¿Esta de acuerdo el ministro El Aissami?

De acuerdo al director de La Planta, en la carcel mandan los presos:

“La confesión de José Gregorio Hernández”

La confesión del director del Centro de Reeducación Artesanal, JOSE GREGORIO HERNANDEZ, mejor conocido como la “Planta” ( sí se da por cierto lo publicado por Thabata Molina del Nacional) a propósito de la muerte el pasado miércoles 9 de marzo del preso OSWALDO ENRIQUE TOVAR de 27 años de edad y de las heridas graves causadas a dos de sus “escoltas o luceros” JESUS URANGA y MIGUEL VALERY, como consecuencia del estallido de una granada son una prueba inequívoca de que no basta implementar políticas carcelarias progresistas, programas de educación y planes de humanización desde el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia ni la buena voluntad de su titular Tareck el Aissami; mientras tengamos una Directora de Prisiones y directores de Cárceles que en vez de cambiar la realidad cruenta, violenta, miserables y deshumanizada de más de 32 cárceles y penales y de su población reclusa, terminen conviviendo con ese submundo y lo que es más grave aún, reconociendo su ineptitud e incapacidad para enfrentarla con decisión y coraje.

A esa deducción llegó  cuando leo las tristes e infelices declaraciones de HERNANDEZ quien aseguró como primera perla: “ Que lo ocurrido había sido un accidente por la mala manipulación de la granada”, y culmina con una admisión francamente bochornosa e irresponsable, cuando declara: “Los problemas con las armas son cuestiones incontrolables que domina la población penal…”.

Ese lamentable suceso, nada nuevo dentro del panorama carcelario Nacional, afortunadamente no generó más víctimas pese a que la explosión de la granada fragmentaria ocurrió a plena luz del día, cuando se encontraban decenas de mujeres cumpliendo con la visita conyugal que pernotaban con sus familiares presos, modalidad ésta, que no sólo no está permitida por la Ley de Régimen Penitenciario sino que constituye una extraña y laxa facultad de quienes dirigen el sistema carcelario, pese a los riesgos y peligros que ello implica para la seguridad y vida de estas ciudadanas e incluso de sus hijos menores de edad, quienes se han visto involucrados en más de una reyerta carcelaria o en la perversa modalidad del AUTOSECUESTRO FAMILIAR.

Lo afirmado por el locuaz funcionario, podría calificarse de extremadamente “sincero” aunque resulte una verdadera “vergüenza” admitirlo, no sólo porque termina dándole sobradas razones a quienes de “buena fe o no” denuncian desde sus “auspiciadas” ongs la problemática de la VIOLENCIA E INSEGURIDAD CARCELARIA que se vive en Venezuela y que le cuesta la vida anualmente a centenares de presos, sino porque no puede ser admisible y mucho menos tolerable que el Estado por intermedio del Ministerio a quien compete este escabroso tema, renuncie a ejercer su responsabilidad indelegable, ineludible y obligatoria de enfrentar decididamente las mafias carcelarias, integradas no sólo por reclusos liderados por los denominados “PRAM” y sus respectivas “hordas” de seguidores que cumplen con saña y crueldad los designios y ordenes de sus jefes por más inverosímiles que estas parezcan sino por esa casta de funcionarios civiles y militares (GN) indeseables, que no solamente permiten sino que convierten al sistema carcelario en una mercancía cuyos precios y costos operan en una especie de fraudulenta y corrompida sociedad de cómplices, estableciendo una ilegal y miserable “bolsa de valores” donde se cotizan las cosas más inauditas que ser humano pueda imaginarse.

Es decir, dentro de las Cárceles Venezolanas” no impera otra ley que las de los poderosos “PRAM”, armados hasta los dientes con fusiles automáticos, granadas, pistolas de alto calibre que a veces llegan a tener “poder de fuego” superior de quienes ejercen la vigilancia civil adscritos al MRIJ y la Guardia Nacional, responsables de la custodia en la periferias de esos recintos carcelarios y para muestra de esta polémica realidad del “control o poder” ejercido por los presos sobre los recintos carcelarios basta recordar la salvaje y cruenta práctica de cárceles como la de “Uribana”(Falcón) donde los presos a la usanza de los Circos Romanos que lanzaban “gladiadores” hasta matarse unos con otros, resuelven sus rencillas personales a punta de daga, cuchillos o chuzos nada artesanales, sobreviviendo sólo el más fuerte; con los consabidos saldos de presos heridos graves y muertos.

Este tenebroso espectáculo no sólo ocurre ante la “mirada complaciente o sádica” de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad interna y externa dentro de las cárceles sino que los organizadores de las “ejecuciones públicas” se dan el lujo de gravar el criminal espectáculo deprimente y colocarlo en “youtube” para la distracción y disfrute de algunos internautas francamente enfermos.

Tengo entendido, que esas “selectivas y arregladas riñas” conocidas con el remoquete de “COLISEOS” será denunciada por la ong OBSERVATORIO DE PRISIONES que dirige un ex recluso de apellido PRADO, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA para agregarle un expediente más al ESTADO VENEZOLANO y conseguir el clima adecuado para una INTERVENCION EXTRANJERA; objetivo primario que inspira al parecer, a los contumaces denunciantes que se acreditan como defensores de los DDHH y así justifican las “agendas conspirativas” de agencias como USAID, NED y otras no menos oscuras que dan financiamiento abierto a estas ONGs. 

Me temo que en esta materia poco o nada hacemos para que nuestro Estado no sea objeto de denuncias y examen de sus prácticas ante esas instancias judiciales interamericanas, recayendo la responsabilidad compartida no sólo en el Gobierno Nacional a través del Ministerio que tiene la rectoría del asunto penitenciario, sino por la decidía manifiesta de la DEFENSORIA DEL PUEBLO en implementar medidas de protección a los DDHH dentro de las Cárceles, la indiferencia e irresponsabilidad del MINISTERIO PUBLICO en el manejo de su doble facultad de acusar y a su vez determinar la verdad cuando favorezca al reo, y el proverbial retardo procesal del PODER JUDICIAL VENEZOLANO que ha ayudado a que las cárceles se llenen de presos culpables e inocentes en condiciones de hacinamiento dantesco y vergonzante.

El aparente desatino de JOSE GREGORIO HERNANDEZ lo lleva a considerar especulaciones como que la granada fue activada como “una componenda para desestabilizar al Estado” y aun cuando reconoce que el preso muerto trato de alzarse dentro de su pabellón para sustituir el liderazgo de los Pram JOHAN LOPEZ y DELVIS MARTINEZ quienes se fugaron por la puerta principal del penal LA PLANTA el pasado 5 de Febrero, frente a 17 guardias nacionales adscritos al CORE 5, se niega a tratar el tema de la “fuga” de los reos LOPEZ y MARTINEZ bajo el baladí argumento de que esa información era CONFIDENCIAL.

La verdad es que esa cuestionable conducta del director de esa cárcel tiene que ver en mi juicio con la errática conducción de la Directora Nacional de Prisiones, a quien le he escuchado en más de una ocasión opiniones sobre las recurrentes crisis carcelarias que no se apartan mucho de la actitud absurda de su subalterno funcionario, y que demuestra que ella, posee un supino criterio penitenciario y de formación humanitaria mínima para manejar tan delicado sistema nacional.

Con un saldo como el que muestra esa alta funcionaria, habría sido razón suficiente para prescindir de sus servicios y el de sus principales colaboradores.

Si la memoria no me falla, creo haber escuchado en vida al extinto gobernador del Estado Guárico WILLIAN LARA en su acostumbrado programa de radio trasmitido desde la FM 91.3, acusar a un coronel ( r ) de la Guardia Nacional que ejercía la dirección de la cárcel PGV de propiciar dentro de ese penal unas MAFIAS CARCELARIAS desde cuyo recinto se planeaban y ejecutaban acciones precisas para “secuestrar y cobrar sumas milmillonarias” en perjuicios de conocidos empresarios Guariqueños, Aragueños y de otras regiones circunvecinas.

El gobernador LARA, se cansó de pedirle la pronta “INTERVENCION E INVESTIGACION” a la mencionada autoridad carcelaria de la PGV, ofreciéndoles las pruebas que su equipo policial de inteligencia había logrado contra altos funcionarios bajo su responsabilidad, y tuvo que sobrevenirle lamentablemente su infausta muerte, para que meses después el alto oficial juntos o otros militares de la Guardia Nacional y más de una docena de empleados civiles dependientes del Ministerio, se le comprobase su responsabilidad directa de haber cobrado una fuerte suma de dinero por la fuga de dos peligrosos presos PRAM de esa Cárcel, siendo “suspendidos”, supongo destituidos y finalmente enjuiciados por lo que ex mandatario denunció en repetidas ocasiones.

¿Uno se pregunta cuál fue el perfil, los méritos y la pericia para escoger a funcionarios como HERNANDEZ para calificar a un cargo de tamaña responsabilidad y de donde vino la orden para su designación?

Asumir que ni la DIRECCION NACIONAL DE CARCELES como órgano rector del asunto penitenciario y adscrito al MRIJ ni el componente de las FFAA guardia nacional puedan impedir, controlar y en su defecto decomisar y sancionar el TRAFICO DE ARMAS, o el de otros elementos como la DROGA dentro de las cárceles, y por tanto, no pueda evitar el estado de anarquía y violencia que permite con absoluta IMPUNIDAD que los presos se maten entre si, arriesguen las vidas de sus familiares que con mucho sacrificio les visitan, es admitir que en materia de CARCELES NO EXISTE LA AUTORIDAD DEL ESTADO NI DE LA LEY y que dentro de esos recintos quienes mandan son los PRESOS.

Me temo, que así como el Gobierno con un calificado equipo intervino el tema crucial para la SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO de la sociedad venezolana, creando una POLICIA NACIONAL con un perfil frontalmente distinto a la POLICIA METROPOLITANA nido de recurrentes delitos, corrupción y desafueros a los DERECHOS HUMANOS; decidiendo su necesaria intervención, así mismo debe concebirse como un tema urgente para solucionar la PROBLEMÁTICA PENITENCIARIA su reconducción y reformulación bajo los estandares Internacionales dictados desde las NACIONES UNIDAS y con las aplicaciones de nuestras propias visiones y doctrina Nacional de modo de modificar esta situación VERGONZOSA de nuestras CARCELES para una sociedad que se proponga ser socialista y humanitaria.

Como siempre he dicho a propósito de los objetivos del Gobierno Nacional de brindarnos a toda la ciudadanía el derecho de vivir bajo una sociedad donde impere la SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO, nada lograremos alcanzar para la población general por mucha voluntad que tengamos sino no somos capaces de reducir y exterminar de los recintos carcelarios LA VIOLENCIA, EL CONSUMO DE DROGAS, LA INSEGURIDAD INTERNA Y EL TRAFICO DE ARMAS a pesar de ser espacios cerrados, protegidos y custodiados interna y externamente por funcionarios investidos de autoridad civil y militar.

(*) Abogado y Presidente de FENADDEH Secretario General de la AAJ Capitulo Venezuela

nachorr18@hotmail.com



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Ignacio Ramírez Romero (*)


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