Sociedad civil contra Pegasus

Francia: el escándalo por el control ilegal de teléfonos llega a los tribunales

Entrevista con Bertrand Repolt, abogado "acusador" contra Pegasus


El escándalo Pegasus, denunciado por un colectivo de prensa en julio del año pasado, será juzgado por tribunales franceses. Presentada por el grupo de abogados Bourdon y Asociados, el tribunal de París acogió la denuncia contra los fabricantes del programa que permite vigilar ilegalmente los teléfonos celulares. Se espera a corto plazo la designación de un juez de instrucción para que se haga cargo del caso.

De esta manera, se abriría formalmente una de las causas actuales más emblemáticas para juzgar el poder "oculto" de los servicios de inteligencia que espían impunemente a periodistas, políticos, gobernantes, defensores de derechos humanos, universitarios, sindicalistas y diplomáticos.

En la mira de la denuncia se encuentra la empresa israelí de seguridad informática NSO Group, con estrechas relaciones con medios gubernamentales. En su sitio Web la NSO Group define su actividad como la promoción de "productos utilizados exclusivamente por los organismos gubernamentales de inteligencia en el marco de la aplicación de la ley para luchar contra el crimen y el terror" (https://www.nsogroup.com/about-us/).

Descripción que no corresponde con la denuncia presentada en julio de 2021 por la Forbidden Stories (ndr. historias prohibidas), iniciativa colectiva de investigación periodística, con sede en Francia, la cual coordinó el trabajo de unos 80 periodistas de diversos medios informativos de primer nivel mundial (https://forbiddenstories.org/es/safebox-network-lanzamiento/). Entre los que se encuentran Le Monde, Le Soir y Radio France, de Francia; Aristegui Noticias y Proceso, de México; el diario estadounidense The Washington Post; The Guardian, inglés; los Süddeutsche y Die Zeit, de Alemania, así como Daraj y Haaretz, de Oriente Medio.

Forbidden Stories, contó con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, y pudo comprobar que los programas informáticos de control de la NSO Group, en particular el Pegasus, son vendidos y utilizados para la vigilancia ilegal por muchos gobiernos de Asia, África, Europa, América Latina y Oriente Medio. La investigación constata que fueron controlados más de 50.000 teléfonos mediante este spyware o software espía. Entre ellos, al menos, los de 180 periodistas.

Guerra contra periodistas

La vigilancia y el control ilegal de periodistas "nos produce un malestar muy especial, porque significa un ataque directo a la libertad de la prensa, así como a la protección de las fuentes que nutren el trabajo informativo", expresa el joven abogado francés Bertrand Repolt, uno de los miembros de la oficina jurídica Bourdon y Asociados y responsable directo de la causa contra la NSO Group.

La primera semana de mayo Repolt participó como observador en el Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) realizado en Mascate, la capital de Omán. La seguridad de las y los trabajadores de prensa constituyó uno de los temas esenciales de debate en la cita de Omán, donde 250 representantes de sindicatos y asociaciones de 90 países de todos los continentes aprobaron por unanimidad dos mociones específicas sobre el caso Pegasus.

Una de ellas, presentada por el Sindicato Nacional Francés de Periodistas (SNJ), condena el uso del software Pegasus; les pide a las víctimas de esa vigilancia ilegal que "emprendan sistemáticamente acciones legales" y le solicita al Comité Ejecutivo de la FIP que implemente todas las acciones posibles, ante organismos internacionales y tribunales, "para poner fin a estos verdaderos actos de guerra contra los periodistas".

La otra moción, promovida por el Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda (NUJ), sostiene que Pegasus no es más que uno de los tantos medios que permiten el control de teléfonos, es decir, "una fracción de la industria de la vigilancia telefónica" y le pide a la Federación que siga apoyando todas las campañas para informar a los periodistas sobre los riesgos que corren (de ser vigilados) y que se exija una regulación internacional transparente de las técnicas de vigilancia con protecciones explícitas a los y las periodistas.

En juego, la misma democracia

Bertrand Repolt, promotor del primer proceso contra Pegasus en Francia, reconoció la importancia de estas iniciativas adoptadas por los representantes de más de 600.000 periodistas y trabajadoras-es del periodismo reunida-os en Omán. "Es fundamental que de diferentes sectores de la comunidad internacional se levanten voces críticas y se vaya creando un movimiento jurídico y político unitario contra métodos cuestionables como el de Pegasus", afirmó Bertand Repolt en entrevista exclusiva con este corresponsal. "Las iniciativas jurídicas y las de los propios periodistas son ladrillos en la construcción de una misma iniciativa que busca que se termine con esta vigilancia contra los hombres y las mujeres de prensa y que se logren condenas para quienes violen estos principios".

La motivación de su grupo de abogados para lanzarse en esta causa titánica radica en su inmenso respeto por los de derechos humanos esenciales, subraya Repolt. "El caso Pegasus expresa la colusión, el pacto ilícito, entre Estados y sociedades privadas --que carecen de todo escrúpulo-- y aceptan el trabajo sucio de la vigilancia en masa". Según este joven abogado francés, dichos actores saben "que el resultado de ese control ilegal se convierte en represión, en descubrir las fuentes de los periodistas, y en censura. Ese pacto ilícito ataca el mero corazón de la democracia".

La justicia francesa, explicó Repolt, aceptó formalmente la denuncia, lo cual constituye un primer paso esencial: "En poco tiempo esperamos que se designe un juez de instrucción, lo que permitirá que comience la investigación de los hechos".

Según Repolt, especializado en los derechos del periodismo (como el derecho de trabajo, la libertad de prensa, compensación por injurias, derechos de los y las periodistas independientes y defensa de la cláusula de conciencia, entre otros), una vez que se designe un juez de instrucción se abre un proceso jurídico : tanto las víctimas como las partes civiles y la misma Pegasus, pueden presentarse como ante el juez para pedir que se profundice la investigación, solicitar la declaración de expertos y el testimonio de las víctimas. Esta demanda, sostiene Repolt, no puede ser rechazada arbitrariamente por el juez.

En perspectiva, si el proceso avanza tal como lo espera la oficina de Bourdon y Asociados, podrían surgir obstáculos si las autoridades judiciales israelíes optan por no cooperar. Dicha cooperación es imprescindible dado que los jueces franceses solo pueden actuar dentro de su propia jurisdicción nacional. La no cooperación, aunque significaría un riesgo para la causa, también representaría un costo político para la contraparte israelí. De hecho, si en alguna ocasión los israelíes necesitaran la cooperación de Francia o de otros Estados europeos, les resultaría muy difícil conseguirla. De allí la importancia de que en el futuro se inicien causas similares, también, en otros países. "Cuantos más numerosos seamos, más fuerte será la presión sobre las autoridades judiciales israelíes y, por lo tanto, más difícil un posible rechazo a cooperar".

El objetivo de los demandantes franceses es claro: obtener una sanción penal concreta, con penas de prisión para los responsables y lograr reparaciones en concepto de daños e intereses para las víctimas. Conscientes, por supuesto, de que el proceso podría extenderse durante varios años.

A pesar de considerarse un proceso jurídico de "vanguardia" (al que se podrían sumar en el futuro iniciativas similares en otros países donde la prensa se ha visto afectada por el mismo escándalo), la posibilidad de un éxito nutre al colectivo de juristas. Hay precedentes interesantes y esperanzadores, explica Bertrand Repolt, Y hace referencia al proceso que en 2008 impulsaron Transparency Internacional Francia y la ONG Sherpa y que contó con el acompañamiento jurídico de Bourdon y Asociados. En esa ocasión se denunciaron los bienes mal adquiridos en Francia por parte de gobernantes de Guinea Ecuatorial (https://transparency-france.org/supports/presse/#.YqmENXbP3IU).

Tras diez años de intensa litigación, el primer juicio por el caso de las ganancias ilícitas se celebró en París del 19 de junio al 5 de julio de 2017. Teodorín Obiang, vicepresidente de dicha nación, estaba bajo sospecha de haber acumulado una considerable fortuna en Francia con dinero público desviado de su país de origen. El 27 de octubre de 2017, el Tribunal Penal de París dictó sentencia: tres años de prisión en suspenso, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de todos sus bienes incautados en territorio francés --con un valor estimado en más 150 millones de euros. Fue la primera vez que un alto ejecutivo extranjero fue condenado en Francia por blanqueo de capitales, incluyendo malversación de fondos públicos y corrupción.

"Contamos con instrumentos jurídicos. El derecho nos ofrece un soporte para promover hoy la causa contra Pegasus", y por eso impulsamos esta iniciativa, concluye Repolt.

Todos los medios para proteger el trabajo de los y las periodistas adquieren su propia importancia. Así lo afirma Forbidden Stories, que además de publicar exitosas encuestas promueve nuevas iniciativas específicas de protección (https://forbiddenstories.org/es/protege-tus-historias/ )

El pasado 3 de mayo y con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, dicha organización lanzó oficialmente la SafeBox Network. La cual les permite a los y las periodistas amenazados-as mantener a salvo su información sensible a través de esta nueva red mundial. En caso de secuestro, encarcelamiento o asesinato de una-un periodista, Forbidden Stories y otras organizaciones asociadas podrán continuar sus investigaciones y difundirlas a nivel internacional.


* de regreso de Omán



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Sergio Ferrari


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