Las leyes burguesas y la ley de la revolución

Dice Lenin citando a Marx "Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del "orden" que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. En opinión de los políticos pequeñoburgueses el orden es precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguando los choques significa para ellos conciliar y no privar a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha por el derrocamiento del opresor" Más adelante sigue hablando del carácter de dominación del Estado "Que el Estado es el órgano de dominación de una determinada clase, la cual no puede conciliarse con su antípoda… es algo que la democracia pequeñoburguesa no podrá jamás comprender" (El Estado y la revolución, V.L.)

"El Estado es un orden que legaliza y afianza la opresión". A la luz de este enunciado marxista tomado por Lenin para el análisis político, hacemos el nuestro. Y la primera pregunta que nos hacemos, para comenzarlo, es ¿Cuál es este Estado que ahora oprime a nuestro pueblo pobre? ¿Vivimos dentro de un Estado socialista o dentro de un orden y una legalidad burguesa?; ¿Nuestro sistema judicial, electoral, parlamentario; nuestra leyes podrían ser de carácter socialistas o son más bien de carácter burgués?

Podríamos ver el asunto desde otra perspectiva ¿Quién controla nuestras vidas a través de la economía, el socialismo o el capitalismo? Nosotros diríamos que el capitalismo, y eso ha sido posible mediante leyes, reglamentos, instituciones, códigos, toda clase de normativas hechas justo para que esto sea así, para que en última instancia los dueños de los medios de producción sean los únicos beneficiarios del Estado. Por ejemplo, para que sus agentes puedan penetrar la política mediante un conocimiento técnico, el cual está a la base de la misma redacción de las leyes, de la organización de los procesos administrativos, económicos, comerciales y financieros, hasta contaminar todo el estamento político, el espíritu del resto del Estado,… así el gobierno se defina como socialista y sostenga siempre un discurso socialistoide.

Digamos (y creemos que esto lo dicen muchos dentro del mismo gobierno) que vivimos bajo el tránsito del Estado burgués capitalista hacia el Estado socialista. Esto significa que todavía nuestras instituciones son de carácter burgués capitalista, que nuestro Estado oprime desde los intereses capitalistas a la mayoría de la población, que se resiste, a pesar del mismo gobierno abandonar la esperanza socialista.

Sin embargo en este punto comienzan a disiparse algunas nubes y definirse la lucha de clases. Por una parte, un sector político del gobierno defiende la tesis reformista de confundir al Estado como el orden necesario para la conciliación ¿A través de qué mecanismos? De las contiendas electorales, del parlamentarismo clientelar, la alternabilidad, de los acuerdos tripartitos entre el Gobierno, los sindicatos burgueses y los patronos.

Aquí el orden no significa opresión, es "precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra". Y sobre esa postura política pequeñoburguesa se trata de negar la existencia del Estado socialista revolucionario.

Los que creemos que existe un Estado socialista y revolucionario, es decir, otro orden de cosas, otro orden de dominación pero de las mayorías sobre una minoría de privilegiados, no podemos permitir que sea la legalidad que está destinada a morir, a desaparecer como controles sociales, la que gobierne nuestras acciones políticas revolucionarias. La revolución hace sus propias leyes las cuales obedecen a sus propias necesidades de cambios y dentro de su propia lógica y sistema de valores, o sea, de su propia moral.

Eso lo comprendió Chávez, por ejemplo, cuando en 2004 se quiso organizar un boicot financiero y alimentario, el cual se desarrollaría en varios años, y encomendó a PDVSA para la importación masiva de alimentos, a través de la recién creada PDVAL, y nacionalizó algunos bancos y expropió (de otros) los carapachos que dejaron abandonados los capitalistas ladrones que se robaron el dinero de los ahorristas.

Tomó decisiones, sin mirar o respetar mucho las consideraciones legales que conllevaría a ellas. Dicho de otra forma, puso la ley de la revolución por encima de las legalidades burguesas, hechas para el control y administración de un Estado el servicio de la clase más adinerada, la que ha llevado el monopolio de los procesos económicos hasta hoy en el país, la burguesía.

Es con esta legalidad como la derecha criolla quiso sancionar y juzgar las decisiones de Chávez.

Pero también es esta misma legalidad la que cuestiona ahora a aquellos funcionarios que en su momento sirvieron a Chávez y al país, y que ahora son perseguidos por este gobierno (francamente pequeñoburgués y reformista) como corruptos.

Hoy la hipocresía reformista busca "chivos expiatorios" dentro de sus enemigos chavistas, para disculpar el descontrol administrativo y su propia corruptela. Con esta persecución se consolida lo que Marx llama la conciliación (en el orden burgués), es decir, conciliación "Amortiguando los choques" de clases privando a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha por el derrocamiento del opresor"; la amortiguación de los choques de clases, expresados en sus propios métodos de lucha, mediante las leyes del Estado burgués. Que no son las leyes de la revolución socialista, las cuales están ahí para los cambios estructurales y para la derrota definitiva de su clase antagónica, o sea, a la burguesía, el capitalista.

Las decisiones tomadas por Chávez de expropiaciones, confiscaciones, de tierras, de bancos, de galpones, de fábricas; las importaciones masivas de alimentos (incluyendo sus consecuencia negativas) son decisiones revolucionarias; equivalen a esos medios y procedimiento de lucha a los cuales hace referencia Marx, y obedecen a razones de proteger a la población más desvalida y a toda la sociedad, por lo tanto no puede al mismo tiempo respetar u obedece los interesen de unos cuantos leguleyos o críticos, a la opinión pública de la gran prensa; ni siquiera al sistema judicial burgués, al parlamento mamarracho burgués, clientelar. Tales decisiones hacen la Ley, crean la jurisprudencia de la historia, del gran juez que es la NECESIDAD (con mayúsculas), pero dentro de los más desvalidos de todo.



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Marcos Luna


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