La Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) cerró siete taquillas en La Rinconada (Caracas), que recibían solicitudes de reserva de nombre de las cooperativas. Las cerró porque el trámite se demoraba mucho y algunos funcionarios comenzaron a cobrar entre ciento cincuenta y doscientos mil bolívares, por lo que llaman “agilizar”. La noticia publicada en Últimas Noticias y reproducida por Aporrea el 6 de agosto, debería causar risa, si no fuese una agria muestra de burocratismo.
Risa porque se trata de una situación tan habitual, que no deja otro recurso. Pero agria, porque el trámite que creo SUNACOOP, durante la administración del superintendente Celis Minguet, es ILEGAL.
Si se lee detenidamente el artículo 10 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, los requisitos para registrar una cooperativa son cuatro y el trámite se hace en la oficina de Registro Público de la localidad. Se decretó así, con la intención de FACILITAR la constitución de cooperativas, como lo REPITE la exposición de motivos de la Ley.
Pero SUNACOOP se empeñó en DIFICULTAR y se agarró de una interpretación perversa del artículo 14, para crear un requisito adicional, violatorio de la Ley Sobre Simplificación de Trámites Administrativos, que además centralizó el trámite en Caracas y produjo el problema burocrático reportado por Últimas Noticias y lógicamente la consabida corrupción.
Desde el 2002 hicimos un reclamo en la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Doctrina nos dio la razón e instó a la Superintendencia a eliminar el requisito, pero no hubo tal. Ahora, no queda otra opción que suponer una intención premeditada de torpedear la avalancha de iniciativas cooperativistas, que fue la respuesta del pueblo bolivariano al llamado del presidente Chávez.
SUNACOOP, en lugar de un organismo de apoyo y fomento del cooperativismo, terminó siendo una traba y una fuente de corrupción. La solución es sencilla y está en la Ley: la reserva de nombre, como requisito para el registro de cooperativas es ilegal y debe eliminarse.
