La ruptura del pacto de las élites

Contrario a lo que propio y extraños pudieran haber pensado, los integrantes del poderoso e intocable equipo de poder construido por Alvaro Uribe Vélez, (‘El doctorcito”, “Varito” o “El 82”), durante sus ocho (8) años al frente de la presidencia de la República de Colombia, comienza a ser convocado, uno por uno, por las diversas instancias administrativas y judiciales del Estado colombiano para ser juzgados por  violaciones graves de derechos humanos, invasión ilícita de la privacidad, peculado y asociación para delinquir.
 
La reciente decisión de la Procuraduría General de la República de sancionar  al ex Ministro de Agricultura del gobierno uribista y “delfín” político para las pasadas elecciones de mayo del 2010, Andrés Felipe Arias, con dieciséis (16) años de suspensión de su derecho a ejercer cargos públicos, por la presunta comisión de actos de corrupción y la decisión del Tribunal Superior de Bogota de abrirle juicio penal y enviarlo a la Cárcel de ‘La Picota”, por las mismas causas relacionadas con el programa de Agro Ingreso Seguro, ASI, descubre toda la trama de corrupción que la versión colombiana de “Robespierre El Incorruptible”, montó desde el palacio de Mariño para ponerlo al servicio de los viejos y nuevos grupos oligárquicos colombianos, teniendo como aliados fundamentales el narco-paramilitarismo y el gobierno de  los Estados Unidos y su plan “Patriota”.
 
Tales decisiones se unen hoy al escándalo de las escuchas (“chuzadas”) ilegales ordenadas por el expresidente Uribe a sus subalternos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,  de la señora Hurtado (hoy exiliada en Panamá), que lo mismo espiaban a sus enemigos políticos, como a magistrados de la Corte y periodistas, como a sindicalistas y miembros de las organizaciones de Derechos Humanos; la alianza de congresistas, gobernadores, alcaldes con el paramilitarismo, el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” del general Naranjo, los fraudes a la ley con la iniciativa reeleccionista del uribismo, la asociación delictuosa con la familia mafiosa de los Nulles, las estafas en el sistema educativo, en las EPS de salud y en la DIAN, responsable del cobro de impuestos; todas las cuales tienen como común denominador su origen en el gobierno del Alvaro Uribe Vélez.
 
El caso del exministro Arias es particularmente importante, no solo por la siamesa relación de éste con Uribe Velez, sino porque, en el caso de los delitos investigados alrededor de la trama de Agro Ingreso Seguro, AIS,  y el Instituto de Investigación y Cooperación Agraria, ICCA, organismo relacionado con la OEA, se trató de una operación política organizada, planificada y desarrollada desde el poder del palacio de Nariño, dirigida a construirle la campaña electoral  al presunto sucesor de Uribe Vélez en la presidencia de la República de Colombia, con recursos del Estado y la connivencia de grupos económicos de la costa Caribe, beneficiarios de elevados préstamos de dinero, que debieron ser destinados para los campesinos y pequeños productores colombianos.
 
Tan importante como lo hechos anteriormente expuestos es que las decisiones administrativas y judiciales contra el grupo mafioso agrupado alrededor de “Varito”,  evidencian una ruptura del “Pacto de las Elites” de la oligárquica colombiana, por cuanto tales decisiones cuentan, por lo menos, con el consentimiento de uno de sus más importantes aliado durante su presidencia, el ex Ministro de la Defensa y hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos - con el apoyo de los partidos tradicionales y emergentes  de la "Unidad Nacional" -  quien pareciera que, de esa manera, trata de quitar del escenario político neogranadino, la intratable presencia de un enemigo que pretende seguir decidiendo el curso de la política colombiana desde las sombras de sus “peones y afiles” sobrevivientes en el gobierno y las Fuerzas Militares y Policiales colombianas, y su twiter; carente ya del apoyo de sus amigos imperialistas del gobierno de los Estados Unidos, que lo están abandonando a su trágica suerte.
 
Estos acontecimientos, que parecieran tener como motivación la confrontación de dos figuras del poder oligárquico colombiano por el control y beneficio del Estado Colombiano, tiene signos que indican que esta relacionada con el nuevo liderazgo que pretende asumir el gobierno de Colombia, como portavoz de una corriente de gobiernos minoritarios que participan en el proceso de integración  y tratan de impedir o frenar, el avance de las fuerzas progresistas y revolucionarias en América Latina; propósito que no puede ser desarrollado con el esquema nacional e internacional de confrontación política y militar que sigue promoviendo por Alvaro Uribe Vélez y, con el estado de descomposición de las élites gobernantes,  que exige una relegitimación ética del Poder, solo alcanzable con la atenuación de la guerra interior y la superación de la tensión con sus vecinos y la proscripción de los grupos corruptos y narcoparamilitares que le sirvieron de sustento al proyecto mafioso de “El 82”.
 
yoelpmarcano@yahoo.com


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Yoel Pérez Marcano


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