Las garantías de la paz colombiana

Las coincidentes declaraciones públicas del Jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo, FARC-EP y, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en el sentido de la proximidad de la “cercanía del fin” del conflicto armado interno y del mes de noviembre como un tiempo muy probable para alcanzar acuerdos definitivo que inicien una paz seguro y duradera entre el Estado y esa organización revolucionaria en armas, aumentan las expectativas de que, pese a la continuidad de las hostilidades entre estas fuerzas beligerantes, la cerrada oposición del narco-paramilitar ex presidente Alvaro Uribe Vélez y el ex presidente Pastrana; finalmente las realidades de la política hará inevitable precipitar los acuerdos en las negociaciones que se desarrollan en la ciudad de La Habana, República de Cuba.

Uno de los elementos al margen delos dos actores de las negociaciones de La Habana que han generado una dinámica positiva dirigida a favorecer acuerdo en la mesa de negociaciones lo constituye la iniciativa de las FARC-EP, las Mesas de Diálogos Temáticos sobre el problema de la tierra y el desarrollo agrario y la apertura política, en la que se involucraron agencias de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y la Universidad Nacional de Colombia, cuyos resultados reforzaron la visión de que el pueblo colombiano debe ser necesariamente parte de la solución del conflicto y que, la presencia de los organismos internacionales son esenciales para garantizar que los acuerdos puedan implementarse y que las partes en las negociaciones y otros factores en el conflicto, deben respetarlo.
Por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, ha asumido una pública distancia de su antiguo aliado, Alvaro Uribe Vélez en lo referente al proceso de negociaciones y de las planteamientos del Procurador de la República Ordoñez y algunas del Fiscal General Montealegre sobre la Justicia Transicional y la reinserción política institucional de los dirigentes, guerrilleros y milicianos de las FARC-EP y sus instrumentos políticos, el Partido Comunista de Colombia Clandestino . PCC y, el Movimiento Bolivariano Por la Nueva Colombia; posición que se ha fortalecido con la esperada decisión del Consejo de Estado de reconocer el derecho a ser admitido como partido legal a la Unión Patriótica, a quien ilegalmente se le quitó su derecho a participar en los procesos electorales, sin que ningún tribunal hubiese decidido tal medida; decisión que al igual que en los casos de la coalición atberzale AMIUR y el partido SORTU, en el país vasco, han creado condiciones positivas para la superación definitiva del conflicto armado en ese país y la inserción definitiva de los independentista a la lucha democrática por su Derecho a Decidir su Independencia y su Soberanía como Nación.

Sin embargo, no es suficiente el desarrollo de este clima de optimismo de las partes en las negociaciones de La Habana para mostrarse convencido de que la solución del problema de la Paz está resuelto, por cuanto aún, ambas partes difieren de un asunto esencial para la terminación de las hostilidades y el inicio real de la construcción de la Paz en un país con 50 años ininterrumpido de guerra y una historia de sangrientos conflictos armados internos en su 200 años de vida republicana.

En el debate público y en los documentos de la Mesa de Negociaciones están dos propuestas que abordan los dos problemas esenciales del proceso final: la validación de un acuerdo por parte del Estado (no del gobierno de turno) que haga difícil su desconocimiento o violación por parte de un gobierno de signo distinto al cual lo firme; y para ello las FARC-EP propone la Asamblea Constitruyente y el gobierno sostiene un referendo popular vinculante.
Por otro lado, el tema de la veeduría del proceso de cumplimiento de cada uno de los delicados pasos de los acuerdos (reparto de tierra, zonas de reservas campesinas, participación política, cese de hostilidades, libertad de los prisioneros de guerra y de los presos políticos, reagrupamiento temporal de fuerza, desmovilización y destino de las armas de los insurgentes) requiere de actores indepdientes de las partes con experiencias, capacidad y financiamiento para tan difícil tarea en unj territorio de mas de un millón de kilómetros cuadrados, por lo que las FARC-EP insiste en la observación internacional (UNASUR, ONU, por ejemplo) y el gobierno se resiste a tales mecanismo y sigue proponiendo los órganos internos del Estado Colombiano, evidentemente descalificados por ser parte del conflicto que se pretende solucionar.

Sin embargo; todo parece indicar que la cercanía del proceso electoral (mayo 2014) y con ello los tiempos que imponen las leyes electorales han impactado la mesa de negociaciones, generando una dinámica que seguramente llevaran a las partes a una “cercanía del fin de la trágica pesadilla de un pueblo trabajador, alegre y bullanguero, al que la oligarquía liberal-conservadora le impuso la guerra como forma de vida.


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Yoel Pérez Marcano


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