Este 15 de agosto de 2016, los venezolanos y venezolanas despertaron con la noticia del incremento de entre 80 y 150% del transporte urbano y suburbano, un incremento que ya había sido anunciado con antelación por los propios transportistas, pero que había sido pospuesto para tratar de llegar a un acuerdo con gobierno y usuarios, donde evidentemente son estos últimos los más perjudicados dentro de la cadena de comercialización de bienes y servicios.

Anterior a la ejecución de esta subida del transporte, se anuncia un incremento en el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, pasando este de 33.636,15 a 65.056,60 bs. lo que representa un 93,41% en términos porcentuales y lo que ante las actuales circunstancias de la economía venezolana, donde se posee un dólar paralelo sobre estimado, con precios de bienes que superan los costos de los mismos productos del exterior, junto con la recién anunciada reapertura de la frontera, favorecerá (aunque no en los términos esperados) el ingreso del trabajador y trabajadora, tan golpeados en los últimos tres años.

No obstante este incremento del transporte ha caído muy mal dentro de la colectividad en general, pues en primera medida no se encuentra autorizado por los entes competentes, en este caso Alcaldías y Ministerio de Transporte y en segunda medida se presenta antes de que se haga efectivo el incremento salarial, el cual comienza a correr desde el mes de septiembre (El aumento debió de ser decretado desde el mes de agosto o julio y no desde septiembre).

Sin ánimos de pretender defender o victimizar al sector transportista, mucho menos a los distintos gremios patronales (denominados sindicatos de transporte) que hacen vida a lo largo y ancho de la geografía nacional, es justo decir que si bien nuestra gasolina continua siendo la más económica del mundo, y en conjunto con otras facilidades como la casi inexistencia de peajes, abaratan los costos de los mismos, por otra parte, los repuestos, cauchos, lubricantes y demás aumentan de manera estratosférica.

Esta situación se debe a un factor en particular: El transporte, así como los pequeños y medianos comerciantes representan el penúltimo escalón de la cadena de comercialización de bienes y servicios, es decir, los transportistas deben transferir buena parte de sus ingresos diarios en comprarle al distribuidor de repuestos, cauchos, lubricantes y baterías, el cual especula con toda la voracidad que lo hace el mercado ante nosotros los asalariados. En pocas palabras, el transportista no es un enemigo, guarimbero, perpetrador de la "Guerra Económica", especulador o un sinfín de epítetos más; el transportista en todo caso es parte de ese mismo pueblo que se encuentra ahorcado por una economía altamente especulativa, que busca apropiarse de la riqueza de los que menor fortaleza económica y políticamente hablando poseen.

Cuando digo transportista me refiero al pequeño transportista, al que vive en el barrio, al que va al mercado popular, el que desde las 4am se encuentra en la calle, el que llega a su hogar a las 10pm, el que sufre penurias semejantes al asalariado, el que añora que haya un sistema de seguridad social que dignifique al transportista, en ningún momento me refiero a los grandes dueños del transporte, esos que aprovechándose del trabajo ajeno poseen decenas o hasta centenares de autobuses y gandolas.

Es por lo tanto un error, que hayan voceros y voceras del gobierno nacional, así como ciudadanos de a pie, que vean como un enemigo al transportista, pues se desvirtúa la visión de revolución, puesto que en todo momento nuestro ataque, nuestras luchas y nuestra atención se debe centrar en derrotar política y económicamente a los dueños del capital y no a quienes son tan pueblo como nosotros, esa debe ser la razón de ser del chavismo, esa debe ser la premisa de la revolución, entender que este proceso histórico no se trata de "chavistas contra opositores" sino de pobres contra ricos.

Una vez aclarada este punto, ¿Que debe hacer entonces el gobierno nacional?

Es evidente que el Gobierno Nacional no controla, ni podrá controlar (por lo menos en el corto y mediano plazo los precios de los bienes y servicios), pues actualmente no tiene, ni ha querido tener la capacidad política para ello; esto significa que podrán emitirse decenas de decretos y resoluciones de precios que serán obviadas tanto por los conductores como por los propietarios y hasta los propios usuarios, quienes, por ser el eslabón más débil de la cadena, no tendrán más remedio que a regañadientes aceptar los precios que impongan las líneas de transporte.

También es evidente y justo decir que los incrementos en los precios del transporte no poseen por lo menos un estudio minucioso sobre la estructura de costos, que pueda determinar un valor que resulte medianamente favorable tanto para el transportista como para el usuario. Una tarea pendiente que fácilmente podrían hacer los Ministerios de Comercio y Transporte o alguna universidad de manera periódica y pública y que sin duda alguna facilitaría la emisión de decretos y gacetas sobre el tan polémico transporte urbano y extraurbano.

Particularmente considero que el primer paso para establecer un valor aceptable para todos los sectores involucrados es generar mesas de trabajo que sinceren el costo del pasaje y que reconozca la labor significativa que realizan a diario los transportistas en aras de dignificar su extenuante faena, se hace necesario por ende que este sujeto comience a gozar de estabilidad laboral, de beneficios laborales, de seguridad social, de planes de vivienda, y de principalmente hacer cumplir la ley del trabajo, pues infinidad de choferes trabajan más de 14 horas al día, convirtiéndose esta tarea en una actividad semiesclavizante.

Ante las condiciones actuales de precios, que como ya se dijo, superan con creces los valores internacionales, es muy probable que este arbitrario incremento se encuentre por encima de los requerimientos reales de los este sector (tomando en cuenta además de la elevada especulación, los altos niveles de zozobra que existe en la calle), por consiguiente se deben generar mesas de trabajo para que en primer termino se evidencie la presencia del Estado venezolano como garante de los derechos de los usuarios pero también garante de mejorar las condiciones de vida de los transportistas, en especial los choferes; y como segunda medida, para comenzar de una vez por todas a realizar estudios serios sobre las cadenas de costos de la economía venezolana.

Con los actuales niveles de vida de la población, incluyendo el incremento de salario recién anunciado, se hace sumamente difícil cubrir las necesidades básicas del venezolano en general, más aun cuando el valor del pasaje representa un importante egreso para que los trabajadores y trabajadoras tengan que acudir a sus respectivos espacios de trabajo a ser explotados por un patrón y un mercado que se incrementa con una velocidad mucho mayor a los aumentos salariales.

Por ello considero pertinente que el Presidente de la República, tomando en cuenta el reciente anuncio de eliminar progresivamente el subsidio indirecto y transformarlo por un subsidio directo y personalizado, debe incrementar y unificar el bono de transporte para todos los trabajadores de la administración pública que perciban menos de dos (02) salarios mínimos; dicho bono de transporte debería ser de por lo menos 4mil bolívares mensuales, lo cual no superaría los 144 millardos de bolívares, es decir, menos del 10% del total de excedentes de recaudación que genera el SENIAT en un año.

Este subsidio iría sola y únicamente para el sector público por varias razones:

1. Se evitaría una "nueva" justificación para incrementar precios por parte del sector privado.

2. Obligaría al sector privado a generar estrategias para mejorar las condiciones de traslado de sus trabajadores.

3. Mejoraría las percepciones de la población en general sobre la gestión de gobierno.

4. Protegería (por lo menos en ese ámbito) el ingreso del trabajador y el nuevo aumento salarial anunciado.

5. Garantizaría la asignación de un subsidio directo a quien realmente lo requiera.

6. Mejoraría las condiciones de vida de los transportistas y de sus familias.

7. Evitaría una posible paralización de la masa trabajadora, quien de seguir estos incrementos de pasaje de la forma en que van preferirá quedarse en su casa, pues tendrá que pagar casi el 100% de su ingreso mensual tan sólo para movilizarse.

Si bien este tipo de acciones no frenaran la vorágine especulativa que ahorca a los asalariados y a los pequeños y medianos comerciantes (en este caso los transportistas), si pueden generar insumos y estrategias que sirvan para poco a poco recobrar el poder adquisitivo que tuvimos los trabajadores hace apenas un par de años.

(*) Economista social e investigador.

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