20-06-25.-La organización de derechos humanos Fundación El Amparo anunció que presentará una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como contra otros integrantes de su cadena de mando, a quienes acusa de estar implicados en la deportación arbitraria de más de 200 ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a territorio salvadoreño, bajo señalamientos de presunta vinculación con el grupo criminal ‘Tren de Aragua‘.

El anuncio fue realizado por el presidente de la fundación, Walter Márquez, durante una rueda de prensa virtual. “Recurriremos a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por la responsabilidad personal de Bukele y la cadena de mando responsable de esas detenciones arbitrarias”, expresó el exdiputado y defensor de derechos humanos.

Solicitan medidas cautelares a la Cidh
Además de acudir ante la CPI, Márquez indicó que también presentarán una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con el propósito de obtener medidas cautelares en favor de los venezolanos deportados el pasado mes de marzo. Según explicó, la intención es que el organismo interamericano inste a El Salvador a respetar el debido proceso y a considerar la “inmediata libertad” de los migrantes que permanecen detenidos.

Márquez denunció que varios de los venezolanos enviados a la Cárcel de Máxima Seguridad Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) han sido víctimas de maltratos. Por esta razón, exigió que las autoridades salvadoreñas inicien una investigación de oficio para determinar las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra.

Sin acceso, sin juicio, sin respuestas
La semana pasada, Márquez viajó a El Salvador junto a un grupo de familiares de los detenidos con la esperanza de poder visitarlos. No obstante, narró que no se les permitió ningún contacto con los reclusos.

“Pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados, incomunicados, sin ningún juicio en El Salvador, donde no han cometido ningún delito, sin ninguna claridad de su futuro legal”, denunció.

El activista agregó que se han introducido diversos habeas corpus de forma individual para los venezolanos retenidos, pero hasta el momento no han obtenido respuesta, a pesar de que se trata de un procedimiento que, según la ley salvadoreña, debería ser “expedito y rápido”.

“Nosotros fuimos a agotar la vía interna, ya se han introducido varios habeas corpus individualizados, para varios de ellos, y hasta ahora, a pesar de que debe ser un procedimiento expedito, rápido, no tenemos respuestas”, puntualizó.

La ONU advierte sobre posible desaparición forzada
En mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) advirtió que este grupo de venezolanos podría encontrarse en una situación de desaparición forzada en El Salvador, debido a la “completa incertidumbre” que rodea su paradero y condiciones de detención.

La portavoz del organismo, Liz Throssell, explicó que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han divulgado listados oficiales de las personas deportadas, lo que agrava la falta de transparencia en torno a su situación jurídica. “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listados oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara”, afirmó Throssell.

Hasta ahora, Washington y San Salvador no han emitido pronunciamientos públicos que aclaren el destino de los venezolanos deportados, quienes continúan sin acceso a defensa legal ni al contacto con sus familias. La denuncia de la Fundación El Amparo busca sentar responsabilidad internacional por estas actuaciones, que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.