En la propia OEA, Venezuela debe defenderse invocando el artículo 18 de la propia Carta Democrática Interamericana, el cual establece una fase previa de análisis de la problemática de los Estados antes de promover sanciones de cualquier tipo, salvo que sea solicitado por el propio Estado y no terceros. En tal sentido la Sala Constitucional del TSJ debe pronunciarse.
A lo interno de Venezuela, es necesario desmitificar la fulana Carta Democrática y ubicarla en su justa dimensión, dando a conocer tanto a chavistas como opositores que el referido instrumento jurídico no supone por sí mismo una intervención militar contra Venezuela sino una acción de desprestigio diplomático contra nuestra Patria que puede desencadenar aislamiento internacional y justificación de un futuro bloqueo económico como el de EEUU contra Cuba.
No acompañamos provocaciones para que Venezuela se autoexcluya de la OEA, la diplomacia es la ciencia de los inteligentes, y nuestro gobierno revolucionario debe seguir practicando profesionalmente esta ciencia dentro de la OEA denunciando lo que deba denunciar. En esencia, ninguna tribuna de debate debe abandonarse porque eso despierta una percepción negativa frente a la comunidad internacional que regala legitimidad a los argumentos del adversario.
La representación jurídica del Estado frente a la comunidad internacional está constitucionalmente bajo el monopolio del Presidente de Venezuela, es decir, sólo Maduro, o el funcionario que Maduro delegue para ello, puede hablar en nombre de nuestro país en el exterior, de allí que se debe proceder judicialmente contra la Asamblea Nacional en desacato por su sistemática solicitud de que la OEA implemente sanciones ilegales contra Venezuela. La usurpación de funciones no puede ser tolerada y mucho menos la traición a la patria. Estamos en presencia de un doble delito.
