En el artículo “La crisis colombo-venezolana y los efectos del Plan
Colombia” comentaba que la administración americana había aprovechado el
impasse entre Caracas y Bogotá para seguir avanzando en su campaña
internacional contra el gobierno legítimo de Venezuela, pues es bien sabido
que las autoridades de la Casa Blanca pretenden desprestigiar e aislar a
nuestro país. Esa campaña, ante la cual debemos estar atentos, continúa su
avance. En efecto, este martes 18 de enero, en el inicio de las audiencias
para su confirmación como Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, la hasta
ahora Consejera de Seguridad del presidente George W. Bush, acusó al
gobierno venezolano de inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia. Esta
acusación la hizo al referirse al caso Granda. También declaró sentirse
preocupada por la relación entre el presidente Chávez y el líder cubano
Fidel Castro. En resumen, al afirmar que su país no podía permanecer
indiferente ante “las dificultades que el gobierno (de Venezuela) causaba a
sus vecinos y su estrecha asociación con Fidel Castro”, Rice preparó el
terreno para justificar una posible aplicación de la Carta Democrática
Interamericana contra Venezuela. La futura Secretaria de Estado, tan
criticada por su postura en favor de la guerra en Irak, afirmó que su
Ministerio debía garantizar que los países firmantes de la Carta la
cumpliesen.
Al hacer estas declaraciones, la Consejera de Seguridad de la administración
americana ha minimizado y desvirtuado varios principios fundamentales que
rigen la Comunidad Internacional, y que son aceptados por todos los países
del mundo libre:
1. Se irrespeta el principio de la autodeterminación de los pueblos. El
gobierno de Venezuela, tan legítimo como el de los Estados Unidos, tiene el
derecho de establecer y profundizar sus relaciones con el o los países que
desee. En consecuencia, el gobierno de Caracas no tiene que someter a la
consideración de ningún país del mundo sus relaciones exteriores. Venezuela
tiene entonces el derecho legítimo de mantener relaciones con Cuba, país que
independientemente de su sistema político pertenece a la Comunidad
latinoamericana y caribeña, sin que para ello requiera la venia de otros
Estados.
2. Se vulnera el principio de la igualdad de los Estados. Ningún país del
mundo puede escudarse en su condición de potencia para colocarse por encima
de los demás países, juzgarlos y pretender que estos últimos sigan sus
directrices. Todos los países tienen el derecho y la obligación de actuar en
favor de los intereses propios, del bienestar de su Nación. En nuestra era,
las relaciones de vasallaje ya no tienen cabida.
3. Se obvia el principio de la no interferencia en los asuntos internos de
los Estados. La crisis que afecta las relaciones entre Colombia y Venezuela
es estrictamente competencia de estos dos países. Los demás Estados pueden,
si se les solicita, mediar para que se produzca una pronta solución de la
crisis, siempre y cuando manifiesten ser imparciales. Al afirmar que
Venezuela crea dificultades a sus vecinos, Condoleezza Rice no sólo busca
crear discordia entre Caracas y Bogotá, entre los pueblos de ambos países,
sino también se inmiscuye en un asunto que no atañe a los Estados Unidos.
Vale la pena preguntarse quién interfiere entonces en los asuntos internos
de los Estados. Los gobiernos de los países vecinos nunca han acusado a
nuestro país de ser “fuente de dificultades”, y sería irresponsable afirmar
que dichos gobiernos hayan concedido a la administración americana el
derecho de expresarse en su nombre, de ser su portavoz.
¿Quién vulnera la Carta Democrática Interamericana?
Venezuela no vulnera la Carta Democrática Interamericana. Por consiguiente,
ningún Estado puede invocarla para condenar o sancionar al gobierno
venezolano. En todo caso, la Carta podría ser invocada para reconocer los
logros que en materia de educación, por ejemplo, ha alcanzado el gobierno
nacional. Si tomamos en cuenta que el artículo 16 de dicha Carta hace de la
educación la “clave para (…) promover el desarrollo del potencial humano y
el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los
pueblos”, vemos que la puesta en marcha de las misiones Robinson, Ribas, y
Sucre, no ha hecho más que honrar ese artículo 16 que señala que “(…) es
esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos (…)”.
Sin embargo, pareciera que es difícil determinar en qué situaciones se debe
o se puede exigir el respeto de la Carta Democrática Interamericana. Este
instrumento jurídico hemisférico insiste en “la defensa de la democracia en
los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales”. En
abril del 2002, un golpe de Estado quebrantó temporalmente el orden
constitucional legítimamente establecido en Venezuela. En esta oportunidad,
la Casa Blanca, curiosamente, no garantizó ni exigió el cumplimiento de la
Carta Democrática para que se restituyera a Hugo Chávez en sus funciones de
Presidente Constitucional de Venezuela. En consecuencia, las declaraciones
dadas por Condoleezza Rice, pueden considerarse como la viva expresión de
una gran contradicción.
(*)Doctor en Relaciones Internacionales
afleca@yahoo.fr
