16 de abril de 2024.- Con bloqueos a las carreteras, la comunidad de la Liwinaka de la etnia Sikuani logró evitar desalojo de sus territorios en Puerto Gaitán, Meta, por parte de la policía y civiles armados.
Cerca de 40 casas de la comunidad fueron destruidas por maquinaria pesada que llegó acompañada de la policía y civiles encapuchados, lo cual ocasionó que familias enteras tuvieran que pasar la noche a la intemperie y sin alimento.
“Nosotros, como autoridades, manifestamos de manera inmediata, esto es un territorio donde hay una resolución de reserva indígena desde 1968, y ellos, el señor inspector no respeta ni verifica la antigüedad de la resolución, por eso hoy manifestamos la denuncia y que venga una comisión a verificar las casas tumbadas y la afectación, hay niños en este momento durmiendo en el monte”, dijo Braulio Martínez, líder de la comunidad.
Una vez comenzó el desalojo, las comunidades y su guardia bloquearon las carreteras aledañas, lo cual logró presionar a las autoridades para suspender los ataques a la comunidad.
La ONIC también se pronunció
“El desalojo es ilegal, el procedimiento de expulsión a un pueblo indígena es una forma de exterminio físico y cultural. No puede ser que en el marco del Gobierno “Potencia mundial de la vida” se esté facilitando el despojo de una comunidad empobrecida por la acción de las petroleras, los terratenientes y los monocultivos”, afirmó la organización indígena.
Anteriormente, la Agencia Nacional de Tierras solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán suspender la orden de desalojo de cerca de 400 indígenas. Felipe Harman, director nacional de esta entidad, insistió en la revisión jurídica del caso.
“Tenemos que revisar de forma detallada esos títulos, esclarecer también de quiénes son porque están ocupados, bajo qué consideraciones, si es territorio ancestral o no, y antes que nada, evitar que se atropelle a la comunidad indígena, que es sujeto de especial protección según la Corte Constitucional”, indicó el director.
Conflicto con Menonitas y Paramilitares
Debido al conflicto armado a mitad del siglo pasado, el pueblo Sikuani originario de estos territorios tuvo que abandonar estos territorios y escapar a departamentos aledaños como el Vichada y el Vaupés.
Cuando volvieron encontraron que sus tierras habían sido ocupadas por extranjeros de la comunidad ultra-religiosa Menonita procedentes de Alemania, Canadá y México.
Los indígenas plantean que hay irregularidades en la compra de estas tierras por los Menonitas y que además estos se han aliado con paramilitares de las AGC.
Los Sikuani reclaman en total 58.000 hectáreas a repartir entre las cuatro comunidades y piden que se conforme un resguardo. Hasta el momento, las comunidades permanecen alerta ante cualquier ataque a sus territorios.
