Lenguaje jurídico

En mi vida académica, administrativa, gremial y política, he estado en contacto estrecho con el lenguaje jurídico, por lo que me es fácil descifrarlo, a pesar de no siempre ajustarse al idioma castellano. Comprendo que mucha gente no tenga esta capacidad, aunque pienso que los errores de interpretación se deben también a que no se leen total ni cuidadosamente las decisiones y sentencias. Pero una cosa es el lenguaje jurídico para quienes no son abogados y otra, muy distinta, para fiscales, defensores y jueces. Es por lo tanto absurdo, que un magistrado no entienda el contenido de una sentencia o aclaratoria, cuando se supone preparado para ello. Veamos un caso concreto, en el que está en juego la libertad de una persona. 

Una decisión del TSJ ordena: “la situación jurídica del accionante de autos, procesado en la causa penal con ocasión a la cual surge el acto delatado como lesivo, es la que correspondía al momento inmediatamente anterior al 11 de marzo de 2011, fecha en la que se dictó uno de los pronunciamientos suspendidos por esta Sala”. El juez del caso que debe ejecutar la medida, si es objetivo, entiende que a la persona que está reclamando (accionante), le corresponde estar libre, si estaba libre antes del 11 de marzo, o le toca seguir privado de libertad, si para aquel momento estaba detenido. Si ese juez no procede en consecuencia es porque tiene motivaciones ajenas a la justicia, cosa inadmisible.
 
No puede escudarse el juez en que la sala constitucional del TSJ no puede revocar directamente una privación de libertad, como bien lo señala la propia sala en su aclaratoria. El magistrado debe saber que dicha sala sí puede, y de hecho lo hizo, suspender los efectos de las decisiones tribunalicias que están siendo impugnadas por violación de derechos constitucionales, por lo que, si uno de esos efectos es la privación de libertad, ésta quedaría suspendida de inmediato, para impedir que se siga causando daño al accionante. Esto fue aclarado elegantemente por la Sala Constitucional.
 
Estas delictivas actuaciones judiciales crean gran desconfianza sobre la idoneidad del sistema judicial, al generar una privación ilegítima de libertad contra el beneficiario de una medida del TSJ. La libertad es muy preciada para tratarla de esta manera.
 
 
Últimas Noticias, pp 44, 20-7-2011, Caracas


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Luis Fuenmayor Toro


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