Cambios en el modelo económico desata ataques al gobierno

El pueblo de Venezuela en ejercicio de su poder creador y originario "mediante el voto libre y en referendo democrático", decidió mayoritariamente constituirse en un Estado "democrático y social de Derecho y de Justicia". De esos objetivos se deriva que el Estado, es decir, el conjunto de instituciones creadas por la sociedad, debe orientarse a cumplir con los fines esenciales señalados en el Artículo 3 de la Constitución Nacional.

Alcanzar esos fines requiere inevitablemente un cambio en el modelo económico.

El predominio de la orientación de la política económica de nuestro país desde su fundación como república independiente, se ha regido por el modelo capitalista, cuyos principios fundamentales son: la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo ajeno. Estos factores permiten la acumulación de la ganancia y la concentración del capital, cada vez en menos manos. Para asegurar la continuidad de ese ciclo, la distribución de los recursos del Estado se realiza entre los empresarios y una burocracia remunerada generosamente en los altos cargos y escasamente para la mayoría de los funcionarios y se propende a la privatización de los servicios públicos.

¿Cuál modelo plantea la Constitución Nacional?

El modelo económico diseñado en la Constitución Nacional que permite alcanzar los fines esenciales del Estados plantea en los Artículos 113, 115 y 118 de los Derechos Económicos, una ampliación y diversificación del derecho de propiedad de los bienes de producción. El Artículo 308 Del Régimen Socioeconómico y la Función del Estado en la Economía propone nuevas formas de relación de trabajo basadas en el cooperativismo, la microempresa, la empresa familiar y "cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular."

El actual gobierno cumpliendo con el mandato constitucional de democratización de la economía establecido en el Artículo 299, destina una parte sustancial del ingreso nacional a la implementación de:
· Las Misiones de Educación, Salud y Formación para el trabajo productivo.
· La formación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno, proporcionado parte de las condiciones materiales y los créditos para su arranque.
· Proyectos presentados por los Alcaldes y Gobernadores y en un futuro cercano, a proyectos elaborados por las propias comunidades.
· Las compras del Estado a cooperativas

¿Cuáles intereses afecta este cambio?

La nueva orientación económica establecida en la Constitución Nacional dirigida a lograr el cambio en el modelo económico afecta los intereses de los "empresarios" que amasaron grandes fortunas a través de los generosos contratos otorgados por el Estado y los del funcionariado meritocrático que devengaba onerosas remuneraciones y premios por avalar los contratos celebrados entre los representantes de los gobiernos de turno y estos "empresarios". Este grupo partidario en su discurso del modelo capitalista y defensores de la libre empresa, no estuvieron de acuerdo con los cambios propuestos en la Constitución Nacional.

¿Cómo reaccionan los afectados?

Los partidarios del modelo capitalista que ven afectados sus intereses por la implementación de las medidas económicas establecidas en la Constitución Nacional, reaccionan desatando feroces campañas de prensa acusando al Gobierno de corrupción y de malgastar los dineros públicos en planes y proyectos que van al fracaso y exigen la destitución de funcionarios. Añorando sus antiguos privilegios, adversan la actual redistribución del ingreso que otorga beneficios a la mayoría de la población anteriormente excluida de los servicios de alimentación, educación, salud.

El compromiso

Alcanzar el mandato constitucional de un sistema de justicia social es una construcción a través de un proceso que debe vencer numerosos escollos, que no depende del Presidente, ni de una persona en particular. Esa construcción es una tarea colectiva que implica asumir la corresponsabilidad, la participación, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Sólo cumpliendo cada uno de los habitantes de Venezuela la cuota que le corresponde en ese proceso de construcción de la justicia social será posible derrotar al sector que no está de acuerdo con el objetivo decidido por las mayorías.


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