El TSJ: no es nadie para ilegalizar partidos políticos

Cada vez que el TSJ se abroga el derecho de tomar una decisión política echándole tierra a los fundamentos jurídicos del caso, no hace más que echarle un empujoncito al Proceso Bolivariano hacia el  barranco, hacia el abismo para que un día, cualquiera, ruede y ruede y se le entierra la cabeza en un lodo donde nunca más se le permita respirar. Los del Gobierno y los Partidos políticos del Proceso Bolivariano son los que más exigen al TSJ haga justo lo que no debe hacer.

Eso lo saben los propios magistrados; eso lo saben los miembros de la Asamblea Nacional; eso lo saben los miembros de CNE, la Fiscalía, de Defensoría del Pueblo; eso lo saben los ministros del Gobierno, los gobernadores y alcaldes del chavismo; lo sabe el propio Presidente de la República, camarada Nicolás Maduro;   y, además, lo sabemos el conjunto de bolsas o guevones que no tenemos ninguna potestad para tratar de remediar esa anomalía.. En verdad, quisiera que en privado mi querido camarada Malaquías Gil me diera su opinión sincera de lo que estoy opinando. No crean que lo que escribo es piratería o algo que me nace de una reacción sicológica por una afección gripal. No, he tenido conversaciones con camaradas abogados, expertos en derecho, que laboran en el TSJ. Y ellos, tienen la misma preocupación que tenemos la parrando de bolsas que jamás gozaremos de influencia para tratar de orientar a organismos que están demasiado por encima de nosotros.

Los partidos políticos, especialmente de izquierda, tienen sobrados conocimientos de esas realidades. Más de un partido político de izquierda en este país fue, de alguna manera, antes clandestino. Saben los riesgos que se corren cuando su comportamiento no se ajusta a las exigencias establecidas por el Estado, que es quien realmente manda y punto. Nosotros, por ejemplo, cando nos hacíamos llamar El Pueblo en Armas (EPA) estábamos plenamente conscientes que éramos una organización ilegal, al margen de la ley de partidos políticos. Sabíamos que el Gobierno del camarada Chávez estaba en el deber de hacer que entráramos por el aro o a la cárcel... Y punto. Así sucedió y jamás pronunciamos una sola palabra culpando al Gobierno del camarada Chávez por nuestros tropiezos, nuestros errores y desaciertos. El compatriota comandante Reyes Reyes era Gobernador del Estado Lara y dictó la orden de capturarnos. Hoy en día ni una sola queja, ni un solo resquemor, ni una sola palabra de condena a la actuación del camarada Reyes Reyes, Más bien, sentimos por él mucho respeto y mucho afecto y cumplió con su deber y punto.

Sólo dos revoluciones en este mundo ilegalizaron a los partidos políticos opositores. No fue capricho de la dirigencia revolucionaria sino producto de las circunstancias concretas de tiempo y lugar en que se unieron todos los enemigos habidos por haber para derrocarlas tan pronto nacieron y comenzaron a gatear. Fueron la Revolución rusa de octubre de 1917 y la revolución cubana de 1959.

Los camaradas Tupamaros solicitaron al TSJ ilegalizar a Voluntad Popular. Eso, a mi juicio, no es competencia del TSJ como tampoco andar declarando ilegal a todo alcalde, Gobernador o diputado que no caiga bien en los sentimientos políticos de la mayoría no de los magistrados sino de los dirigentes políticos del proceso bolivariano. Nosotros nos arrechamos cuando un adversario hace un buen gobierno. Nosotros queremos que ponga al pueblo a pasar hambre, a vivir la represión, a que no consiga trabajo, a que las mujeres se metan a la prostitución y los jóvenes a la delincuencia. Porque gozamos una y parte de la otra solicitando al TSJ lo declare ilegal, inconstitucional.

Voluntad Popular se ha ilegalizado sola al realizar tanta violencia -especialmente irracional- para tratar de derrocar al Gobierno que preside el camarada Maduro. Es el Gobierno Bolivariano quien no ha querido poner las cartas sobre la mesa y ha dejado correr las aguas fuera y dentro de los cauces normales. Toda la dirigencia de Voluntad Popular debería estar en la cárcel siendo juzgada por adherencia a la rebelión militar. Un solo elemento o indicio: querer derrocar al Gobierno Bolivariano por la vía de la violencia armada. Y esa ilegalización no corresponde decretarla al TSJ sino al propio Gobierno Nacional y punto. Toda revolución, queridos camaradas, que se sustenta en obedecer ciega y fielmente a una Constitución. Si eso lo hace, es revolución -al fin y al cabo- perdida porque  es la Constitución quien debe estar supeditada a las realidades, necesidades y progresos de una revolución. Revisen la Historia de la lucha de clases en este planeta y de sus revoluciones y constituciones Lasalle es un verdadero maestro al respecto. Léanlo.

La misión esencial de una revolución socialista es servir al pueblo y entre sus deberes principales está el de defenderla a capa y espada de aquellos -especialmente- enemigos que quieran derrocarla por la vía de las armas. Con ese enemigo: cero conciliación y lo que vale es la ilegalización del movimiento político que levante las banderas de la rebelión armada contra una revolución. Una revolución no debe buscar sucedáneos para que tomen las medidas políticas que corresponden al Poder Ejecutivo. Es todo. Me disculpan los camaradas magistrados por quienes siento especial respeto y, especialmente, por los que profesan el marxismo.



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Freddy Yépez


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