Vivienda digna sin salario digno no funciona

Cesta Básica II

  Sorprendentemente, una vivienda digna y propia para el trabajador asalariado, entre otras ventajas tiene la de que logrará a fin de cuentas abaratarles la mano de obra a los patronos burgueses. Una vivienda propia, financiada y subsidiada por el Estado es una manera expedita de garantizarle a los empresarios una minimización de sus costes de producción, sin que necesariamente este efecto pueda impedirles que sigan vendiendo a los mismos precios de antes. Sencillamente, se trata de minimizar costes para maximizar ganancias. Si un abaratamiento de los salarios a futuro se pudiera traducir en menores precios para los habitantes de esas viviendas, entonces se violaría   la “ley de oro de la Economía Burguesa”.

De entrada, las leyes y principios de la Economía Política pueden perfectamente recoger las aplicaciones técnicas presentes en la fabricación de los valores de uso porque la Naturaleza impone sus propias reglas. Como las mercancías son al mismo tiempo valores de cambio, se las lleva al mercado, pero en este rige y se impone el arbitrio humano, cuyas reglas de actuación son creadas por él, pero también reformadas y violadas constantemente. Veamos:

Según la ley de oro de la Economía Burguesa, una forma eficiente de aumentar las ganancias y su correspondiente tasa es reducir los costes de producción y de venta, lo que significa que sus empresarios, además de procurar vender bien caro sus mercancías y hasta especulativamente, buscan operar con un máximo de economías para sus inversiones, principalmente las de capital en salarios y   materias primas. 

Esta ley dice así: Máxima ganancia con mínimos costes. Hay toda una abultada y extensa teoría para lograr su cumplimiento, con muchas demostraciones matemáticas y “demás yerbas aromáticas”. Visto así, literalmente, vemos que su enunciado resulta redundante porque para ganancias constantes siempre existe el recurso de la reducción de costes que, desde luego, va con cargo a la calidad de las mercancías fabricadas con arreglo a dicha ley. Semejantes técnicas de abaratamiento de costes se les llama “organización de empresas”.

Como la idea de fondo es reducir el capital invertido y a este sacarle el mejor provecho, ella es una ley contradictoria para el propio sistema capitalista porque supone un freno a las inversiones, una cuestión que choca abiertamente con la inviolable ley de acumulación de capital que impone ampliación de los mercados de bienes de consumo y de bienes de producción. Cuando rebajamos el capital invertido en esas materias primas por compras de tercera calidad, estamos frenando las ventas de las de primera. Cuando minimizamos los salarios, frenamos la demanda potencial de bienes terminados, cosas así. Esa no puede ser la vía más conveniente al conjunto empresarial. Muy diferente sería esta otra interpretación: Para un determinado capital, una máxima ganancia, y para una ganancia determinada, un mínimo de capital.

Los empresarios tuercen el sentido de dicha ley y siempre están buscando la maximización de sus ingresos, y, en paralelo, la minimización de los egresos. Por ejemplo, hay operaciones productivas comunes a todas las empresas que pueden realizarse con un mínimo de formación técnica y por eso la plantilla de “obreros con salarios mínimos” suele ser   abultada frente a la de los trabajadores “directos” mejor especializados. Las materias primas reúnen características naturales que permiten diversificar la fabricación de mercancías que pueden llevar el mismo nombre y servir para la satisfacción de las mismas necesidades, pero con diferentes grados de calidad: unas son más alimenticias que otras, o más duraderas, o pueden brindar un mayor confort, aunque por supuesto su costo es mayor o menor según dicha calidad. Ante aquella ley, es obvia la escogencia de inversiones en insumos de tercera calidad, y a eso propende todo fabricante, todo comerciante, y así es aplicado el cálculo del salario cuando este es reconocido como el valor (a secas) de la cesta básica.

Por ejemplo, en mercadeo se usa mucho el falaz recurso de las “diferenciación de precios”. Consiste en variar el nombre de la misma mercancía, con su misma calidad, para venderla a un precio    superior sobre la base de que en el mercado burgués los demandantes presentan una amplia gama de poder adquisitivo. Los celulares, los cigarrillos, calzado, automóviles, arroces, panes, hoteles, son ejemplos palpables de esta estafa mercantil solapada en una perversa ley de la que los apologistas de este sistema se enorgullecen de divulgarla y exponerla en sus rimbombantes cátedras de Economía Política.

Cuando la teoría marxista defiende la teoría del valor trabajo, del volumen de las inversiones en horas de uso de la fuerza de trabajo, una valoración estadística o tomando en consideración el volumen de las horas social o globalmente necesarias que serviría de base a la fijación de los precios de las mercancías, lo hace en un plano tal que hace abstracción de esa arbitrariedad mercantil que caracteriza a los fabricantes y comerciantes en general. Prestos a regirse más por aquella ley que por lo que alguna teoría aconseje, si bien reconocen   salarios capaces de cubrir el mantenimiento medio de las familias del trabajador, lo que nunca han estado respetado es la debida calidad de los bienes que la conformen.

Resulta que la clasificación de los salarios en altos, medianos o bajos, sólo sirve para engañar al trabajador, a los mismos sindicalistas y a muchos gobernantes y economistas vulgares. Un salario en sí mismo es una cantidad de dinero que deberá convertirse en bienes útiles propios de la cesta básica. En esta conversión entran en juego los precios de las mercancías, y si estas son altas, medianas o bajas, así ese salario cubrirá mediana, corta o altamente, las necesidades familiares, por  aquello del poder adquisitivo del dinero salarial. Pero hay más. Si los productos son de tercera, el salario puede cubrir las necesidades pero sus beneficios utilitarios serán mínimos. El patrono habrá finalmente minimizado sus inversiones en capital variable y maximizado sus ganancias al mismo tiempo.

Hoy el Estado con sus viviendas dignas unilateralmente estaría contribuyendo a esa finalidad de la empresa privada, si no   muestra más severidad en materia de control de precios y costes justos en el sentido más violatorio de una ley burguesa que garantiza más riqueza privada y más pobreza colectiva.

De manera que el trabajador asalariado ha estado pagado con salarios nominales minimizados hasta por el propio Estado, y con un poder adquisitivo estrangulado por los fabricantes y comerciantes. Aquel maneja todos los años un ajuste salarial basado en el “salario mínimo” establecido por ley extraeconómica, y este salario servirá para inducir los cálculos salariales de toda la plantilla laboral. El patrono se encarga de minimizar su poder adquisitivo. En conjunto, Estado y patrono respetan fielmente la ley de oro que nos ocupa.

Para el cálculo del salario mínimo, para lo cual no se hacen estudios económicos, sino cálculos ligeramente estimados de los precios, de tal manera que mientras más baratos sean más les rinda al trabajador la miseria salarial recibida de patronos amparados por el Estado. Esto explica la permanente pobreza y estresante espera paciente por cada 15 o último o viernes para poder seguir viviendo con una cesta básica medio llena con bienes de    tercera.

Por supuesto, de unos trabajadores alimentados con semejantes criterios es muy poco lo que puede esperarse de él, y por eso, “sabiamente” la burguesía se ha garantizado trabajadores idiotizados, mal alimentados y cuyas fuerzas revolucionarias se hallan frenadas desde las fábricas y mercados, en valor absoluto  y valor  relativo, respectivamente. Poco monto salarial y productos de tercera calidad. Por esta razón todos los ajustes salariales termina enriqueciendo más al capitalista y empobreciendo más  al trabador directo.

07/02/2012 7:15:24

marmac@cantv.net



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Manuel C. Martínez


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