El consejero presidencial en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, del gobierno colombiano, Francisco Barbosa, entrego su balance del 2019, dando como resultado la cifra de 84 líderes sociales asesinados. Señaló que fue un 25% menos que en el 2018 cuando la cifra llegó a 121.
Pese a tratarse de líderes sociales, Barbosa no vinculó principalmente estos hechos con la violencia política o con formas de represión, pero aseguró que estos casos se deben a distintas razones relacionadas con la delincuencia y no a una sistematicidad en estos delitos.
Su intención fue descartar esa causal y dastacar que: "Aquí no hay una política de exterminio, ni una política sistemática. Hay razones diversas atadas a fenómenos de delincuencia. Lo que existe es una acción de la delincuencia, de los criminales, del narcotráfico". Obviamente estaba respondiendo a acusaciones y recriminaciones que recaen sobre el gobierno de Colombia en este sentido, como se puede observar con las manifestaciones de protesta y los carteles que levantan los y las manifestantes pidiendo que paren los asesinatos de líderes y activistas sociales y políticos.
También señaló que estos asesinatos se han dado en 58 de los 1103 municipios del país y que el número de protegidos ha llegado a 8657, lo que representa un monto aproximado de un billón de pesos. Los "protegidos" son personas que pueden estar amenazadas o han sufrido atentados, por lo que han solicitado o se les ha brindado resguardo en su seguridad personal por parte del Estado.