¿Después del 5 de marzo 2013, el gobierno es socialista?

La caracterización de la dirección política revolucionaria en la etapa actual guarda relación con la percepción de la ciudadanía respecto al tratamiento dado a los principales asuntos del país, de parte del Gobierno Bolivariano, el PSUV, el GPP y las organizaciones del Poder Popular. Existe corresponsabilidad política entre los diferentes factores que encabezan el proceso bolivariano desde diferentes espacios de la vida nacional, razón por la cual desglosando cada uno de ellos será factible precisar el comportamiento de cada uno.

En lo político, la consulta interna de los partidos políticos del chavismo no fue desarrollada a cabalidad como lo dispone el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que de tal procedimiento deben surgir los candidatos a cargos de elección popular así como los directivos de las organizaciones partidistas. En este plano pudiera plantearse una insuficiente cohesión entre las aspiraciones del Poder Popular que manifestó su anhelo por elecciones libres, universales, directas y por la base; y la resolución de las jefaturas partidistas quienes adoptaron la modalidad de la cooptación.

En este sentido, la doctrina constitucional de la democracia participativa y protagónica fue desaplicada y de allí la importancia que reviste profundizar esfuerzos en los nuevos escenarios de lucha política por demostrar con hechos una determinación más revolucionaria en el contexto del trabajo de masas y la generación de nuevos cuadros directivos. Sin mecanismos  de consulta popular e inclusión en la vanguardia, será difícil consolidar un partido socialista y la historia ha demostrado que al cerrarse los canales democráticos en lo interno, se propicia la decadencia de la institución.

En lo social, el desarrollo del Poder Comunal, como esquema que materializa el ejercicio directo de la soberanía (art. 5 CRBV) se mantiene como tarea pendiente, toda vez, que la conformación de los consejos comunales y las comunas evidencia múltiples falencias. Es así porque mediante reglas democráticas y la libre conquista de voluntades, ha sido imposible extender masivamente el protagonismo revolucionario de las comunidades mediante estas organizaciones comunales. En tal sentido, es oportuno recordar que el poder comunal fue ideado para diseñar y ejercitar (con amplio margen de autonomía) el conjunto de planes, programas y proyectos del Estado Popular así como la implementación de un cogobierno que hasta ahora no se ha logrado en los niveles deseados.

Se aprecia la burocratización de estas organizaciones y su desvío hacia tareas meramente administrativas o economicistas por encima del quehacer político, social e ideológico que engrandezca la base popular bolivariana. En cuanto a la cantidad de consejos comunales y comunas, el censo recientemente celebrado deberá precisar que sectores y regiones requieren de mayor desarrollo comunal y tal medición deberá ser punto de partida para el relanzamiento del Estado Comunal históricamente concebido por el Comandante Hugo Chávez.

En lo económico, la redistribución de la renta petrolera a partir del épico rescate de PDVSA en 2002 y la loable política de inversión social a través de un amplio elenco de misiones y programas de protección social, constituyen un elemento esencial del modelo bolivariano.

La más reciente corrección monetaria de la divisa nacional frente a la estadounidense, el ensayo de no menos de tres diferentes sistema de asignación de dólares con carácter aparentemente complementario a Cadivi, la sensación de un súbito incremento de la carestía de la vida, percepciones de escasez y desabastecimiento alimentario, así como sospechas de inflación, convergen como grupo de factores que hacen pensar que desde el fallecimiento de Hugo Chávez han decaído las políticas proteccionistas a favor de la economía de los sectores populares.

El esfuerzo diálogo público y abierto con el sector privado que se ha ensayado en los últimos meses, pareciera no mostrar efectividad en el sentido de aminorar estos problemas; tan solo el anuncio de una importación masiva de productos alimentarios desde Colombia pudiera considerarse como una medida de emergencia para atender la problemática alimentaria de modo provisional. Hoy más que nunca, construir la soberanía alimentaria venezolana continúa siendo una meta inconclusa del modelo bolivariano.

El inventario de estas variables asociadas a lo político, social y económico debe siempre tomar en cuenta la acción del adversario político de la Revolución Bolivariana, fundamentalmente factores internacionales y nacionales vinculados al gran capital. Desde esa óptica es primordial advertir que la contrarrevolución tiene a proyectar mediáticamente las fallas del burocratismo revolucionario y se afana en hacerlas lucir peor de lo que son. Tal campaña sistemática, permanente y coordinada persigue menoscabar la gobernanza, la estabilidad social y va sumando influencia negativa en función del “voto castigo” contra el Chavismo Post Chávez.

La identidad de la dirección política revolucionaria de hoy debe apegarse al legado histórico del Comandante Hugo Chávez, en su faceta de promotor de la nueva democracia participativa y protagónica como precepto insoslayable del proceso de cambio social en el siglo XXI, habida cuenta del latente peligro de la “involución política” que terminaría desdibujando la identidad de la vanguardia socialista del tiempo presente.

La Revolución Bolivariana debe promover la autonomía del Poder Popular y erradicar las tentaciones que incitan a convertirlo en apéndice del Gobierno Nacional, sólo así podrá crecer su prestigio en el pueblo así como su capacidad de captar nuevos integrantes y aptitud para la vida orgánica que viabiliza el quehacer revolucionario en lo nacional, estadal, municipal, parroquial y comunal.

El Estado Mayor Revolucionario enfrenta el inmenso desafío de transformar la inversión social en un esquema tendiente a la productividad de las fuerzas populares organizadas, pues de lo contrario los fantasmas del asistencialismo y el paternalismo pudieran devorarse al sistema de misiones.

Procurar la productividad popular significa darle sustentabilidad a la nueva economía bolivariana como alternativa frente al capitalismo tradicional, no hacerlo es transformar la inversión en gasto y generar pérdidas a la nación.

El abandono de las fundamentales banderas del proceso ideopolítico vivido durante los últimos 14 años de “Chavismo”, que tantos triunfos le proporcionó al movimiento popular frente a los sectores tradicionalmente explotadores, sería un salto al vacío o lo que es peor a la socialdemocracia moderna que priva de prestigio y base popular perdurable a cientos de gobiernos y liderazgos alternativos en el mundo actual.



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Jesús Silva R.

Doctor en Derecho Constitucional. Abogado penalista. Escritor marxista. Profesor de estudios políticos e internacionales en UCV. http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

 jesussilva2001@gmail.com      @Jesus_Silva_R

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