Historia de América, Intercambios económicos y simbólicos, y Poder y Movimientos Sociales, en la Licenciatura en Antropología de LUZ. Ha dictado los seminarios Lucha de clases en el siglo XXI. Movimientos sociales y formas de participación política; y El análisis marxista y la sociedad global del siglo XXI, en el programa de Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Maracaibo. En la División de Extensión de la FEC desarrolla anualmente seminarios sobre: Crisis política en Venezuela; Marxismo y Antropología; Movimientos Estudiantiles en Venezuela; Movimiento de Trabajadores en la Venezuela Contemporánea; Crisis Económica Mundial y su repercusión en la economía venezolana; Movimientos Sociales y Protagonismo Popular en la Historia de Venezuela (dictado también en el Centro Internacional Miranda -CIM- y en Fundacite-Mérida en 2016); y el seminario La Lucha Armada en el Oriente de Venezuela: 1965-1990, en el CIM (2017). Es coinvestigador en el Proyecto: “Historia de los frentes guerrilleros Antonio José de Sucre y Américo Silva: 1966-1990”, Centro Nacional de Historia (2016-2017). Investigador principal en el proyecto “Identidades en el estudiantado de la Universidad del Zulia” y del programa de investigación “Universidad del Zulia: comunidad, organizaciones e identidades” (2017-2019).

 @cruzcarrillo09

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