Los países desarrollados las tienen claras, en cada oportunidad que pueden aprovechan la ocasión para obtener extensiones en el ámbito y los plazos de la protección que los Estados ofrecen por derechos de propiedad intelectual. Esta protección se basa en una excepción al derecho a la competencia y al libre mercado para favorecer explícitamente a aquellas personas jurídicas y naturales que se dedican a la innovación y creación de nuevos bienes y servicios. Todas estas últimas personas tienen protección de exclusividad y nadie podrá competir con ellas a menos que se expongan a recibir fuertes sanciones. Claro, como la razón misma de la ventaja de los países desarrollados está en sus procesos de innovación tecnológica, ¡qué mejor manera de extender el disfrute de mejores precios y mayores niveles de ingreso y de vida para su gente!

Esto es justamente lo que ha vuelto a suceder en la propuesta que la Unión Europea ha llevado a la negociación en la mesa de propiedad intelectual del TLC con Colombia, Ecuador y Perú. Los europeos han solicitado extender los plazos de protección de los derechos de autor al por ejemplo alargar la protección de trabajos de autoría y cinematografía a 70 años después de la muerte del último de los autores de un libro, o del último que sobreviva entre el director, el compositor de la música, el autor del diálogo o el de la escenografía de una película o trabajo audiovisual.

Los europeos han propuesto extender el plazo tradicional de 20 años a las patentes por cuantos años adicionales transcurran entre la presentación de la solicitud de la patente y la autorización de comercialización del producto, la última de las cuáles depende de muchas otras circunstancias de mercado.

Los europeos han propuesto ampliar la definición de “radiodifusión” a todo tipo de transmisiones y la definición de “comunicación pública” para que abarque todos los medios posibles, y exigir derechos de exclusividad en la difusión y comunicación al público.

Sabiendo que el Perú no acepta todavía el patentamiento de plantas - aún cuando en el TLC con Estados Unidos se ha comprometido a hacer los mejores esfuerzos - los europeos van más allá y solicitan que se extienda el plazo de las patentes de plantas por cuantos años transcurran entre la solicitud de la patente y la autorización de comercialización de la planta (en el Perú no hay nadie todavía que autorice verdaderamente la comercialización de plantas).

Los europeos están comenzando a dar exclusividad a cualquier producto o proceso de cualquier ámbito tecnológico en procedimientos y materias excluidas de protección por patente de invención, utilizando y flexibilizando la definición y concepto de “modelo de utilidad”.

Los europeos han propuesto ampliar la protección de exclusividad de las pruebas clínicas y datos que presentan los laboratorios farmacéuticos para comercializar sus productos a 11 años, en vez de los 5 años que solicitó Estados Unidos. La protección de datos de prueba se extiende no solo a agroquímicos sino aparentemente a todos los productos químicos.

En vez de que los gobiernos de los países desarrollados y de los países en desarrollo se sienten a conversar para promover el crecimiento de sus economías y la búsqueda de formas de equilibrio que promuevan el avance de la ciencia y la tecnología y se encuentren maneras de disminuir las asimetrías existentes entre ambos, los países desarrollados parecen estar enfrascados exclusivamente en defender los intereses de sus grandes transnacionales productoras de propiedad intelectual, ciencia y tecnología.

No hay duda que para los países desarrollados la estrategia de incluir el capítulo de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, es el negocio del siglo XXI. Lo que el feudalismo representó para el señor feudal en la extracción de rentas en los siglos XIV, XV y XVI, hoy día lo representa los derechos de propiedad intelectual.

Santiago Roca is professor of economics at the Graduate School of Business, Universidad ESAN, Lima, Perú; past president 2004-2006 of the Peruvian Intellectual Property Authority, INDECOPI; and vocal (member) of the Peruvian Competition Tribunal 2002-2004, INDECOPI. He holds a PhD in economics from Cornell University.