Tensión y renovada confianza. Son los rasgos sobresalientes en torno al gobierno venezolano. Es que la guerra no se presenta como desenlace más probable de la crisis que conmueve a Ecuador, Colombia y Venezuela. En cambio, en el plano interno, la coyuntura parece encaminarse a una recomposición de la hegemonía de que ha gozado en los últimos años el presidente Hugo Chávez.

No faltan motivos para la tensión. Desde el sábado 1 de marzo, cuando el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, anunció la muerte de Raúl Reyes, el hombre clave de las Farc, la sucesión de revelaciones sobre la operación militar y de medidas adoptadas en Quito, Caracas y Bogotá, se encadenaron sin pausa y muchos se preguntan si será posible detener la escalada. El presidente Rafael Correa declaró en tono severo que su país “no se conformará con un simple pedido de excusas”. Al día siguiente Hugo Chávez respaldó a Ecuador y advirtió: “Esto puede ser el comienzo de una guerra en Suramérica".

Los hechos son elocuentes. Temprano en la mañana de ese sábado fatídico, Correa recibió un llamado de su par Álvaro Uribe. Así se notificó de que un choque entre el ejército colombiano y las Farc trascendió la frontera y dio lugar a un involuntario combate en territorio ecuatoriano, del que resultaron muertos 19 militantes de la organización guerrillera. Dos comandantes de las Farc, explicó Uribe, habían sido trasladados a Bogotá por las tropas colombianas.

Cauto, Correa hizo pública esa información y ordenó una investigación. Diez horas después el presidente de Ecuador volvió a hablar a la nación, pero esta vez para decir que “Uribe fue mal informado o descaradamente le mintió al presidente de Ecuador”.

Es que la investigación a cargo del ejército ecuatoriano probó que no hubo combate en territorio colombiano y un desplazamiento de las acciones hacia el país vecino. Presumiblemente para evitar un cerco de las fuerzas oficiales, las Farc habían transpuesto el río Putumayo internándose 1800 metros al otro lado de la frontera. El propio Correa aseguró en cadena nacional que los cadáveres de los guerrilleros fueron hallados sin ningún rastro de combate en el área y en paños menores. Fueron atacados, con bombardeos aéreos, mientras dormían. Aseveró además el presidente ecuatoriano que aviones y helicópteros artillados entraron más de diez kilómetros y atacaron al campamento desde el Sur. Luego hubo un segundo asalto. Ingresó otra cuadrilla de helicópteros que esta vez descendieron en el lugar. Sus ocupantes remataron a varios de los heridos y se llevaron a dos de ellos: Raúl Reyes y Julián Conrado, otro comandante de la organización insurgente. Como anunciaría luego el gobierno colombiano, también llevaron de allí tres computadoras portátiles. La operación dejó 21 muertos y dos guerrilleras heridas. “Fue una masacre”, dijo Correa. Luego anunció el desplazamiento de tropas ecuatorianas hacia la frontera, la expulsión del embajador colombiano y convocó al Consejo de Seguridad Nacional. El presidente ecuatoriano subrayó además que la detección del campamento había sido realizada por medios técnicos “con ayuda de una potencia extranjera”. Reyes utilizó un teléfono satelital. Desde la base estadounidense en Manta, esa llamada fue detectada. Al día siguiente se denunció que las naves colombianas habían decolado de Tres Esquinas, una base de Estados Unidos en Colombia. Fidel Castro, en una de sus ya habituales incursiones periodísticas, llegó más lejos: "Fueron bombas yanquis, guiadas por satélites yanquis".

Vorágine belicista

Aun antes de estas precisiones, tres países quedaron envueltos en una escalada militar. A ritmo de vértigo Uribe, Correa y Chávez, en ese orden, dispusieron el desplazamiento de tropas hacia las fronteras. El embajador de Colombia en Quito fue expulsado. El de Venezuela en Bogotá fue retirado y 24 horas después le tocaría la expulsión a todo el personal diplomático de Uribe en Caracas. Acto seguido vino la ruptura de relaciones, primero de Ecuador y luego de Venezuela, con Colombia.

Hubo un estremecimiento en las cancillerías de la región. Y comenzó un atropellado intento por detener la vorágine. Los gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, más tarde Brasil, en lenguajes diferentes tradujeron sin embargo una misma urgente voluntad: condenar la violación de la soberanía ecuatoriana y encontrar un punto de negociación que neutralice la dinámica entablada.

Sólo Washington sonó discordante: "le dije que Estados Unidos seguirá al lado de Colombia", declaró George Bush, para luego agregar, como declinando un verbo y apuntando a su propio frente interno: "(Uribe) me dijo que la mejor forma de mostrar apoyo es avanzar con el Tratado de Libre Comercio".

En registro marcadamente diferente, el gobierno francés deploró el ataque mortal contra quien señaló como el interlocutor con quien negociaba la liberación de Ingrid Betancourt. También desde Italia se condenó la operación en territorio ecuatoriano y la muerte del negociador de las Farc.

En la reunión de la OEA del martes 4, se haría evidente el total aislamiento de Colombia: allí su único aliado fue Estados Unidos. Los restantes países comprendieron que la reivindicación colombiana del concepto de “guerra preventiva” amenaza a la región en su conjunto. Y, con más o menos nitidez, tomaron distancia.

Bogotá comenzó a morigerar su actitud. Antes de la reunión de la OEA anunció que no movilizaría tropas a las fronteras con sus dos vecinos. Con todo, para ese entonces en la línea de demarcación con Venezuela ya había 25 mil hombres, componentes de 25 batallones, cuatro grupos mecanizados, un blindado y una brigada móvil, que cuentan con aviones de combate Mirage, Tucano y K-fir. Con el mayor disimulo y en plan hasta ahora estrictamente defensivo, también están emplazadas o marchan hacia las fronteras tropas ecuatorianas y 10 batallones venezolanos, respaldados por el alerta de la Fuerza Armada Nacional ordenado por Chávez.

¿Error de cálculo?

Es conjeturable que Uribe, o quienes diseñaron la operación, hayan estimado incorrectamente la capacidad de respuesta del gobierno ecuatoriano. Esta hipótesis se refuerza al observar la manera como actuó el gobierno colombiano en el transcurso de las horas. Comenzó por informar incorrectamente. Luego, develada la verdad, pidió disculpas a Quito. Ante la réplica de Correa, explicó que se trataba de un acto de legítima defensa. Correa expulsó al embajador y Bogotá anunció que el disco duro de una computadora había pruebas de relaciones entre las Farc y el gobierno ecuatoriano. El presidente ecuatoriano explicó que efectivamente había relaciones con Reyes y que estaba a punto de concretarse la liberación de Ingrid Betancourt y otros once prisioneros. El Palacio de Nariño envió a un jefe policial a decir que en el disco duro capturado también se probaba que Chávez había entregado 300 millones de dólares y 50 kilos de uranio a las Farc. Como de rayo, el ministro de Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, en rueda de prensa ridiculizó las acusaciones de Colombia y mostró una computadora, propiedad de Wilmer Varela, alias Jabón, jefe narcotraficante asesinado por sicarios en Mérida, en enero último.

Allí, afirmó Rodríguez Chacín, se encuentran textos probatorios de que el propio jefe policial colombiano encargado de la denuncia, Oscar Naranjo, hermano de un narcotraficante preso en Alemania desde abril de 2007, ocupó ese cargo merced a una cuantiosa suma pagada por “Jabón” al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. En esta escalada, de signo diferente a la concentración de tropas, pero tal vez con mayor potencia explosivo, hay quienes creen que Uribe está personalmente amenazado.

No faltan razones. Súbitamente cobran actualidad libros que vinculan al jefe de Estado colombiano con el narcotráfico. Uno de ellos fue escrito por el corresponsal de Newsweek, Joseph Contreras. Otro, más directo y escandaloso, está firmado por Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar Gaviria, quien alude a Uribe como hombre fundamental para su organización delictiva. Salta ahora a la luz, también, que José Obdulio Gaviria, primo del célebre narcotraficante, es actualmente asesor de Uribe. Es de público conocimiento que miembros del gabinete ministerial de Uribe, así como altos diputados y dirigentes del partido que lo respalda, están hoy presos por complicidad comprobada con el narcotráfico y el paramilitarismo. En este contexto, la eventual publicación de las cartas halladas en la computadora portátil del asesinado “Jabón”, ponen en riesgo incluso la gobernabilidad de Colombia.

Resuelto luchador, Uribe intentó un contraataque anunciando que llevaría a la Corte Penal Internacional al presidente Chávez, acusado de “patrocinio y financiación de una organización terrorista”. La acusación, al margen de todo juicio de valor, tiene ribetes insólitos: pocas hojas del almanaque cayeron desde que, en septiembre de 2007, Uribe suplicó –y consiguió- la mediación de Chávez para avanzar con las Farc en un acuerdo humanitario. O estaba entonces desinformado en grado incompatible con la función que ejerce, o está ahora estirando la cuerda más allá de lo que ésta soporta. Al margen de la inviabilidad procesal de tal acusación, es improbable que consiga apartar el foco del hecho en discusión: la doble incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano.

Cambio de clima

A la par del desasosiego palpable en Venezuela cuando Estados Unidos comenzó a desarrollar la tesis según la cual, gracias a Chávez, las Farc cuentan con armas de destrucción masiva, quedó a la vista que el gobierno interpretó el efecto provocado por esta táctica colombiana como una victoria propia ante la opinión pública mundial y, sobre todo, al interior del país. La oposición, sorpresivamente unida, condenó la conducta de Chávez. El ex general Raúl Baduel se sumó a este bloque. “La fuerza armada no está obligada a obligada a obedecer a este psicótico, loco asesino”, declaró Henry Ramos Allup, titular del principal partido tradicional de oposición, Acción Democrática. Como “obscena, diabólica”, calificó la decisión de Chávez Manuel Rosales, gobernador del Estado Zulia y principal candidato opositor. Los medios de comunicación arremeten con virulencia tal que cabe suponer la hipótesis de un pronto derrocamiento de Chávez.

Pero como ocurrió recientemente cuando adhirió a un ataque de la petrolera Exxon Mobil contra Pdvsa, el bloque antichavista en apenas horas comprobó que prevalece un sentimiento espontáneo, inconsciente, que conmueve incluso a buena parte de los opositores. Ese sentimiento se hizo más vivo cuando en su exposición ante la Asamblea Nacional, el lunes 3, el canciller Nicolás Maduro reveló que recientemente la inteligencia venezolana descubrió preparativos para una operación similar a la ocurrida en Ecuador, pero en territorio venezolano. Maduro sostuvo que transmitió esa información a su par colombiano, en la reciente reunión de cancilleres de Unasur. Y que éste, perplejo, lo admitió y adjudicó a “sectores fuera de control” de su gobierno. Transmitiendo menos de lo que sabe, Maduro asegura que sólo una muy enérgica reacción preventiva de Chávez impidió un ensayo militar colombiano en territorio venezolano.

La revelación corrió como descarga eléctrica por el cuerpo social. Pero esto ocurrió en un clima ya signado por dos logros clave de las últimas semanas, período en el que se produjo una dramática reversión positiva en la curva de la inseguridad y se superó el desabastecimiento. Un tercer factor de peso en las preocupaciones de la población, presumiblemente será atacado en esta impensada coyuntura: la corrupción.

También ante la Asamblea Nacional, el martes 4 Rodríguez Chacín denunció a Baduel no sólo por traicionar su condición de general de la nación, sino como figura principal de una cantidad de funcionarios civiles y militares responsable de acumulación ilícita de riquezas e intentos de transferirlas al exterior. Aseguró que tiene pruebas y que se actuará contra ellos.

El impacto de la posición de Baduel en las filas militares es algo que podrá medirse en las próximas semanas. La reacción general ante una eventual campaña efectiva contra la corrupción, en cambio, no ofrece incógnitas.

La tranquilidad en las calles de Caracas se observa a simple vista: no hay corridas bancarias, ni compras compulsivas en los supermercados, ni cualquier otro signo de inquietud o temor. Esa confianza se traduce en amplio margen de acción para el presidente Chávez y recuperación de la confianza entre sus partidarios.