25 de junio de 2025.- Mientras la región de Bocas del Toro levanta su voz contra la privatización del sistema de pensiones, el gobierno de José Raúl Mulino responde con censura, amenazas y represión. En lugar de atender las exigencias populares frente a la Ley 462, que transfiere a manos privadas la Caja de Seguro Social (CSS), el Ejecutivo panameño decretó un "estado de urgencia" que suspende derechos constitucionales y bloquea internet y telefonía en la zona sur de Isla Colón.
Se trata de un apagón digital deliberado para aislar a los manifestantes, invisibilizar la protesta y cortar la comunicación entre comunidades. El recorte de libertades no se detuvo allí: también quedaron anulados los derechos de reunión y libre tránsito, se autorizó el registro de domicilios sin orden judicial y se reprimió con violencia las manifestaciones que mantienen bloqueadas varias vías.
El magisterio, uno de los sectores sumados a la lucha, recibió represalias directas: el gobierno les suspendió los salarios y les lanzó una advertencia cínica y patronal: "o siguen sin cobrar, o siguen gastando las suelas de sus zapatos".
La situación en Panamá refleja un patrón regional: cuando el pueblo defiende lo suyo —educación, salud, pensiones—, los gobiernos alineados con el capital financiero responden con garrote, censura y castigo. Pero ni la militarización ni el silencio forzado pueden frenar una demanda tan justa: pensiones dignas, servicios públicos solidarios y respeto a la voluntad popular.