El ciclo de generación de barrios en zonas de riesgo

La población de las principales ciudades de Latinoamérica como México, Tegucigalpa, La Paz, Santa Fe de Bogotá, Caracas y otras tantas, vive en gran porcentaje en situaciones de vulnerabilidad, por estar sus viviendas ubicada en zonas de riesgo, que no son debidamente desalojadas, desincorporadas o reforzadas con obras de ingeniería para atenuación de riesgos y mejoramiento integral de la calidad de vida y hábitat de sus habitantes.

En todas estas ciudades se sigue un mismo patrón de ocupación espontánea de espacios inadecuados convirtiéndolos en poco tiempo en zonas de alto riesgo y extrema pobreza. La condición de ocupación informal o ilegal como la caracterizan los diversos entes gubernamentales de diferentes ciudades de Latinoamérica, las excluyen de los respectivos presupuestos de inversión en obras de infraestructura. Sólo en los casos de la manifestación de la emergencia y de la consiguiente declaratoria, es cuando se gestionan recursos para ubicarlos en refugios. 

Es así, como en México, por ejemplo, la situación de las viviendas construidas en zonas de riesgo ha aumentado aproximadamente en un 70 por ciento según datos del Instituto Nacional de Estadísticas Mexicanas (INEM) 2009; las viviendas son autoconstruidas sin supervisión ni  permisología de ningún tipo y muy vulnerables en su calidad,  carecen de servicios básicos y los problemas de deslizamientos son inducidos  por el inadecuado sistema de canalización de aguas que ocasiona sobresaturación de los suelos, incrementándose  aún más con las lluvias el riesgo sobre el terreno, de por sí ya con apreciable inestabilidad de geológica.  

En la mayoría de las ciudades venezolanas se presenta la misma problemática de riesgo y deterioro ambiental, siendo motivo de análisis y evaluación por parte de especialistas, científicos y académicos de las universidades venezolanas, gremios profesionales y demás organismos del estado. 

Estos han indicado que el problema del poblamiento informal o inducido por terceros, se inicia el mismo momento en que a un barrio no se le desarrolla su respectivo proyecto de habilitación física. La ubicación se deja totalmente a la libre actuación de sus ocupantes y a su entera responsabilidad, haciéndose los gobiernos indiferentes hasta el momento cuando se presenta la situación de emergencia. Esta es atendida  con refugios improvisados y temporales, que devienen en permanentes a la espera de las prometidas viviendas, las cuales sólo por la vía de la excepción  y del criterio selectivo son entregadas a los afectados,  impredeciblemente años después.  

En los poblamientos informales de las zonas de alto riesgo lo que impera es la anarquía de la  sobrevivencia, reproduciéndose el ciclo vicioso de ocupación de áreas inestables geológicamente que son aceleradas en sus riesgos por las ocupaciones y reocupaciones descontroladas, con lo que el ciclo se hace recurrente  e indetenible, en una dinámica casi exclusiva de la pobreza.  

En toda nueva ocupación informal o invasión que se efectúe en zonas de riesgo deberían las autoridades gubernamentales actuar con celeridad para paralizar, prohibir su prosecución por la seguridad de sus ocupantes y la protección de sus vidas así como por la calidad del ambiente y poder  actuar  manera ordenada de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial y urbano.  

La provisión de viviendas seguras a la población es un derecho y deber establecido en la Constitución de 1999, de la República Bolivariana de Venezuela, y respaldado en sus más recientes leyes, como Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, dictada el 29 de enero de 2011.  En esta última ley se definen las áreas como AREHA, ZOPI, ZORI, siendo la primera una zona inhabitable, declarada de riesgo, de peligro potencial para la vida y permanencia segura de las familias; la segunda, ZOPI, una zona de peligro inminente para ser habitada con seguridad, y ZORI una zona de riesgo. Esta novísima Ley venezolana establece que dichas  zonas deberán ser resguardadas mediante un régimen de seguridad especial. 

Ante esa realidad, el lanzamiento nacional de la Misión Vivienda Venezuela en mayo 2011 por parte del gobierno bolivariano, ha sido conceptuada como un proceso científico y de solución integral, para satisfacer las necesidades de vivienda de casi 2 millones de familias en un período de 7 años, todo con la finalidad de pretender mejorar las condiciones materiales de existencia de la mayor parte de la población. De esta manera, se están estableciendo  sólidas  bases teóricas y conceptuales para guiar un proceso inédito, masivo e impresionante de construcción de viviendas a mediano plazo, que debería erradicar el patrón de poblamiento espontáneo  y de hecho contribuir a romper el ciclo generador de viviendas en zonas de riesgo. 

En paralelo a la construcción de esas nuevas viviendas, se requerirá de proyectos de rehabilitación de la infraestructura de las viviendas en los barrios, ya que hasta ahora el incremento del número de viviendas informales en estado de precariedad con altos impactos ecológicos ha sido producto de una falta de oferta de viviendas nuevas y seguras a precios accesibles. Se necesita por consiguiente con urgencia el mejoramiento de la infraestructura habitacional y urbana para mitigar la generación de zonas de riesgo.  

En Venezuela, los organismos oficiales actúan en las zonas de riesgo una vez declarada la emergencia, pero nunca se ha presentado una solución suficiente para atender integralmente a todos los necesitados. La mayor intensidad y frecuencia de las lluvias, así como el mayor hacinamiento por  población migratoria interna y extranjera con carencia de oportunidades de empleo, complejifican  la situación. 

La complejidad es de tal magnitud que ya no se puede señalar un sector específico. Es así como todos los barrios marginados de cualquier ciudad y en especial de la gran Caracas y sus alrededores  presentan afectación o riesgo incluyendo los ubicados a los lados de los cursos de quebradas y debajo de puentes o edificaciones tomadas a la fuerza. La vulnerabilidad es latente, siempre ha estado allí por décadas, y se incrementa con las lluvias y la alteración del medio. Esto sin considerar el riesgo sísmico como el de la ciudad de Caracas, con sus características topográficas y geomorfológicas, con la estrechez de su valle limitado por fallas geológicas; y en contra de su seguridad, sus vías de acceso limitadas y congestionadas ante cualquier mínimo imprevisto. 

Las reubicaciones de viviendas de las zonas de riesgo se debe realizar tomando en cuenta todas las variables de planificación urbana, el inventario de zonificación de áreas habitables, amenazas y riesgos geológicos/ambientales, disponibles en las instituciones oficiales, alcaldías y demás entes ligados con el tema, con el objetivo de solventar el problema de manera integral, y no desplazar a otras zonas los problemas de superpoblación, congestionamiento y riesgo. 

Para frenar el ciclo indetenible de generación de ocupación zonas de riesgo se requiere actuar preventivamente conociéndose de antemano la  frecuencia con que se suceden estos fenómenos regulares  de temporadas de lluvias e inundaciones por crecidas de quebradas y ríos. Y también ante los fenómenos de “magnitud extraordinaria”, como vaguadas, deslaves, tormentas tropicales y otros. 

La ocurrencia de los fenómenos naturales regulares, deberían permitir a los gestores de gobierno y a los ocupantes de esas áreas  organizarse para tener una  actuación preventiva que conduzca a la reducción de daños y de pérdidas de vidas humanas.

En países como Colombia, el manejo situacional de esta problemática  se enfrenta bajo el enfoque técnico de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE, para la reducción al mínimo posible de los daños materiales mediante la modificación de la resistencia y  los niveles de exposición de sus elementos  con el fin de mitigar el riesgo. Para las zonas de ladera en Bogotá, a partir de los estudios detallados de riesgo y de las emergencias que se han presentado, se definió la necesidad de adelantar un programa de reubicación de familias ubicadas en “zonas de alto riesgo no mitigable”, dado que existen sectores donde la construcción de obras de mitigación de riesgos es inviable técnica, económica o ambientalmente. 
 
Las viviendas de las familias en alto riesgo son priorizadas teniendo en cuenta las que están en situación de  destrucción parcial y total: colapso estructural no habitable; destrucción por la actividad del fenómeno y   riesgo para la construcción de obras de mitigación. Bajo ese esquema se establecen planes de prevención y atención de emergencias.

Esa calificación es incorporada en el Plan de Ordenamiento Territorial como suelos de protección por riesgo, por su condición de riesgo no mitigable y no pueden ser destinados para uso urbano, recomendándose un uso forestal o recreacional pasivo

El Programa de reubicaciones establece la demarcación física y señalización de los suelos de protección por alto riesgo para evitar su ocupación e integrarlos a programas de rehabilitación, que busca mejorar el hábitat a través de las entidades encargadas de protección y control ambiental.

Otro ejemplo, es la ciudad de Tegucigalpa donde la situación es semejante, y según conclusiones del Foro Nacional para las Migraciones Honduras 2009 (FONAMIH), esta es una de las consecuencias de la migración interna que conlleva a la “saturación del espacio y provoca serias consecuencias en materia de vivienda, transporte, recolección de basura, acceso al agua potable, energía eléctrica y empleo en el lugar receptor de la migración interna”. 

La cantidad de ejemplos para ciudades de Latinoamérica y de Venezuela sobraría, pero el factor común es el mismo ligado a la pobreza y especialmente a la carencia de políticas de estado y gestión gubernamental, al incumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo Municipal; a la falta de opciones de empleo y calidad de vida, que al final se  constituye en un ciclo indetenible de generación de barrios en zonas de riesgo, evidenciando los problemas sociales existentes y las debilidades de la gestión gubernamental para enfrentarlos.  

(*) Ing. Geólogo

 ofanti01@yahoo.com



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Oscar Fanti Arangú (*)


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