Este 31 de marzo, estaban en el tribunal Rodney Álvarez, trasladado desde la cárcel de El Rodeo II, sus abogados defensores, y Regino Antonio Cova, fiscal noveno nacional, una vez más, para celebrar la audiencia final del juicio. Sin embargo, la audiencia nunca inició porque el fiscal, a quien corresponde la actuación para dar inicio, nunca dio el paso, al igual que la vez anterior. Finalmente, avanzada la tarde, el fiscal Cova se retiró sin explicación, pasada una hora de eso la secretaria del tribunal le informa a la defensa que la audiencia quedaba nuevamente suspendida, así sin más, para el 07 de abril.
“Es la tercera vez que se suspende esta audiencia”, señaló Luis Aguilera, abogado del trabajador ferrominero, al salir del tribunal, claramente incomodado por la nueva burla y el nivel de arbitrariedad e ilegalidad en que incluye el gobierno, con total normalidad. “Es muy grande el nivel de indefensión en el que estamos”, reflexiona Aguilera, conversando con varias de las personas solidarias que esperaban en las afueras del Palacio de Justicia.
Como es sabido, Rodney Álvarez es un obrero de Ferrominera del Orinoco que está preso desde mediados de 2011, acusado de un crimen cuyo principal sospechoso es, en realidad, un miembro de la burocracia sindical del PSUV, ligado entonces al general Rangel Gómez, gobernador en esas fechas del estado Bolívar, y actualmente radicado con su familia en México, disfrutando los frutos de la corrupción.
Rodney formaba parte de un sector sindical que disputaba la dirección del sindicato con las corrientes de la “Fuerza Bolivariana de Trabajadores” (FBT), patronales y encompinchados tanto con la gerencia de la empresa como con el gobierno regional y nacional: el 09 de junio de 2011, en una asamblea para definir la comisión electoral de las venideras elecciones sindicales, Héctor Maicán, del sector patronal, sacó un arma y efectuó disparos, el obrero Renny Rojas resultó herido y murió; a Maicán lo detiene la GNB intentando huir de la fábrica, las cámaras de seguridad y fotografías lo muestran con el arma, la bala en el cuerpo de Rojas coincide con su arma, la fiscalía anuncia que Maicán esté detenido como presunto responsable.
Sin embargo, dos días después, luego de las movidas de influencias por parte del gobierno regional –y presumiblemente también del nacional, dada la importancia siempre para el gobierno central de lo que ocurra en y con las empresas básicas–, Maicán fue puesto en libertad, se “desapareció” el acta policial donde se habían iniciado las investigaciones y que contenía los primeros elementos sobre el caso, y detienen a Rodney Álvarez.
Desde ese junio de 2011, Álvarez pasó 10 años encarcelado sin sentencia, con un retardo procesal eterno, puesto que no conseguían testigos ni fabricar pruebas que sostuvieran la falsa acusación.
En el gobierno nacional, ejerciendo su control sobre los tribunales, se mantuvieron saboteando el juicio constantemente, mediante acciones como la suspensión reiterada de numerosas audiencias, el no traslado de Rodney a los tribunales, o directamente la destitución de los jueces cuando se llegaba a la parte conclusiva del juicio, obligando más de una vez a reiniciar el juicio desde cero.
Así lo tuvieron 10 años, que se dice rápido, pero es una eternidad, hasta que en julio del año pasado, luego de quedar expuestos de manera flagrante en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por mantener en esas condiciones a un trabajador, prácticamente secuestrado por el Estado, se sacaron por fin, ahora sí, una sentencia de debajo de la manga, una sentencia express, y a la semana fue condenado de manera infame a 15 años de prisión.
La sentencia infame no tenía ningún fundamento, fue repudiada por un importante arco de organizaciones sindicales, de la izquierda y fue apelada por la defensa. Era tan burda que al sistema judicial, aun con lo subordinado que está a los deseos del Gobierno Nacional, tuvo que aceptar la apelación y la sentencia fue anulada.
Es tan viciado todo este proceso contra Rodney Álvarez, que la única “prueba” presentada por la fiscalía para soportar aquella condena, fue sustraída del expediente y cambiada por otra, de cara a este nuevo juicio que se le abrió. Es decir, forjaron el expediente para modificar la prueba, lo cual fue detectado por la defensa y solicitó la anulación de la misma, no quedándole otra alternativa a la jueza que decidir la anulación.
Así las cosas, la única “prueba” que supuestamente incriminaba a Rodney no existe ya, está anulada. En esas condiciones, la defensa ha sabido que el fiscal a cargo, Regino Cova, contempla desistir de la acusación, y es la conclusión elementalmente lógica que se espera, es además lo que corresponde legalmente: que en la audiencia final la fiscalía accione el desistimiento de la acusación, con lo cual Rodney Álvarez debe quedar en libertad.
Sin embargo, la decisión política aún no llega. Esa es la conclusión que extrae la defensa, pues no hay otra explicación al hecho de que se siga postergando una y otra vez la audiencia final, aun estando presente en los tribunales el acusado, la fiscalía, la defensa y la jueza. Sin explicación alguna, se sigue posponiendo la celebración de esta audiencia final.
Las organizaciones y activistas solidarios con la causa de Rodney Álvarez y demás trabajadores presos (como Francia Mata, Eudis Girot, Guillermo González, Derbys Rodríguez, Guillermo Zárraga, etc.) o en casa por cárcel (Alfredo Chirinos, Aryenis Torrealba, Marcos Sabariego, entre otros), rechazan esta nueva afrenta y llaman a seguir denunciando y movilizándose hasta lograr la libertad de Rodney Álavez y todos los trabajadores presos por luchar, exigir derechos o denunciar la corrupción.
