En ruptura con la estructura clásica del Poder Público, nuestra Constitución incorpora dos poderes más: el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. El Poder Ciudadano es uno de los elementos más novedosos y democrático de la estructura del Estado, y ha sido creado sobre el objetivo de posibilitar la defensa de los derechos ciudadanos. Los órganos que integran el Poder Ciudadano son: el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, ellos tienen a su cargo de conformidad con esta Constitución y la Ley: “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad la actividad administrativa del Estado”.
Contra ésta novedosa estructura y contra éste precepto Constitucional ha topado el hoy defenestrado, Magistrado Luís Alvaray; él sabia más que cualquier venezolano, de los riesgos que corría al provocar todos los desaguisados que ética y administrativamente realizaba, se supone que éste jurista debe conocer la ley de Licitaciones Pública y lo mas grave aún, debió estar en conocimiento de las consecuencia que ella acarrea cuando no se aplica. Pero lo de ciudad Lebrún al parecer es la punta del iceberg, ya que en la audiencia oral y pública de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del sistema Judicial que se llevó a cabo el pasado 5 de mayo, la jueza Belki Cedeño-presidenta del Circuito Judicial Penal de la sala 4 de la Corte de Apelaciones- acusó al magistrado suspendido, de haberle ofrecido 500 millones de bolívares a cambio de interceder a favor del empresario Nelson Mezerhane, luego de que fuera imputado como uno de los autores intelectuales del homicidio del fiscal del Ministerio Público, Danilo Ardenson. Por otro lado, los dirigentes del Sindicato Unitario Organizado de Trabajadores de la administración de Justicia (Suontraj), han denunciado ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), que las irregularidades, no sólo sucedieron en Ciudad Lebrún, sino que también, en el estado Táchira aplicaron el mismo operativo, plagado de corruptelas y sobre precios, en materia de compra de inmuebles, para el descongestionamiento físico de las actividades tribunalicias. También y como corolario de tantas irregularidades, el flamante Magistrado, deja deudas Millardarias, que afectan a los trabadores del poder judicial.
Algo huele mal en Dinamarca, y de allí la trascendencia histórica de la decisión del Poder Moral Republicano. De nada le va a servir a éste alto funcionario del poder judicial, dársela del chinito de Recadi o de víctima “del chavismo sin Chávez”, tampoco le servirá su caradurismo y sus faltas de pruebas, con las que pretende enlodar la reputación de sus acusados, y la de los órganos que están saliendo en defensa de la moral administrativa y la ética pública. Luís Alvaray debe responder por sus actos, José Vicente Rangel, no necesita defensa en eso de la moral y la ética publica, por ella a luchado toda la vida; de tal forma, que le toca a éste señor defenderse, no de la decisión que tomará la Asamblea Nacional; sino, ante los tribunales de la República; ya sin el fuero que le da su condición de Magistrado, y veremos entonces hasta donde le llegaran sus bocanadas de improperios. Mientras tanto, aquí en el Zulia algunos juececillos, diputadillos, “lideres revolucionarios” y funcionarios masca chicles y mañosos, deberían de verse en el espejo del Magistrado en desgracia, ya que tarde o temprano, los vamos agarrar con las manos en la masa, y agarren consejo, ya que los delitos por enriquecimiento ilícito y las riquezas súbitas, están claramente tipificado en la Ley Contra la Corrupción, y aquí no prescriben como en el Perú. Además, existen dos cosas que no se pueden esconder: la gripe y la plata, y ese refranero popular, también lo conoce la militancia y el pueblo chavista.
