Polarización y lucha de clases

En clara consonancia con el criterio que categóricamente hemos sostenido en reflexiones anteriores, sobre el carácter estratégico de la campaña gubernamental de adquisición forzosa de medios de producción provenientes del sector privado, y que su formalización como medios de utilidad pública e interés social constituye la concreción material de la política de robustecimiento de lo que el primer mandatario en innumerables veces ha denominado la polarización, donde se establece la diferenciación de un sector revolucionario contrapuesto a otro de orden tradicional conservador; se ha suscitado un nuevo anuncio del Presidente en su habitual programa dominical (19/12/10), en esta ocasión informando sobre la expropiación de Aluminios de Venezuela y Sanitarios Maracay, a quienes se les señala por violación de leyes laborales; así como la expropiación de 21.700 m2 de terrenos en La Urbina, donde se construirán edificios para 500 apartamentos.

En este contexto ideológico, político y económico, el Jefe del Estado ha manifestado que se trata de "empresas quebradas por el capitalismo", poco antes de firmar los documentos de expropiación; lo cual nuevamente aviva a las fuerzas oposicionistas en su consuetudinaria descalificación de estas medidas, levantando las banderas de una supuesta conculcación del Derecho a la propiedad privada y la libre empresa, a lo cual añaden más recientemente las matrices de vulneración a la estabilidad laboral de los trabajadores y grave afectación de la productividad económica que desembocará en un inminente cese de dicha actividad por cuanto se cataloga al Ejecutivo Nacional como pésimo gerente.

De lo anterior se desprende que esta confrontación ideopolítica entre propiedad pública y propiedad empresarial privada, proseguirá y se agravará en fechas venideras con las nuevas unidades productivas que se adquieran forzosamente; resultando imperioso subrayar que la obtención de un saldo político y económico favorables al Gobierno Bolivariano por concepto de estas medidas dependerá de la conducción eficiente que se aplique sobre estos componentes de la industrias y evidentemente, con el apoyo de una política comunicacional dinámica y precisa que haga explícito ante la ciudadanía los éxitos de esta revolucionaria gestión.

Semejantes controversias en el plano mediático se han generado con motivo a la situación de los latifundios intervenidos por la autoridad pública nacional en Santa Bárbara del Zulia, pues ante la presencia del Ejército y la Fuerza Armada para salvaguardar la vida de los productores, del pueblo y de los trabajadores; factores del empresariado agroproductivo regional en conjunción con voceros políticos oposicionistas, pretenden presentar el caso como un grave atropello del Gobierno Nacional, que actúa al margen de la legalidad.

Frente a las premencionadas contingencias, luce conveniente articular e implementar con orden y celeridad las políticas necesarias para el cese de protestas laborales (y campesinas en Santa Bárbara) que el adversario oposicionista ha aprovechado insistentemente en los últimos meses, así como profundizar las tareas de control y seguimiento al funcionamiento de estas empresas de modo que se sostenga la productividad en la cadena económica y así impedir la aparición de matrices contrarrevolucionarias que hacen creer sobre la presunta escasez de los productos que anteriormente emanaban con regularidad bajo la gestión industrial privada.


(*) Constitucionalista y Penalista. Profesor Universitario.


jesussilva2001@cantv.net


http://jesusmanuelsilva.blogspot.com


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Jesús Silva R.

Doctor en Derecho Constitucional. Abogado penalista. Escritor marxista. Profesor de estudios políticos e internacionales en UCV. http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

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