Los acontecimientos políticos luego de la victoria revolucionaria en el referéndum y en las elecciones regionales del 31 de octubre se suceden vertiginosamente. Ya con anterioridad (septiembre/2004) establecimos que luego del referéndum, lo planteado en Venezuela es la disputa por el rumbo que toma la revolución. Hoy más que nunca esta afirmación se hace palpable en cada uno de los hechos presentados en las últimas semanas. Las incongruencias de la revolución bolivariana están a punto de hacer “estallar la olla”.

Por un lado se pregona por todo el mundo el proceso venezolano, destacando los recientes eventos realizados en Caracas y otras ciudades, el Encuentro de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, y el 2° Congreso Bolivariano de los Pueblos. A estos eventos asistieron intelectuales, dirigentes políticos y activistas de movimientos sociales que en sus respectivos países representan la oposición al modelo imperialista, neoliberal y guerrerista que ha impuesto los Estados Unidos y los factores de poder mundial. Venezuela se ha venido convirtiendo en el centro de confluencia de los sectores revolucionarios y verdaderamente democráticos de todo el mundo.

Pero dentro de la misma revolución venezolana siguen predominando tendencias políticas que no tienen nada de revolucionarias, nada de democráticas, ni siquiera de progresistas. Mencionemos por ejemplo algunos hechos sucedidos en el Congreso Bolivariano de los Pueblos al sesionar aquí en Maracaibo. En una de las mesas de trabajo, un comunicador social que dijo representar al Frente Cívico-Militar del MVR (tendencia liderizada por Calixto Ortega, Jorge Durán Centeno, Edis Ríos y Silvestre Villalobos, entre otros), expuso lo que desde hace años configura el programa político abiertamente de derecha de esa tendencia política que controla casi todas las estructuras del Estado en el Zulia. Comenzó por decir que los bolivarianos no debían llamarse entre sí como “camaradas”, pues esa palabra era propia de los partidos comunistas, sino que debería usarse el término “compatriota” (descartó “compañero” por haber sido pervertido por Acción Democrática). Luego dijo que el día continental de la resistencia antiimperialista en América, para el cual se propuso la fecha del 8 de octubre de cada año, día de la caída en combate del comandante Ernesto Ché Guevara, debía ser modificado a otra fecha “más acorde con el sentimiento de los latinoamericanos”, como las fechas de natalicio de Bolívar o San Martín. Para rematar, refiriéndose al imperialismo, afirmó que ya era hora de comenzar a denunciar a los verdaderos enemigos imperialistas de los pueblos latinoamericanos y del mundo, como son, supuestamente, el imperialismo Chino y el Ruso, dejando de mencionar explícitamente en su exposición al imperialismo norteamericano.

De manera que según las propuestas del llamado Frente Cívico-Militar del MVR, hay que excluir del programa político de la revolución bolivariana, así como de los partidos y movimientos sociales que luchan contra el imperialismo en cualquier país del mundo, las referencias que puedan indicar un carácter marxista o socialista de las luchas de los pueblos. Según ellos, no son los Estados Unidos, sino los Chinos, los verdaderos enemigos imperialistas de los pueblos. Estas ideas cuadran perfectamente con la prédica pública que por años ha mantenido el capitán Jorge Durán Centeno en el sentido de excluir del MVR y de las filas “revolucionarias” a todos los izquierdistas, a quien él llama despectivamente el “chiripero”. Irónicamente, este capitán sigue siendo muy cercano amigo del presidente Chávez, y recientemente fue premiado con el consulado venezolano en Brasilia, a pesar de la gran cantidad de denuncias públicas por corrupción y tráfico de influencias que desde hace cinco años por lo menos se vienen haciendo contra él aquí en el Estado Zulia.

Pero en el Congreso Bolivariano de los Pueblos ocurrieron otros hechos en otra de las mesas. Como lo han denunciado diversos grupos ecologistas del Zulia, al momento de discutirse y denunciarse en dicho evento los planes de expansión de la explotación carbonífera en el Zulia, planes que amenazan las tierras de numerosas comunidades indígenas Wayúu, Yukpa y Barí ubicadas en la Sierra de Perijá, el Presidente de Corpozulia (organismo promotor de dichos planes carboníferos), general Carlos Eduardo Martínez, llamó “mafia verde financiada por la CIA y opuesta al desarrollo del país” al referirse a los grupos ecologistas, acusando directamente a Lusbi Portillo, Profesor Titular de la Universidad del Zulia y reconocido luchador ecologista e indigenista de las últimas décadas en el Estado, de ser un saboteador financiado por la CIA. Esta acusación la complementó días después el funcionario del Ministerio de Energía y Minas Juan Rojas, quien acusó públicamente a quienes se oponen al plan de expansión del carbón como “terroristas”, haciendo especial alusión al profesor Lusbi Portillo como uno de esos “terroristas”.

Es de resaltar que en las mesas del Congreso Bolivariano se aprobó el rechazo decidido a esos planes de expansión carbonífera en el Zulia, contando para ello con el aval de los representantes de movimientos sociales de países como Ecuador, Bolivia y Perú, en los cuales han ocurrido en tiempos recientes importantes movimientos de protesta contra las atrocidades ecológicas generadas por la irracional explotación minera que ejecutan las compañías multinacionales amparadas por los gobiernos lacayos del imperio. Falta ver si esas conclusiones serán finalmente publicadas, o si serán “retocadas” para que no se noten las incongruencias de una revolución que ejecuta planes abiertamente contrarios a sus postulados teóricos.

Esta cuestión del carbón es particularmente grave, si consideramos que el territorio donde se explota carbón es limítrofe con Colombia, que es una zona dominada por el paramilitarismo en alianza con el ejército colombiano y también con sectores de las fuerzas armadas venezolanas. Que llamar terrorista a alguien en esa zona es condenarlo a una muerte pronta y segura. Cuando el general Martínez y los funcionarios del MEM criminalizan la lucha de las comunidades indígenas que defienden sus territorios ancestrales, están dando luz verde para la actuación del paramilitarismo contra esas comunidades venezolanas. Su intención es quitarle las tierras a los indígenas aduciendo que quienes los liderizan están siendo manipulados por la guerrilla colombiana, argumento que por cierto no tiene nada de novedoso, sino que constituye las mismas acusaciones que en los años 90 los parlamentarios, alcaldes y gobernadores adecos y copeyanos utilizaron contra las comunidades Yukpa y Barí y contra los sectores de la sociedad civil que nos oponíamos a los planes de explotación de Carbón y de Petróleo en la Sierra de Perijá.

Tal vez la gota que está rebosando el vaso ha sido la detención del representante internacional de las FARC, cuando éste se encontraba en un café de Caracas, muy cerca del Hotel Hilton. La denuncia que por internet presentan ciudadanos colombianos que demuestran estar vinculados a dicho grupo guerrillero, acusa directamente a miembros de la policía política venezolana, la Disip, como los ejecutores de la detención del llamado “canciller de las FARC” y posterior entrega en Cúcuta a las autoridades militares colombianas.

No pretendemos aquí ni mucho menos hacer algún tipo de apología de la guerrilla colombiana, cuyas estrategias no compartimos, pero es evidente que colaborar con los organismos de inteligencia del gobierno colombiano para capturar en Caracas a un personaje que se supone confiaba de los buenos oficios del gobierno venezolano para exponer su visión del conflicto colombiano ante los diferentes representantes internacionales que en las primeras semanas de diciembre se encontraban en el país, es algo que supera cualquier justificación.

Más grave aún si lo vemos ahora con la reciente extradición a los Estados Unidos de otro de los jefes de las FARC, Simón Trinidad. La captura de Granda, el “canciller de las FARC”, sería como una muestra de algún tipo de compromiso de parte del gobierno de Chávez hacia el gobierno colombiano y hacia el propio gobierno de Bush. Es decir, por una parte se hacen eventos para reunir a los revolucionarios de todo el mundo y proclamar la fortaleza y el apoyo hacia la revolución bolivariana, y al mismo tiempo esta revolución bolivariana captura a uno de esos representantes revolucionarios y lo entrega al imperialismo como muestra de afecto. Mayor abominación no puede ser concebida, y como ha dicho correctamente Heinz Dieterich, el gobierno venezolano está en la obligación de aclarar punto por punto todo lo referente a la captura del señor Granda, así como también debe aclarar, en el caso de los planes carboníferos, si realmente se van a respetar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas a la tierra.

Algo parecido a esta “captura” de luchadores sociales ocurrió hace algunos años con varios exiliados vascos, que tenían más de 20 años de residencia en Venezuela, y que inexplicablemente, y pasando por encima de todo marco legal, el gobierno de Chávez los detuvo y los entregó al gobierno protofascista de José María Aznar.

Las incongruencias del proceso bolivariano no comienzan ni terminan en los aspectos que hemos comentado. Entre tantos absurdos que presenciamos con dolor todos los días, realmente sigue destacando la inexplicable muerte de Danilo Anderson, el fiscal valiente. Como han dicho varios analistas, es difícil creer que uno de los personajes o grupos citados por el fiscal en relación al decreto de Carmona sean los autores intelectuales de su asesinato. Todo el mundo sabe y ha comprobado fehacientemente en los últimos años que la justicia venezolana no es amenaza para nadie, que es relativamente fácil sortear un juicio y sobornar a uno, a varios o a decenas de jueces, por más que un fiscal terco se empeñara en creer en la verdadera justicia. Aunque Danilo Anderson intentara hacer justicia, los acusados sabían que más adelante cualquier tribunal los absolvería, y no tiene lógica que se arriesgaran a promover un asesinato que con toda probabilidad si les podría generar un riesgo seguro no sólo de cárcel, sino para sus propias vidas, sobre todo para quienes son personajes públicos.

Hasta ahora, el asesinato de Anderson lo que ha generado es un golpe durísimo contra las posiciones revolucionarias que espontáneamente han aflorado en cientos de miles de ciudadanos venezolanos que desde posiciones secundarias han apoyado este proceso bolivariano. Porque Anderson no era un jefe de esta revolución y estaba muy lejos de la cúpula dirigente que gobierna con Chávez. Si se quería hacerle daño a Chávez, es extraño que se haya atentado contra alguien que no formaba parte de su entorno y que prácticamente a nadie le dolió su muerte en el gobierno (salvo a Isaías Rodríguez, quien de manera sorpresiva ha hecho en el último mes lo que dejó de hacer en los cinco años anteriores). Hemos visto con vergüenza como algunos Gobernadores y Diputados chavistas exigen la pronta captura de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Anderson, pero no porque expresen algún sentimiento particular hacia el fiscal asesinado y sus ejecutorias, sino para impedir que ellos puedan correr la misma suerte.

El no esclarecimiento del crimen de Anderson tendrá un efecto devastador contra lo que queda del podrido sistema judicial venezolano. Si antes no habían fiscales valientes ni jueces valientes que hicieran justicia, pues ahora mucho menos. Todo lo contrario, cualquier funcionario preservará primero su integridad física antes de actuar o denunciar eventuales actos de corrupción que, como todos sabemos, vienen proliferando en la administración pública.

Otro elemento inexplicable en el crimen de Anderson es sus propios asesinos. Los Guevara y demás funcionarios implicados estaban acusados públicamente desde el 2001 de trabajar para la CIA, cuando ocurrió el affaire Montesinos. Es increíble que estos tipos hayan seguido actuando en el país con entera libertad, llegando incluso a ser propietarios de galerías de tiro y dueños de empresas importadoras de equipos antimotines. Por si eso no bastara, la esposa de uno de ellos es fiscal del ministerio público. Esta brutal ineficiencia de la inteligencia del Estado venezolano para actuar contra agentes de la CIA, contrasta con acciones tan impecables como el secuestro del delegado de las FARC en Caracas. Pero ahí no quedan los absurdos. Estos hermanos y primos Guevara, entrenados y expertos en inteligencia, contrainteligencia y cualquier otro escenario de espionaje y sabotaje ultrasecreto, dejaron más huellas que un elefante y se dejaron agarrar como si fueran niños aficionados jugando a una película de detectives.

No pretendemos acusar a nadie, pero las interrogantes que aquí hemos planteado sobre el crimen de Danilo Anderson deben ser aclaradas también, punto por punto, por el gobierno de Chávez. No consideramos aquí las acusaciones que ha realizado el concejal Carlos Herrera, considerando que el mismo forma parte de fuerzas de oposición y que probablemente en sus afirmaciones pueden haber elementos tendenciosos (todos hemos visto como un sector chavista parece estarse aprovechando de estas acusaciones para intentar liquidar a otro grupo de poder dentro del chavismo).

El presidente Chávez habla de el gran salto adelante, de la revolución en la revolución, pero no es posible profundizar un proceso apoyándose principal y casi exclusivamente en una serie de dirigentes que por seis años lo que han hecho es entrabar e impedir cualquier profundización de la revolución, mientras al mismo tiempo ejecutan sus propias agendas personales, que en casi todos los casos pasan por meterle mano al erario público. Nadie ha dicho nada sobre el ex-viceministro chavista que fue capturado en Miami con un sencillito de cuarenta mil dólares en el bolsillo. Ese tipo es simplemente la punta del iceberg. Tal vez los demás no son tan estúpidos como para llevar esa cantidad en el bolsillo, o simplemente no han tenido esa mala suerte. Pero de que hay pillos en el chavismo, y muchos, estamos totalmente seguros, porque los vemos todos los días, porque hemos seguido su trayectoria y su comportamiento desde mucho antes que Chávez ganara la presidencia, así que hablamos con total conocimiento de causa.

No pretendemos en modo alguno ubicarnos como “oposición”. Todo lo contrario, esta revolución es tal gracias al pueblo, gracias a millones de ciudadanos venezolanos que salieron a las calles el 13 de abril y que permitieron el regreso de Chávez al poder. Nuestro lugar está en la calle, junto al pueblo bolivariano y revolucionario, junto a los trabajadores, los indígenas, los campesinos, los estudiantes, los ecologistas, los activistas culturales, los profesionales, las amas de casa, los jóvenes, los cooperativistas y todos aquellos que de una u otra forma aportan su grano de arena para que esta revolución se ejecute en todos sus puntos consagrados en la Constitución de 1999.

La revolución bolivariana está en un cruce de caminos. Cada día se hace más evidente que el grueso de la burocracia chavista gobernante no desea promover nada que se parezca a una revolución de verdad. El reciente proceso electoral en el Zulia es el mejor ejemplo de cómo la burocracia chavista es capaz de pactar con el enemigo (en este caso, con Rosales) para evitar el triunfo de un sector político, como era el General Gutiérrez, que no representaba a ninguno de las cúpulas cogolléricas de los partidos y facciones del chavismo oficial. Como diversas personalidades han venido denunciando públicamente, grupos como el ya citado Frente Cívico-Militar, y partidos como Lago, Por Maracaibo, Podemos y PPT, llamaron a su militancia a no votar por el general Gutiérrez, votos que en su mayoría se orientaron hacia Manuel Rosales y que es lo que explica que habiendo ganado en el Zulia el referendo revocatorio perdiéramos las elecciones de gobernador.

Las tensiones sociales que se generan con esta conducta ambivalente del chavismo burocrático son grandes. Otro ejemplo lo tenemos en el sector de distribución de la gasolina. Mientras los jerarcas del MEM en el Zulia, en componendas con altos oficiales de la Guardia Nacional, se mueven en el negocio del contrabando de gasolina hacia Colombia (y que en estos días ha sido la causa del desabastecimiento de combustible en los municipios Mara y Páez), al mismo tiempo el MEM y PDVSA les niegan elementales compromisos laborales a los choferes transportistas de gasolina, chantajeándolos con que serían calificados de golpistas y contrarrevolucionarios sin llegan a declarar un conflicto sindical, a pesar de que razones justas les sobran, pues la parte patronal ha dejado de cumplir acuerdos firmados desde el 2002. Es decir, mientras los jefes se hacen ricos vendiendo de contrabando nuestra gasolina en Colombia, a los trabajadores se les niegan los más elementales derechos laborales. Agregamos aquí que de acuerdo a denuncias de parlamentarios colombianos, este negocio de la venta de gasolina venezolana hacia el hermano país constituye un vínculo entre los paramilitares y gerentes de PDVSA (esta denuncia apareció en varios diarios venezolanos).

Esta realidad que se extiende por todo el país exige que los revolucionarios intervengan decididamente denunciando a los sectores que se oponen al cumplimiento de las ideas fundamentales de esta revolución bolivariana. Hay que combatir a los aventureros y oportunistas que se disfrazan bajo un pretendido discurso radical para embaucar a sectores populares y ponerlos al servicio de proyectos personales. En los meses que siguen, la disputa por definir el rumbo que toma la revolución signará la realidad política venezolana. De lo que hagamos los revolucionarios depende el futuro de la patria.

Hay que dar un paso al frente, hacerse presente en la lucha de tendencias, contribuir cada día a perfilar mejor un programa revolucionario a la vez que se desenmascara a los reformistas y oportunistas. La construcción de plataformas unitarias, la edición de periódicos y documentos para la discusión, el trabajo conjunto en las comunidades, son elementos a fortalecer en lo inmediato. Deben constituirse fuerzas revolucionarias en los sindicatos, en los medios alternativos, entre los estudiantes, profesionales, campesinos, cooperativistas, ecologistas, indígenas, en todas las misiones, al interior de las instituciones del Estado, en las fuerzas armadas. Proponer un Plan Nacional de Emergencia que profundice las conquistas de la revolución mediante la movilización del pueblo y el ejercicio de la contraloría social.

La historia no espera, debemos llenar el vacío de dirección revolucionaria que ha tenido este proceso desde 1999. Y esa dirección revolucionaria sólo puede construirse si considera la diversidad presente en las tendencias transformadoras que existen en el país. Ningún grupúsculo podrá estar en capacidad de incidir realmente en el proceso político venezolano. Construir una fuerza revolucionaria de dimensiones nacionales, que arrastre tras de sí a toda esa energía transformadora que el pueblo ha manifestado reiteradamente desde 1989. Ese es el reto que asumimos, para estar a la altura del glorioso legado de nuestra historia.

El 2005 debe ser el año de la unidad de los sectores revolucionarios y del combate contra las tendencias burocráticas y derechistas que amenazan con desviar definitivamente el rumbo de la revolución bolivariana. El camino que hay que tomar es el de la revolución genuina, haciendo cumplir los postulados de la Constitución Bolivariana, partiendo de la organización y movilización de todo el pueblo venezolano.

*Historiador. Profesor de la Universidad del Zulia. Miembro del Movimiento 13 de abril/PNA. Ex-coordinador de la zona Zulia-Falcón del Ministerio del Trabajo. Miembro del equipo promotor de la UNT-Zulia y de la Fuerza Unitaria de Trabajadores Ezequiel Zamora

Maracaibo, 1° de Enero de 2005