Este martes, la Cámara Federal porteña decidió reabrir la investigación contra la vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la causa conocida como "la ruta del dinero K", en la que había sido sobreseída el 5 de junio pasado.
Esto, luego de que la sala II del Tribunal de Apelaciones hiciese lugar a un planteo de la ONG Bases Republicanas, quien fue la que pidió reabrir la causa, tras ser aceptado como querellante; refiere Página 12.
Uno de los jueces que votó a favor de reabrir la causa fue Mariano Llorens, quien informó que "la incorporación de este nuevo actor" habilita a que "se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa".
Según este juez, los argumentos expuestos por Bases Republicanas "resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa", refieren medios locales.
Sorprende las conexiones entre los representantes que conforman esta ONG con representantes del Pro y del expresidente Mauricio Macri, quien —curiosamente— fue sobreseído este martes en la causa por supuesto espionaje a las familias de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, desaparecido en 2017.
En concreto, la actual "presidente" de la asociación, detalla Página12, es Valeria Viola, quien fuera directora Nacional de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri.
En esos años, Viola estuvo involucrada —al igual que Macri— en los Panamá Papers, la revelación de empresas offshore para la fuga de dinero. Viola integraba junto a sus cuatro hermanos Nuni Associates Limited, con dirección en las Islas Vírgenes.
Otro nombre que resuena es el de Pablo Noceti, quien ejerce el cargo de vicepresidente de la asociación.
Según Página12, Noceti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich —quien ahora ejercerá el mismo cargo en el Gobierno de Javier Milei— e involucrado en el operativo represivo sobre la Pu Lof de Cushamen, en el que desapareció y luego apareció sin vida Santiago Maldonado.
Cabe recordar que el caso denominado "La ruta del dinero K", fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py.
La "ruta del dinero K" comenzó a investigarse en 2013, todavía con Fernández como presidenta, aunque el impulso definitivo de la causa llegó en 2016, después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo de Lázaro, contando grandes sumas de dinero en una financiera de Buenos Aires.
En 2021, un tribunal condenó a 12 años de cárcel -que una Cámara rebajó posteriormente a 10- a Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obra pública adjudicados durante los Gobiernos kirchneristas, en un juicio que sentó en el banquillo a más de una veintena de personas, entre ellos varios hijos de Báez.
