La Corte Suprema de Panamá declaró este martes "inconstitucional" el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, lo cual detonó un movimiento de protestas que se ha extendido durante más de un mes por todo el país.
La decisión, reclamada por las protestas de gremios de varias ramas podría ser una inflexión a una crisis nacional y puede abrir frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
El fallo fue anunciado por la presidenta de la CSP, María Eugenia López, por "unanimidad" del pleno de nueve magistrados declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.
El fallo fue recibido con júbilo por las personas que desde hace semanas mantienen una vigilia en la Corte Suprema de Justicia esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que desde el pasado viernes analizaba las dos primeras querellas, de las 10, que se han presentado contra la Ley 406.