El sábado pasado, en el diario El Universal, el dirigente opositor Leopoldo Puchi escribió un artículo con unas propuestas, que a nuestro juicio sería interesante analizar.

En sus apreciaciones, Puchi señala que con posterioridad a la incursión armada estadounidense que devino en el secuestro del ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y dela Primera Combatiente, diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, Marco Rubio anunció que el plan de intervención continuaría en tres fases: estabilización, recuperación y transición.

Suena duro expresarlo, pero alguien tiene que hacerlo. Hemos señalado responsablemente que los gringos no van a parar hasta acabar con el chavismo como comunidad política, social y hasta espiritual. Pero también como un buen amigo nos ha señalado en algunas conversaciones que hemos tenido y que también constituyen a nuestro parecer, una verdad de Perogrullo: "No puedes pretender pasear a un elefante en una cristalería y que no se rompan algunos vidrios…"

Pero, tal y como lo señala Puchi en su escrito, lejos de tratarse de una improvisación posterior a la incursión, los manuales estratégicos estadounidenses y, en particular el JP 3.07 Stability, conciben la post intervención como un proceso planificado con antelación.

De ahí y como nos lo expresó un buen camarada, no solo la incursión militar estadounidense en sí sino el proceso posterior que hemos estado viviendo insinúan la existencia de un plan previo y muy bien planificado que se viene ejecutando con la precisión de un reloj suizo, pero eso será tema para posteriores análisis que seguramente aparecerán en ediciones posteriores a esta columna.

Bajo el enfoque del manual que cita Puchi, la estabilización planteada por los gringos busca articular gobernanza, seguridad, justicia, asistencia humanitaria y reconstrucción sin un calendario rígido predeterminado.

Por distintas razones y lecturas políticas, estas fases han sido internalizadas como marco de referencia —al menos en términos generales— por diversos factores políticos y actores institucionales del país, aunque persisten divergencias sobre ritmos, fechas y prioridades.

En un contexto de fragilidad económica y tensiones acumuladas, la estabilización aparece como el punto de mayor convergencia, aun cuando no se haya precisado con claridad su contenido operativo ni sus plazos.

Puchi sostiene que junto al conflicto político interno, Venezuela enfrenta un conflicto de naturaleza geopolítica, derivado del interés de Estados Unidos en condicionar las decisiones estratégicas del Estado y ejercer control del petróleo y minerales raros.

Este plano del conflicto, lejos de ser secundario, constituye un terreno fundamental donde es posible articular consensos internos, no desde la afinidad ideológica, sino desde la defensa de intereses nacionales compartidos. Y en esto coincidimos totalmente con él, a pesar de ser, y esto es bueno dejarlo claro, adversarios políticos.

Ese esfuerzo de unidad nacional no puede posponerse ni depender de una espera pasiva mientras se acumulan riesgos estratégicos.

La acción debe iniciarse desde ahora, incluso si los objetivos se alcanzan a corto, mediano o largo plazo.

Se trata de reconocer la realidad de la situación, generar conciencia de la delicada coyuntura que enfrenta el país y establecer un marco de actuación común que permita contener los daños antes de que se consoliden.

Cada actor, desde su ámbito —los ciudadanos en su vida cotidiana; el Gobierno y la oposición en el terreno político; los funcionarios en sus responsabilidades institucionales; empresarios, estudiantes y trabajadores— puede contribuir a una acción común orientada a frenar las iniciativas de Washington que intentan transformar al país en un protectorado de facto.

El escenario actual permite pensar en un consenso orientado a preservar espacios esenciales de soberanía.

No se trata de suspender el conflicto político interno, sino de definir un terreno común frente a amenazas estratégicas que afectan a la nación en su conjunto.

En ese marco, pueden identificarse diversos aspectos susceptibles de conformar un acuerdo transversal y servir de base para un programa de unidad nacional, articulado en al menos doce puntos. Y los cuales serían los siguientes:

1. Condena del secuestro del jefe de Estado venezolano. Más allá de las disputas internas, el secuestro del presidente por fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional constituye una violación de la soberanía y es contrario al principio de inmunidad soberana.

2. Levantamiento integral de las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela. Las sanciones, aun flexibilizadas, mantienen un esquema de decisión desde el extranjero sobre quién puede invertir y operar productivamente en el país.

3. Fin del bloqueo y del cerco marítimo que impide el transporte del petróleo venezolano. Las operaciones de interdicción naval ejercidas por fuerzas militares estadounidenses continúan todavía hoy condicionando la libertad de navegación.

4. Cese de la administración fiduciaria por parte de Estados Unidos de los ingresos petroleros. La gestión por instancias estadounidenses de regalías e impuestos petroleros venezolanos resulta incompatible con la soberanía nacional y compromete la recuperación económica.

5. Recuperación del derecho de Venezuela y de su principal empresa energética, Pdvsa, a comercializar directamente sus hidrocarburos.

6. Suspensión de la anunciada presencia de una misión permanente de la CIA. La experiencia de estos despliegues en América Latina ha estado asociada a prácticas de injerencia y desestabilización.

7. Respeto del derecho de Venezuela a definir de forma autónoma su política exterior, de defensa y de seguridad. Esto incluye la facultad de establecer acuerdos con distintos países, incluidos China, Rusia, Irán y Cuba.

8. Desmilitarización del Caribe, cierre de la base en Trinidad y Tobago y defensa del principio de no intervención en América Latina.

9. Ejercicio pleno de la libertad comercio exterior: Venezuela no puede estar obligada a adquirir bienes y servicios de un país en particular.

10. Protección integral de Pdvsa y de su administración, como activo estratégico de la nación.

11. Respaldo a las iniciativas del Gobierno nacional y poderes públicos orientadas a detener acciones contrarias a la soberanía nacional.

12. Planteamiento sobre reparación por parte de Estados Unidos. Más allá de su viabilidad inmediata, este reclamo inscribe la agresión militar en el marco del derecho internacional y establece responsabilidades.

La propuesta de Puchi además de ser valiente al plantearla en este momento, nos parece acertada como un primer papel de trabajo para construir un movimiento de recuperación de nuestra soberanía y autodeterminación en este complejo momento. En virtud de lo cual, creemos que nuestro deber revolucionario es ir construyendo grupos de opinión con los que podamos ir acumulando y articulando fuerza y más allá de las organizaciones partidistas que apunten a un gran frente amplio pro soberanía. Nos parece que sería una buena iniciativa para salir del marasmo en el que nos encontramos en estos momentos.

Por ello, apoyamos esta propuesta de Leopoldo Puchi

¡Bolívar y Chávez Viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

¡Leales siempre: Traidores Nunca!