"La denuncia de la OEA de que la interrupción del conteo rápido (TREP) en las elecciones en Bolivia produjo una alteración en la tendencia de votación, se contradice con los datos. Aunque se detuvo el reporte del conteo, lo sustancial del resultado final se puede determinar desde antes de dicha detención. En tal sentido, no pudimos encontrar resultados que nos lleven a las mismas conclusiones de la auditoría de la OEA. Es altamente probable que Evo Morales haya alcanzado la diferencia de 10% para ganar la primera vuelta en las elecciones del 20 de octubre de 2019".
Estas son las lapidarias conclusiones de Jack R. Williams y John Curiel, investigadores del Laboratorio de Datos y Ciencias Electorales, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las más prestigiosas universidades del mundo. Sus hallazgos son similares a los de otros dos estudios, uno del Centro de Investigación en Economía y Políticas (CEPR), con sede en Washington, y otro de Walter R. Mebane, profesor e investigador de la Universidad de Michigan. Los tres análisis derrumban las conclusiones a las que llegaron, con suma velocidad (en solo diez días), la "auditoría" de la OEA y su secretario general, Luis Almagro.
La OEA había sido oficialmente invitada a Bolivia para ser observadora de las elecciones, y luego el gobierno solicitó una auditoría de los resultados, con un acuerdo formal que fijaba los protocolos de realización y entrega de los hallazgos. Los protocolos fueron irrespetados. Los comunicados y reportes de la OEA -hoy refutados por científicos- sirvieron de aval a un golpe de Estado cívico-militar, sobre la base de un supuesto "fraude", que terminó con un gobierno de facto, violando la línea de sucesión constitucional, y con el presidente Morales y el vicepresidente García Linera en el exilio. Luego, Almagro se permitió afirmar en un discurso ante el Consejo Permanente que lo ocurrido fue un "autogolpe" de Morales "robándose una elección" y que "la vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable".
Así Almagro y la OEA pintaron el mundo al revés. Es lo mismo que hicieron en las elecciones de Haití, cuando en una operación mágica lograron que Michel Martelly pasara a segunda vuelta y se convirtiera en presidente en 2011; en Honduras, avalando la perpetuación en el poder de Juan Orlando Hernández con sentencias judiciales impuestas, fraudes electorales y masacres; o ante los estallidos sociales en Chile, Ecuador y Colombia, condenando las movilizaciones populares (calificándolas de "desestabilización cubano-bolivariana") y apoyando a los gobiernos asesinos, corruptos y autoritarios de Piñera, Moreno y Duque.
Hace 55 años, el 28 de abril de 1965, la avanzada militar que EE. UU. tenía frente a las costas dominicanas recibió la orden de invadir. El presidente L. B. Johnson habló en cadena nacional para explicar que se trataba de una solicitud de la "junta militar dominicana" para proteger la vida de ciudadanos estadounidenses. Días después ya habían desembarcado 23 mil soldados de Estados Unidos liderando una "Fuerza Interamericana de Paz" creada por la OEA. Su misión fue aplastar a sangre y fuego la revolución democrática dominicana, mientras hoy, con unas elecciones suspendidas y anuladas, Almagro se anima a decir que gozamos de una "democracia fuerte". En tanto, le son cedidas atribuciones propias del Ministerio Público y los tribunales dominicanos, socavando la soberanía nacional y agravando la crisis institucional.
Si algo ha tenido y tiene la OEA, en sus relaciones con los gobiernos, élites y dirigentes de nuestros países, es una función política muy definida; nada de técnica, imparcial y menos de respeto por su Carta fundacional y el Derecho Internacional. República Dominicana lo sabe muy bien. Ahora se agrega que Luis Almagro está en afanes reeleccionistas (aunque prometió no hacerlo), en tanto el gobierno de Trump busca afanosamente reordenar el tablero político latinoamericano y fortalecer el apoyo de sus bases conservadoras, de cara a las elecciones de noviembre. Para colmo, anuncian que su "auditoría" no estará lista antes del 15 de marzo. Entonces vale preguntarse ¿A qué ha venido la OEA, acompañada del embajador de EE.UU. en su Consejo, la IFES y el Departamento de Estado? ¿Qué jugada vienen a hacer en República Dominicana, con qué fichas, qué arreglos y cuáles movimientos?
