Decreto 880: Uribe negocia negocia o su gobierno revienta

Allí está el dilema, como diría nuestro amigo Cantinfla, y esto también lo debe estar recordando el primer paraco de nuestro hermano país. De allí que “fundamentándose” en el la Ley 975 del 2005  (Ley de Justicia y Paz) y en su Articulo 61, donde se señala que “el Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitario..”, Uribe ha lanzado una nueva propuesta para lograr el acuerdo humanitario a través de la promulgación de un decreto ejecutivo Nº 880.

Para cualquier lector desprevenido, esta decisión pudiera verse como un “gesto de paz” del forajido para-presidente, quien “ajustándose” a su propio ordenamiento jurídico comienza unilateralmente a desarrollar y aplicar esta ley, que hasta ahora, sólo ha servido a los intereses de su gobierno y a la conchupancia y libertinaje que le ha impuesto a los colombianos, en sus contubernios con los criminales de guerra de los distinto grupos paramilitares, que en los últimos años han impuesto el terror en casi todo el territorio neogranadino.

A decir verdades, esta decisión obedece más a las desastrosas consecuencias que le ha producido la masacre del Putumayo, al clamor mundial por un acuerdo humanitario y particularmente a la presión ejercida por el mismo pueblo colombiano.

El señor Uribe por boca de su alto comisionado para la paz, Luís Carlos Restrepo, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a excarcelar a los guerrilleros de las FARC - EP, a cambio de la liberación de la ex candidata presidencial.

Ahora bien, más allá de este “simple” canje, debemos resaltar que con esta propuesta, por primera vez el asesino que reside en la casa de Nariño, entrega uno de sus inamovibles, cuando anuncia que en la fórmula planteada por su gobierno para conseguir la liberación de los secuestrados, no pondrá condiciones en el límite de guerrilleros que saldrían de las cárceles, tampoco importará la pena que ellos estén pagando, ni el tipo de delito por los que fueron condenados. Es decir, que no se tomará en cuenta, si los delitos cometidos por los guerrilleros objeto del canje son por rebelión, delitos comunes o de “lesa humanidad”.

Es indudable que ya comienza a verse los resultados de las políticas integracionistas y de paz, impulsadas fundamentalmente, por los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Daniel Ortega, Evo Morales, Luís Correa y Cristina Fernández de Kirchner.

El señor George W Bush y su lacayo principal han sufrido un serio revés, y mientras tanto, aunque no se hable del despeje de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, uno de los inamovibles de las fuerzas insurgentes; es indudable que la pelota está en el terreno de Maralunda, y Uribe sabe que si su decreto 880 fracasa, él y su gobierno revientan.

Douglas.zabala@hotmail.com



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Douglas Zabala


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