Un profesor jubilado de la UDO y gran luchador quiere dirigirle unas palabras

Carta al Sr. Presidente

Compatriota Presidente,

Perdone mi atrevimiento de dirigirme a usted por este medio. Pero no encontré otra forma. Me urge hacer llegar mi voz hasta usted, en un gesto casi de desesperación, dada la gravedad de la agresión que sufre desde hace 40 días el Estado y la Nación venezolana. Acudo ante usted para rogarle una explicación, a nombre del pueblo que apoya este hermoso proceso que usted lidera y con el cual me identifico plenamente. A continuación, paso a referirle el motivo de esta misiva.

Desde que la Coordinadora Demoníaca y la pseudoGente de Petróleo inició su ofensiva terrorista para destruir PDVSA y con ella aniquilar el estado venezolano, he venido planteando en la red casi con angustia la tesis de que Usted Sr. Presidente, como Primer Magistrado del país, aplique mano dura y proceda decididamente y sin dilación a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del Estado, la paz y la salud mental de la población. Me he atrevido a sugerir la aplicación de medidas efectivas que están contempladas entre las facultades que le otorga la Constitución Bolivariana para la defensa del Estado y de la Nación. Yo estoy seguro de que usted está consciente de que la impunidad que ha campeado hasta ahora en nuestro país, lo cual sume a nuestro pueblo cada vez más en la desesperación al sentirse desprotegido por la ausencia casi absoluta de un Estado de Derecho. Ese es un clamor nacional que usted ha podido palpar personalmente en sus frecuentes contactos con el pueblo. ¡Justicia! ¡Mano dura!¡No más impunidad!, es lo que pide el Soberano.

Estimado Presidente Chávez, estoy seguro de que usted comparte conmigo el siguiente principio que debe guiar a todo Revolucionario: "El deber sagrado de todo Revolucionario auténtico es hacer la Revolución con el menor costo posible en vidas, en recursos y en tiempo". En atención a ese principio, he tenido la osadía de proponerle a usted que, en el marco de una Suspensión Parcial de las Garantías Constitucionales, ordene la detención preventiva de las siguientes personas, por estar incursas a mi entender, en subversión terrorista: Gustavo Cisneros (Jefe de la Conspiración), Marcel Granier, Alberto Federico Ravell, Omar Camero, Carlos Ortega, Carlos Fernández, Juan Fernández y todos los ex-Gerentes saboteadores de PDVSA. Paralelamente y como medida complementaria indispensable para asfixiar la conspiración, sugiero que revoque las concesiones y confisque los equipos de las siguientes plantas televisoras y emisoras radiales: Globovisión, Venevisión, RCTV, Televen, Unión Radio, Radio Caracas Radio y Cadena Nacional Belfort. De aplicarse estas medidas de manera eficiente, estimo que en menos de 24 horas usted habrá desbaratado de manera definitiva la conspiración y ofensiva terroristas. Dejo esa propuesta para su consideración.

Ahora bien, no puedo dejar de expresarle mi preocupación por la respuesta que usted le ha dado a ese pueblo cuando le pide mano dura. Usted le ha dicho que como hombre respetuoso de la Ley no puede invadir las competencias de los otros órganos del Poder Público, como la Fiscalía y los Tribunales de Justicia, a los cuales les compete en primera instancia la aplicación de las medidas necesarias para enfrentar el terrorismo y las violaciones continuas y repetidas en que vienen incurriendo con descaro y prepotencia las personas mencionadas anteriormente y/o sus medios de comunicación. Eso es cierto. Pero, sin duda usted sabe también que esos entes, llamados a hacer cumplir el Estado de Derecho en primera instancia, hace mucho tiempo que abjuraron de sus obligaciones y más bien mantienen una actitud complaciente y casi cómplice con los poderosos transgresores de la Ley ya mencionados. Usted sabe que en estos momentos en Venezuela no existe el Estado de Derecho porque la Fiscalía y el Poder Judicial renunciaron a cumplir con sus obligaciones. Si dejamos en esos organismos la iniciativa de actuar para detener esta guerra contra nuestra nación, usted y yo nos moriremos sin que se haga justicia. Es verdad que estamos ganando la guerra, pero me temo que si no actuamos ahora mismo con la mayor contundencia y efectividad, lo que tendremos al final será una victoria pírrica y una nación destruida. Entonces, Sr. Presidente, como no existe Estado de Derecho, asuma en sus manos la restauración del Estado de Derecho, sofoque la conspiración y el terrorismo y de esa manera estará cumpliendo con lo que establecen los artículos 232 y 236 de nuestra Constitución Bolivariana. Actuemos como nación soberana que lucha por su sobrevivencia y por su segunda independencia. Las naciones del mundo lo entenderán así.

Por otra parte, estimado Presidente, quiero denunciar lo que considero una consistencia o contradicción grave de la acción del Estado.

Yo entendería perfectamente bien si usted decidiera no acoger mis propuestas, por considerar que cualquier acción legal contra esas personas debe provenir única y exclusivamente de la Fiscalía y de los Tribunales, porque usted respeta los derechos de esos ciudadanos, aunque sean terroristas . Si fuera ésa su decisíón , la comprendería aunque no la comparta. Lo que definitivamente no puedo compartir ni comprender son las actuaciones del Estado Venezolano bajo su digna conducción, en las que se han violado los derechos humanos de dos ciudadanos vascos legalmente residentes en nuestro país. Paso a referirme a estos casos en los cuales ha estrado involucrada directamente la DISIP, bajo la dirección del Teniente Miguel Rodríguez Torres:

El viernes 31 de mayo de 2002, el ciudadano vasco JUAN VÍCTOR GALARZA MENDIOLA fue detenido, sin existir una orden de arresto en Valencia (Estado Carabobo) cuando se encontraba acompañado por su mujer y su hija venezolana de 2 años. Luego de estar detenido en la DISIP en Caracas, donde fue interrogado y amenazado por un funcionario de la Embajada Española, Galarza fue deportado a Madrid al día siguiente y entregado a las autoridades españolas. Esta deportación se hizo ignorando que ya existía un recurso de Hábeas Corpus introducido por la Defensoría del Pueblo ante ante la Juez del Tribunal Sexto de Control, quien lo había admitido. Transcribo al respecto de este caso parte de la nota aparecida en El Nacional el día 03/06/2002:

"El ciudadano vasco Juan Víctor Galarza, luego de ser apresado por la Disip en Valencia, estado Carabobo, fue presuntamente trasladado hacia Madrid, España, sin que sobre él pesara alguna orden de arresto o sentencia de extradición. Marino Alvarado, coordinador del área jurídica de Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, denunció que al ciudadano vasco se le violaron todos sus derechos. “Se trata de un secuestro, cometido por organismos policiales nacionales con coordinación de autoridades españolas”, precisó.....

Explicó Alvarado que al momento de ser apresado, Galarza no estaba cometiendo ningún delito. De igual forma, negó que el ciudadano vasco tuviera problemas con sus papeles y entregó copias del pasaporte español expedido hace 5 años —con vigencia por 10 años— por el Consulado de España en Caracas a Galarza y los documentos de identidad de éste. “No había orden de arresto y no es cierto que había irregularidades en sus papeles. Galarza es un ciudadano español que reside en Venezuela desde hace 13 años”, destacó.
El coordinador jurídico de Provea lamentó que el director de la Disip le mintiera al ministro de la Secretaría y al país. “Él le dijo al ministro Vargas que Juan Víctor Galarza había sido detenido por poseer documentos de identidad con irregularidades, lo cual no es cierto”, por lo que solicitó su destitución."

El siguiente caso de violación de los derechos humanos ocurrió el pasado 16/12/2002. El ciudadano vasco Sebastián Echániz Alkorta, con cédula de residente y pasaporte en regla, fue detenido por la DISIP en Chichirivichi y deportado ese mismo día a España, sin que mediara tampoco orden de arresto ni sentencia de extradición.

Trascribo con respecto a estas flagrantes violaciones de los derechos humanos parte del artículo extraído de Internet : "Un mal precedente para la Revolución Bolivariana" por Isrrael Sotillo:

" El artículo 49 de la Constitución Nacional vigente, contempla un principio fundamental que debe respetar este Estado de derecho: "el debido proceso".... Uno no entiende que estas cosas pasen en un país donde existe un gobierno revolucionario, que le respeta los derechos humanos a militares y civiles golpistas y le niega el derecho a la defensa a un refugiado político".

Yo tampoco lo entiendo, Sr. Presidente, como tampoco entiendo que cuatro humildes Bolivarianos lleven ya meses detenidos por presuntamente haber disparado sus armas permisadas en defensa propia y de los otros Bolivarianos que estaban siendo masacrados en Puente Llaguno por la Policía de Peña el 11 de abril. No puedo comprender cómo estos ciudadanos están presos, en cambio no lo están los policías que aparecen disparando en videos ni sus Jefes (Peña, Simonovis, Henry Vivas) . ¿De verdad, Sr. Presidente, usted cree que disfrutamos de estado de derecho? ¿De verdad, usted cree que todos los ciudadanos de este país somos iguales ante la Ley? O es que hay otros ciudadanos "más iguales" que otros? ¿Por qué los ciudadanos vascos y los defensores de Puente Llaguno no recibieron el mismo trato que los golpistas y terroristas, a quienes no se les toca ni con el pétalo de una rosa? ¿Podemos hablar de Revolución sin Justicia?

Gracias, Sr. Presidente por haber tenido la paciencia y la bondad de leer mis lamentaciones. Pero más le agradecería si usted pudiera brindarle una explicación y una respuesta a ese noble pueblo Bolivariano que espera tanto de usted.

Reciba usted, Sr. Presidente, mis sinceros sentimientos de aprecio y admiración,


Eudes Vera

C.I.Nº 2.231.724
Profesor Jubilado Universidad de Oriente
Celular: 0416-7246082



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Eudes Vera

Ingeniero Electricista, UDO, 1969. Jubilado UDO como Profesor Titular en 1994. Maestrías y Ph.D.en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Pennsylvania (EEUU), Aston y Hatfield, Reino Unido.

 eudesvera3@gmail.com      @eudesve

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