El debate y la confrontación social y política que vive la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la guerra económica que le ha declarado al pueblo trabajador sectores importantes del comercio y los servicios con la elevación usurera de los precios de bienes y servicios, con el pretexto del control de cambio pero con el deliberado propósito de derrocar el gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, obliga a utilizar todos los medios contra todos todos los que aparezcan involucrados en actividades que atenten contra la economia nacional, sin discriminación ni exclusión de persona alguna en razón de su nacionalidad, opinion política o actividad social, política o económica porque, solo así será posible neutralizar ásta ofensiva criminal contra los intereses del Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia y del pueblo trabajador.
El Primer Constityente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frias, quien redactó el proyecto de la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, refrendada por el voto mayoritario del pueblo soberano el 15 de dociembre de 1999, dibujó la Sección Primera del Capítulo II de la Constitución, relativa a la Nacionalidad, en cuyo capitulado se reivindica los principios republicanos y humanista de los Padres de la Nación que integraron el egregio Congreso Constityente de 1.811 y amplia los aportes civilistas de los Constituyentes que le precedieron, respecto al acceso a la nacionalidad venezolana para los nacidos en América Latina y el Caribe y España, Portugal e Italia; incorporando, por primera vez, la posibilidad jurídica de que los nacionales venezolanos, cualquiera fuese el origen de su nacionalidad, pudieran mantener su nacionalidad original o adquirir la de otro Estado Extranjero, manteniendo su condición venezolana.
Sin embargo; ésta Constitución como “utopia realizable”, inspirada en las ideas de el Libertador Simón Bolívar, el pensador republicano Simon Rodríguez y el General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, se ha visto sometida permanentemente al rechazo, irrespeto y desconocimiento de importantes sectores de la vida nacional que aún hoy, siguen transitando los “atajos" antidemocraticos de la desestabilización y el Golpe de Estado, utilizando para ello todos los medios políticos, económicos, mediáticos y militares que le sean posible, con tal de derrocar al gobierno constitucional del presidente Niocolás Maduro Moros, derogar la Constitución Bolivariana de 1.999, eliminar las conquistas sociales del pueblo venezolano, entregar a los paises imperialistas nuestra riqueza petrolera y minera, restaurando el viejo orden politico, económico y social de la Cuarta República en favor de las elites económicas internas, al servicio de las corporaciones financieras internacionales y de sus gobiernos imperialistas y neocoloniales.
En el marco de esa conducta antinacional y antidemocrática, las autoridades administrativas, policiales y judiciales han probado el destacado papel que vienen jugando diversas corporaciones económicas de la propiedad y gerencia de ciudadanos y ciudadanas de origen extranjero y ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas por naturalización de origen extranjero, con inversions en el sector del comercio y los servicios quienes, en los 15 años de Revolución Bolivariana, pese a todas las medidas persuasivas, disuacivas y de tolerancia del gobierno bolivariano, persisten en su conducta delictiva, resistiéndose a sujetar las opreraciones de sus negocios a las disposiciones de la Constitución y la ley y las decisiones de las autoridades de la Repúblicas; conductas que de haber cometidos en el territorio de sus pa£1ses de origen cualquier extranjero, ademas de las severas medidas penales y civiles, tambien hubien les hubieran revocados su nacionalidad y expulsados de tales territorios.
Sin embargo, es incomprensible que a pesar de tales circunstancias que erosionan la estabilidad de las instituciones del Estado y convulsionan la sociedad, no se conozca que la Administración de Justicia haya sancionado con la revocación de la nacionalidad venezolana por naturalización, a aquellos venezolanos y venezolanas de origen extranjero que, violando su juramento de “…honrar y defender la patria… y proteger los intereses de la Nación.”, “… ejecute, colabore, coadyuve, coopere, participe, incite, exhorte o facilite, directa o indirectamente la realización de actos contrarios a los intereses de cualquier índole de la República Bolivariana..”.
Es menester que en estas circuntancias especiales de la vida de la República, con fundamento en lo dispuesto en la segunda parte del artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto el numeral 1 del artículo 48 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadania del 08 de junio del añ0 2004, abrir juicios de revocatoria o nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le otorgó la nacionalidad a tales ciudadanos y ciudadanas incursos en conductas criminales tales como usura, evasión y elusion de impuesto, contrabando de extracción e ingreso, legitimación y fuga de capitales, fraude cambiario y otros de igual naturaleza y efectos perniciosos para los intereses de la República Bolivariana de Venezuela
No se trata de xenofobia o de poner a los extranjeros y a nuestros connacionales de origen extranjero - la inmensa mayoria de ellos gentes de bien, obedientes a la Constitución y leyes de la República y respetuosos de la autoridad - como los causantes de los actuales males de la Republica pero, los hechos afirman y confirman que al lado de los venezolanos enemigos de la democracia y violadores de la Constitución están un grupo claramente identificado empresarios y gerentes de empresas, de origen extranjero, quienes utilizan su importante presencia en la economía nacional, tanto para favorecer sus miserable propósitos de enriquecimiento ilícito, como para financiar y apoyar la estrategia antidemocrática y anticonstitucional de sus aliados de la oposición y , eso no puede seguirse permitiendo, a riesgo de que Quinta República Bolivariana, chavista, popular, democrática, antimperialista y socialista sea derrotada como en “… aquel aciago año de 1.814…”, (Miguel Acosta Siagnes), fue derrotada la Segunda República de Simón Bolívar.
