La universidad y la LOE (I)

En 1967 y 1970, para enfrentar la subversión representada por la “renovación académica”, se aprueban dos instrumentos normativos: El Reglamento Leoni y la reforma de la Ley de Universidades de Caldera, respectivamente, que permitirían el control partidista y gubernamental de las universidades, a pesar de la existencia legal de la autonomía. Dos disposiciones de estos instrumentos severamente atentaban contra la academia universitaria, al subvertir los principios de la jerarquía en una institución de conocimientos: Eliminación del requisito de ser doctor para ser autoridad universitaria y para ser profesor asociado.

En 1970, se inicia el cambio del modelo universitario, para adecuarlo a las necesidades de la extensión de la sustitución de importaciones a bienes intermedios y de capital. Se asume una educación superior tecnocrática (habilidades y destrezas), de estudios superiores cortos y formación de profesionales para la actividad operativa, sin profundizar su formación. Se crean universidades experimentales, institutos y colegios universitarios e instituciones privadas. Se relega a las universidades autónomas por ser adversas al sistema en marcha, algo similar a lo que hoy ocurre.

En 1983, la crisis económica desatada a partir del viernes negro ejerce su influencia perniciosa en los planes gubernamentales y no permite la adecuada instrumentación del modelo tecnocrático educativo y afecta grandemente las finanzas del sector universitario. La aplicación de la llamada congelación presupuestaria, aunque iniciada un año antes, es el primer efecto de la crisis en el sector universitario.

Entre 1970 y 1988, la partidización y el clientelismo político penetran en las universidades, más fácilmente en las de reciente creación. Comisarios políticos son designados autoridades de las universidades experimentales, su planta docente se forma con militantes del partido sin mayor preparación, aparece una burocracia administrativa de carácter clientelar, no se desarrolla la planta física y no se produce la dotación necesaria (muchas semejanzas con lo que hoy ocurre).

Entre 1983 y 1988, no se produce el desarrollo esperado de las universidades experimentales, lo cual tampoco sucede en los institutos y colegios universitarios. Se profundizan los efectos negativos sobre las universidades autónomas. La congelación presupuestaria hace caer el financiamiento universitario nacional de 1.050 millones de dólares en 1982 a 330 millones de dólares en 1987. La UCV pierde más de 500 cargos docentes en este período, aunque curiosamente la nómina administrativa crece (burocracia clientelar). Continuará…

 

La Voz, pp 11, 2-12-2009, Caracas-Guarenas

 



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Luis Fuenmayor Toro


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