Entre los calificativos más comunes empleados para definir, no solo a los opositores de la mal llamada revolución bolivariana, sino a todo aquel que criticase cualquier aspecto de las erradas políticas gubernamentales, se encontraban "lacayos del imperio", "cachorros del imperio", "asalariados de la CIA" o el conocido "pitiyanqui". Estos términos no solo funcionaron como etiquetas descalificadoras, sino como herramientas de control político y simbólico, destinadas a clausurar el debate y a reducir cualquier crítica por aquello de una supuesta traición a la patria.
Constantemente, desde las altas esferas del poder político en Venezuela, se aseguró que la oposición venezolana no tomaba decisión alguna sin consultar a sus "amos" de Washington. Desde la época de Hugo Chávez, el discurso antiestadounidense se hizo algo frecuente y estructural dentro del relato oficial. ¿Recuerdan frases como "huele a azufre" o "¡váyanse al caraj… yanquis de mier…!", expresadas por Chávez? Esa retórica sirvió para dividir —de acuerdo con la ideología imperante— a "patriotas" y "apátridas", siendo los primeros quienes simpatizaban con el chavismo y los segundos tanto opositores como chavistas críticos. En la práctica, esta narrativa permitió justificar persecuciones políticas y estigmatizar a la disidencia.
Luego de la acción militar realizada por los Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, parece que la cúpula gobernante ha preferido pasar del antiimperialismo más radical a un servilismo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Lo que durante años fue presentado como una confrontación irreconciliable con el "imperio" parece haberse transformado, de manera abrupta, en una relación de subordinación pragmática, dictada más por la necesidad de supervivencia política que por convicciones ideológicas.
Por los momentos, la presidenta (e), Delcy Rodríguez, hace malabares para mostrar una postura de cierta independencia por parte del gobierno, sin embargo, resulta evidente que en el Palacio de Miraflores se están acatando las decisiones emanadas desde la Casa Blanca. Por ejemplo, hace algunos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que se haría una gran inversión para recuperar el sistema eléctrico venezolano y, al día siguiente, Delcy Rodríguez formuló el mismo anuncio. Este paralelismo discursivo no solo evidencia una coordinación política inédita, sino que contrasta de forma brutal con años de acusaciones contra cualquiera que insinuara algún tipo de cooperación con Washington.
Otro aspecto que resulta difícil de asimilar es la junta entre el director de la CIA, John Radcliffe, y la "renovada" élite política venezolana. Es complicado explicar a las bases del chavismo-madurismo cómo, a pocos días de una operación militar como la del 3 de enero, tanto la presidenta encargada como otros dirigentes venezolanos se reúnen con la persona que lideró las labores de inteligencia que permitieron a las Fuerzas Armadas de la mayor potencia del mundo penetrar las defensas antiaéreas, neutralizar sistemas de comunicación y conocer la localización exacta de Maduro y Flores. ¿Imaginan la reacción del aparato de propaganda gubernamental si el encuentro con el director de la CIA lo hubiese hecho un dirigente opositor? Muy probablemente habría sido acusado de traición a la patria y sometido al escarnio público.
Otro lineamiento que ha sido acatado por las autoridades nacionales está relacionado con la liberación de los prisioneros políticos. Desde Washington se dio la orden y, a pesar de que esta se lleva a cabo con lentitud, las excarcelaciones se han venido realizando. Resulta paradójico que un gobierno que negó durante años la existencia misma de presos políticos, hoy los libere no por convicción democrática, sino como respuesta a una exigencia externa.
Sin embargo, tal vez la más clara muestra de subordinación a los designios del Tío Sam está en el manejo de la industria petrolera. Donald Trump no solo anunció inversiones de cientos de miles de millones de dólares en Venezuela por parte de corporaciones energéticas, sino que determinó que los recursos derivados de la comercialización del crudo serían manejados o, al menos, supervisados por los Estados Unidos. Incluso, las importaciones que requiera hacer Venezuela para satisfacer las demandas alimentarias o sanitarias deberán ser realizadas en la nación norteamericana. Este esquema recuerda a los viejos modelos de enclave y dependencia económica que el chavismo decía combatir. Quizás, desde los tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez, no se veía un tutelaje tan evidente.
Sin lugar a dudas, la situación que debe enfrentar Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, es bastante compleja, ya que debe acatar las directrices de Donald Trump, del secretario de Estado, Marco Rubio, y —por lo visto— también del director de la CIA, John Radcliffe, mientras que, al mismo tiempo, debe aparentar una situación de normalidad e independencia que, al menos por ahora, no existe. Esta dualidad entre obediencia externa y discurso soberanista amenaza con erosionar aún más la credibilidad del proyecto político que durante años se presentó como baluarte del antiimperialismo regional.
Resulta sorprendente ver este cambio de la cúpula gobernante que, por supervivencia, ha mutado de antiimperialista —más bien antiestadounidense— a leal ante la bandera de las barras y las estrellas. El problema no es solo la incoherencia ideológica, sino el silencio con el que se pretende normalizar este viraje ante una militancia que fue educada políticamente para repudiar a los Estados Unidos.
Esperemos que esta situación permita llevar adelante una transición política lo menos traumática posible.
*Sociólogo
jj.saavedrap1970@gmail.com