En todas estas ciudades se sigue un mismo patrón de ocupación espontánea
de espacios inadecuados convirtiéndolos en poco tiempo en zonas de
alto riesgo y extrema pobreza. La condición de ocupación informal
o ilegal como la caracterizan los diversos entes gubernamentales de
diferentes ciudades de Latinoamérica, las excluyen de los respectivos
presupuestos de inversión en obras de infraestructura. Sólo en los
casos de la manifestación de la emergencia y de la consiguiente declaratoria,
es cuando se gestionan recursos para ubicarlos en refugios.
Es así, como en México,
por ejemplo, la situación de las viviendas construidas en zonas de
riesgo ha aumentado aproximadamente en un 70 por ciento según datos
del Instituto Nacional de Estadísticas Mexicanas (INEM) 2009; las viviendas
son autoconstruidas sin supervisión ni permisología de ningún
tipo y muy vulnerables en su calidad, carecen de servicios básicos
y los problemas de deslizamientos son inducidos por el inadecuado
sistema de canalización de aguas que ocasiona sobresaturación de
los suelos, incrementándose aún más con las lluvias el riesgo
sobre el terreno, de por sí ya con apreciable inestabilidad de geológica.
En la mayoría de las
ciudades venezolanas se presenta la misma problemática de riesgo y
deterioro ambiental, siendo motivo de análisis y evaluación por parte
de especialistas, científicos y académicos de las universidades venezolanas,
gremios profesionales y demás organismos del estado.
Estos han indicado
que el problema del poblamiento informal o inducido por terceros, se
inicia el mismo momento en que a un barrio no se le desarrolla su respectivo
proyecto de habilitación física. La ubicación se deja totalmente
a la libre actuación de sus ocupantes y a su entera responsabilidad,
haciéndose los gobiernos indiferentes hasta el momento cuando se presenta
la situación de emergencia. Esta es atendida con refugios improvisados
y temporales, que devienen en permanentes a la espera de las prometidas
viviendas, las cuales sólo por la vía de la excepción y del
criterio selectivo son entregadas a los afectados, impredeciblemente
años después.
En los poblamientos
informales de las zonas de alto riesgo lo que impera es la anarquía
de la sobrevivencia, reproduciéndose el ciclo vicioso de ocupación
de áreas inestables geológicamente que son aceleradas en sus riesgos
por las ocupaciones y reocupaciones descontroladas, con lo que el ciclo
se hace recurrente e indetenible, en una dinámica casi exclusiva
de la pobreza.
En toda nueva ocupación
informal o invasión que se efectúe en zonas de riesgo deberían las
autoridades gubernamentales actuar con celeridad para paralizar, prohibir
su prosecución por la seguridad de sus ocupantes y la protección de
sus vidas así como por la calidad del ambiente y poder actuar
manera ordenada de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial
y urbano.
La provisión de
viviendas seguras a la población es un derecho
y deber establecido en la Constitución de 1999,
de la República Bolivariana de Venezuela, y
respaldado en sus más recientes leyes, como Ley Orgánica de Emergencia
para Terrenos y Vivienda, dictada el 29 de enero de 2011.
En esta última ley se definen las áreas como AREHA, ZOPI, ZORI, siendo
la primera una zona inhabitable, declarada de riesgo, de peligro
potencial para la vida y permanencia segura de las familias; la
segunda, ZOPI, una zona de peligro inminente para ser habitada con seguridad,
y ZORI una zona de riesgo. Esta novísima Ley venezolana establece
que dichas zonas deberán ser resguardadas mediante un régimen
de seguridad especial.
Ante esa realidad,
el lanzamiento nacional de la Misión Vivienda
Venezuela en mayo 2011 por parte del gobierno bolivariano, ha sido
conceptuada como un proceso científico y de solución integral,
para satisfacer las necesidades de vivienda de casi 2 millones de
familias en un período de 7 años, todo con la finalidad de pretender
mejorar las condiciones materiales de existencia de la mayor parte de
la población. De esta manera, se están
estableciendo sólidas bases teóricas y conceptuales para
guiar un proceso inédito, masivo e impresionante de construcción de
viviendas a mediano plazo, que debería erradicar el patrón de poblamiento
espontáneo y de hecho contribuir a
romper el ciclo generador de viviendas en
zonas de riesgo.
En paralelo a la construcción
de esas nuevas viviendas, se requerirá de proyectos de rehabilitación
de la infraestructura de las viviendas en los barrios, ya que hasta
ahora el incremento del número de viviendas informales en estado de
precariedad con altos impactos ecológicos ha sido producto de una falta
de oferta de viviendas nuevas y seguras a precios accesibles. Se necesita
por consiguiente con urgencia el mejoramiento de la infraestructura
habitacional y urbana para mitigar la generación de zonas de riesgo.
En Venezuela, los
organismos oficiales actúan en las zonas de riesgo una vez declarada
la emergencia, pero nunca se ha presentado una solución
suficiente para atender integralmente a todos los necesitados. La mayor
intensidad y frecuencia de las lluvias, así como el mayor hacinamiento
por población migratoria interna y extranjera con carencia de
oportunidades de empleo, complejifican la situación.
La complejidad es de
tal magnitud que ya no se puede señalar un sector específico. Es así
como todos los barrios marginados de cualquier ciudad y en especial
de la gran Caracas y sus alrededores presentan afectación o riesgo
incluyendo los ubicados a los lados de los cursos de quebradas y debajo
de puentes o edificaciones tomadas a la fuerza. La vulnerabilidad es
latente, siempre ha estado allí por décadas, y se incrementa con las
lluvias y la alteración del medio. Esto sin considerar el riesgo sísmico
como el de la ciudad de Caracas, con sus características topográficas
y geomorfológicas, con la estrechez de su valle limitado por fallas
geológicas; y en contra de su seguridad, sus vías de acceso limitadas
y congestionadas ante cualquier mínimo imprevisto.
Las reubicaciones de
viviendas de las zonas de riesgo se debe realizar tomando en cuenta
todas las variables de planificación urbana, el inventario de zonificación
de áreas habitables, amenazas y riesgos geológicos/ambientales, disponibles
en las instituciones oficiales, alcaldías y demás entes ligados con
el tema, con el objetivo de solventar el problema de manera integral,
y no desplazar a otras zonas los problemas de superpoblación, congestionamiento
y riesgo.
Para frenar el ciclo
indetenible de generación de ocupación zonas de riesgo se requiere
actuar preventivamente conociéndose de antemano la frecuencia
con que se suceden estos fenómenos regulares de temporadas de
lluvias e inundaciones por crecidas de quebradas y ríos. Y también
ante los fenómenos de “magnitud extraordinaria”, como vaguadas,
deslaves, tormentas tropicales y otros.
La ocurrencia de los fenómenos naturales regulares, deberían permitir a los gestores de gobierno y a los ocupantes de esas áreas organizarse para tener una actuación preventiva que conduzca a la reducción de daños y de pérdidas de vidas humanas.
En países como Colombia, el manejo
situacional de esta problemática se enfrenta bajo el enfoque
técnico de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias
DPAE, para la reducción al mínimo posible de los daños materiales
mediante la modificación de la resistencia y los niveles de exposición
de sus elementos con el fin de mitigar el riesgo. Para las
zonas de ladera en Bogotá, a partir de los estudios detallados de riesgo
y de las emergencias que se han presentado, se definió la necesidad
de adelantar un programa de reubicación de familias ubicadas en “zonas
de alto riesgo no mitigable”, dado que existen sectores donde la construcción
de obras de mitigación de riesgos es inviable técnica, económica
o ambientalmente.
Las viviendas de las familias en alto riesgo
son priorizadas teniendo en cuenta las que están en situación de
destrucción parcial y total: colapso estructural no habitable;
destrucción por la actividad del fenómeno y riesgo para la
construcción de obras de mitigación. Bajo ese esquema se establecen
planes de prevención y atención de emergencias.
Esa calificación es incorporada en el Plan de Ordenamiento Territorial como suelos de protección por riesgo, por su condición de riesgo no mitigable y no pueden ser destinados para uso urbano, recomendándose un uso forestal o recreacional pasivo
El Programa de reubicaciones establece la demarcación física y señalización de los suelos de protección por alto riesgo para evitar su ocupación e integrarlos a programas de rehabilitación, que busca mejorar el hábitat a través de las entidades encargadas de protección y control ambiental.
Otro ejemplo, es la
ciudad de Tegucigalpa donde la situación es semejante, y según conclusiones
del Foro Nacional para las Migraciones Honduras 2009 (FONAMIH), esta
es una de las consecuencias de la migración interna que conlleva a
la “saturación del espacio y provoca serias consecuencias en materia
de vivienda, transporte, recolección de basura, acceso al agua potable,
energía eléctrica y empleo en el lugar receptor de la migración interna”.
La cantidad de ejemplos para ciudades de Latinoamérica y de Venezuela sobraría, pero el factor común es el mismo ligado a la pobreza y especialmente a la carencia de políticas de estado y gestión gubernamental, al incumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo Municipal; a la falta de opciones de empleo y calidad de vida, que al final se constituye en un ciclo indetenible de generación de barrios en zonas de riesgo, evidenciando los problemas sociales existentes y las debilidades de la gestión gubernamental para enfrentarlos.
(*) Ing. Geólogo
