A propósito de la Constituyente Universitaria

Propuestas para una Nueva Universidad

Nuevamente se plantea la Constituyente Universitaria como una salida a la crisis de la educación superior venezolana. Ya sobre este tema hemos escrito muchas páginas en los últimos doce años, pero la urgencia de la transformación universitaria sigue obligándonos a proponer escenarios de acción académica y política para las ideas revolucionarias dentro de nuestras instituciones.

Los objetivos fundamentales que debe perseguir la Constituyente Universitaria serían:

  1. Colocar a las universidades a la altura de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que ha vivido Venezuela en la última década.
  2. Combatir la influencia de la burguesía (criolla y extranjera) en nuestro sistema de educación universitaria, buscando arrebatarle espacios de poder dentro de estas instituciones.

Para cumplir estos dos objetivos se deberían desarrollar estrategias en múltiples escenarios simultáneos:

  • La acción legislativa que permita modificar el marco legal de las propias universidades.
    • Concursos para ingreso del personal docente.
    • Evaluación de los docentes.
    • Elección de las autoridades rectorales.
    • Eleccion democrática de la comisión electoral universitaria.
    • Los departamentos como estructura básica de la nueva universidad.
    • Democratización de los consejos universitarios.
  • La acción del ejecutivo exigiendo el cumplimiento de una serie de aspectos contemplados en las leyes vigentes.
    • Mayor control sobre la ejecución presupuestaria.
    • Realizar auditorias sobre aspectos claves como Ciudad Colorama, la política contra la inseguridad (caso Julio Soto y otros estudiantes asesinados en LUZ).
  • La consolidación de colectivos revolucionarios de estudiantes, profesores, empleados y obreros dentro de cada institución.
    • Designación adecuada del representante ministerial en el respectivo consejo universitario.
    • Promover la unidad entre los distintos grupos bolivarianos, evitando tener preferencias que puedan acentuar la división.
    • Apoyar los proyectos académicos de los bolivarianos dentro de las universidades autónomas.
  • La conformación de una especie de buró universitario nacional que junto al MPPEU puedan definir colectivamente una estrategia revolucionaria para transformar las universidades.
    • Dado que el PSUV no ha creado una comisión de educación universitaria, crearla con representantes del MPPEU y de cada universidad del país.
    • Que funcione mensualmente y discuta globalmente la política hacia el sector universitario.
    • Que consulte sin distingos a todos los sectores bolivarianos de las universidades nacionales.
  • Iniciativas académicas y políticas múltiples y diversas, que nos coloquen a la ofensiva dentro de las universidades y permitan acumular fuerzas para ir ganando espacios de poder dentro de las mismas.
    • Impulso de seminarios sobre transformación universitaria en todas las instituciones educativas del país.
    • Publicaciones masivas de documentos y libros sobre la transformación universitaria.
    • Uso de los medios de comunicación del estado, y los medios comunitarios, para difundir la constituyente universitaria y su pertinencia social revolucionaria.

MARCO LEGAL

Sobre la modificación del marco legal, existen varios aspectos álgidos que pueden modificarse a partir de la Asamblea Nacional (ya sea con una reforma de la ley o con una nueva ley):

1. CONCURSOS PARA INGRESO DEL PERSONAL DOCENTE

Un objetivo debe ser el control sobre el ingreso de personal docente que hasta ahora está hegemonizado casi absolutamente por la derecha. Se puede establecer por ley un nuevo mecanismo de concursos, que incluya:

· Evaluación cualitativa de credenciales, en donde se valore la experiencia de actividad comunitaria del profesional. Desechar los requisitos de cursos de posgrado (los mismos deberían exigirse obligatoriamente a todos los profesores una vez ingresados).

· La presentación de una prueba escrita de conocimientos sobre temas básicos de la disciplina de concurso.

· Presentación de una exposición oral (pública) sobre temas básicos de la disciplina de concurso.

· Jurados nacionales, designados por el MPPEU (tal como existe en otros países).

· Obligatoriedad de presentar todas las pruebas. No debe existir la eliminación en alguna de estas pruebas. Todas las pruebas son apelables por los concursantes.

JUSTIFICACIÓN:

El auge de la educación privada y el proceso global de mercantilización de la educación ha creado un mercado credencialista al cual los sectores sociales de mayores recursos económicos pueden acceder con facilidad, pues a mayor capacidad económica del individuo, existen mayores posibilidades de poseer todo tipo de títulos académicos, incluso de doctorado.

 Si se mantienen los parámetros actuales de los concursos universitarios, en los cuales se valoran las credenciales en términos cuantitativos, el resultado (que vemos en la actualidad) es que los profesionales provenientes de los estratos bajos de la población no tienen posibilidades de competir en igualdad de condiciones en dichos concursos. En otras palabras, los pobres no tienen la posibilidad de reunir las credenciales suficientes para aspirar a ser docentes universitarios.

 Por otra parte, la exigencia de requisitos como la experiencia en investigación, asistencia a eventos científicos y publicaciones, también están determinadas por la capacidad económica de los individuos. Además, cada grupo de investigación dentro de las universidades actúa como un feudo aislado del resto de la institución y de la propia sociedad. Estos feudos se reproducen a sí mismos, cooptando como asistentes de investigación a los estudiantes y profesionales sumisos que aceptan actuar como repetidores del conocimiento de los investigadores ya establecidos. Los profesionales críticos, con pensamiento propio, y con inquietudes sociales y comunitarias, generalmente son abiertamente rechazados por los grupos de investigación ya establecidos. En otras palabras, los profesionales críticos no pueden ingresar como profesores en las universidades.

 Es difícil encontrar a un activista comunitario que, siendo profesional, pueda cursar posgrados (debido a las limitaciones económicas) o integrar grupos de investigación en las universidades (debido a la selección discriminante que se realiza hacia los profesionales críticos).

 Si no se modifican los fundamentos vigentes de los concursos universitarios, el personal docente que seguirá ingresando a nuestras instituciones mantendrá las carencias que hoy se observan: escasa o nula perspectiva crítica sobre la ciencia que se construye en los centros de investigación; pertenecientes a estratos altos de la población; ausencia de compromiso con la actividad comunitaria y con el entorno social en general.

 En definitiva, mantener las condiciones actuales de ingreso del personal docente, es asegurar el control indefinido de la burguesía como clase sobre nuestro sistema educativo universitario.

2. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES

Establecer por ley mecanismos de evaluación del personal docente, válidos para todas las instituciones públicas. Dicha evaluación se realizaría según los siguientes parámetros:

· Realización de estudios de posgrado, para los cuales se establecerían los plazos respectivos para alcanzar los títulos requeridos. El no cumplimiento de estos estudios serían razón suficiente para perder la condición docente.

· Realización de investigaciones, ajustadas a los lineamientos que determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta actividad sería de carácter obligatorio para todo el personal a dedicación exclusiva y tiempo completo. La actividad de investigación debe estar adscrita a un centro de investigación específico dentro de la institución.

· Realización de actividades de extensión hacia comunidades y/o instituciones del entorno universitario. Esta actividad sería de carácter obligatorio para todo el personal a dedicación exclusiva y tiempo completo. La actividad de extensión debe estar adscrita a un centro de extensión específico dentro de la institución.

· Elaboración de textos y otros materiales de estudio directamente relacionados con la o las materias que imparta el docente. Esta actividad sería de carácter obligatorio para todo el personal a dedicación exclusiva y tiempo completo.

· Presentación cada cinco años de un informe, escrito y oral, de las actividades docentes, de investigación y de extensión cumplidas por el profesor, ante un jurado calificado designado por el departamento respectivo e integrado por tres profesores. El resultado de esta evaluación determinará la permanencia del docente en sus funciones, y permitirá el ascenso al escalafón siguiente. Para ello se determinarán parámetros de evaluación de la actividad docente, de investigación y de extensión.

JUSTIFICACIÓN:

 Actualmente no existen mecanismos de evaluación de la actividad docente. Apenas lo referente a los trabajos de ascenso. Sin embargo, el retraso por décadas de los trabajos de ascenso no implica sanción alguna en nuestras universidades actuales. Por otra parte, dichos trabajos no garantizan el cumplimiento de una verdadera labor de investigación del docente. En muchos casos, trabajos “fusilados” son presentados como ascenso, y aprobados por jurados complacientes que pagan de esa forma las lealtades políticas y grupales de los docentes.

 La actividad docente propiamente dicha no es evaluada. Muchos docentes repiten en los salones de clase, durante 25 años, una receta mal copiada, y no hay forma de evaluar eso. Si se le exige al docente la obligatoriedad de presentar textos de su materia, y de actualizar dichos textos cada cierto tiempo, se está avanzando a superar esa limitación actual, que en muchos casos coloca a nuestra educación como un verdadero fraude.

 Pensamos que la garantía de una educación de calidad viene determinada por la existencia de un régimen de permanencia de los docentes. Ahora ocurre que el docente que ingresa a una universidad goza de una estabilidad absoluta, así incurra en violaciones diversas de la normativa legal. De esa forma, el ejemplo que se impone es el de “trabajar lo menos posible”, pues está seguro de que siempre cobrará su sueldo, recibirá sus aumentos, etc.

 Una evaluación rigurosa de la actividad profesoral, sin dejar de ser democrática y respetuosa de la diversidad epistémica, permitirá introducir en las instituciones un espíritu de trabajo y un mecanismo de crecimiento personal y colectivo que hoy está ausente.

3. ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES RECTORALES

El cuerpo rectoral será electo mediante votación de toda la comunidad universitaria, entendiendo por comunidad universitaria al personal docente, administrativo y obrero, y a los estudiantes.

De manera específica, tendrán derecho a voto:

  • Los profesores activos en la categoría de instructores, asistentes, agregados, asociados y titulares.
  • Los profesores contratados, que tengan más de un año en esa condición.
  • Los estudiantes que estén debidamente inscritos en el período lectivo en el cual se realicen las elecciones.
  • Los profesores jubilados que se mantengan impartiendo docencia en los dos años anteriores al momento de la elección.
  • Los empleados administrativos y obreros en condición de activos.
  • Los representantes de los egresados, a razón de cinco por cada colegio profesional.

No tendrán derecho a voto:

  • Los profesores jubilados, y de manera general todo el personal jubilado de la universidad.
  • Los empleados y obreros contratados.

La proporción del voto se establecerá de la siguiente forma:

  • El voto de cada uno los tres sectores universitarios (estudiantes, profesores, y empleados-obreros) tendrá un peso del 33% del total de votos. Es un mecanismo paritario que permitiría mayor fuerza electoral a los sectores en los cuales los revolucionarios tenemos más influencia (empleados), y cumple de manera general con los preceptos establecidos en la LOE.

Para ocupar el cargo de Rector, Vice-Rector, Secretario o Decano, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser personal docente activo de la institución, con categoría no menor de Asociado.
  • Tener una antigüedad de al menos 10 años impartiendo docencia en la institución.
  • Ser investigador activo, lo que implica haber sido responsable de proyectos de investigación durante los cinco años anteriores, y haber publicado al menos tres obras científicas en ese período (libros, artículos, ensayos).
  • Tener una trayectoria reconocida en la docencia, la investigación y la extensión, que incluya el desarrollo de proyectos de investigación y de extensión, haber publicado al menos diez obras o artículos científicos, entre las cuales deben existir al menos un texto de la materia que haya dictado en su labor docente.

JUSTIFICACIÓN:

 Con relación a la eliminación del voto del personal jubilado, la razón de mayor peso se refiere a la desvinculación de este tipo de personal para con la propia institución, lo que deforma las razones bajo las cuales determinan su voto en el sistema actual.

 No se contempla el derecho a votar del personal obrero y administrativo contratado, porque pudiera convertirse en un mecanismo para alterar el número de votantes al momento de las elecciones.

 En el caso de los requisitos para ser autoridad, se busca combatir a los políticos profesionales, y permitir que sean verdaderos académicos quienes estén al frente de las instituciones universitarias.

 De manera general, esta propuesta busca enfrentar la hegemonía que sectores conservadores y burocráticos mantienen en las instituciones universitarias(1). Aunque esta cuestión sólo puede resolverse con un poderoso movimiento de la propia comunidad universitaria, la modificación democrática del mecanismo de elección de autoridades genera condiciones más favorables para que los sectores democráticos que propugnan cambios y mantienen posiciones críticas tengan espacios más amplios de participación dentro de las universidades.

4. ELECCION DEMOCRÁTICA DE LA COMISIÓN ELECTORAL UNIVERSITARIA

La Comisión Electoral de la universidad respectiva será electa por votación directa y secreta de la comunidad universitaria, y estará integrada de la siguiente forma:

  • Tres representantes de los profesores.
  • Tres representantes de los estudiantes.
  • Un representante por los empleados administrativos y personal obrero.

La elección de estos representantes se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Los representantes profesorales serán electos mediante votación de todos los profesores que tienen derecho a voto para elegir autoridades rectorales y decanales.
  • Los representantes estudiantiles serán electos por votación de todos los estudiantes debidamente inscritos en el período lectivo respectivo.
  • El representante de los empleados administrativos y personal obrero será electo por votación de todos los empleados y obreros en condición de activos, y que no sean contratados.

La Comisión Electoral que resulte del proceso anterior durará cuatro años en sus funciones. La Comisión Electoral designará de su seno a un presidente, cuya función durará un año.

JUSTIFICACIÓN:

Actualmente, los CU designan a las comisiones electorales. Cuando las comisiones electorales deciden algo que no es apoyado por la mayoría dominante en el respectivo CU, proceden a destituir a la comisión electoral, y designan otra más dócil y obediente. Así ha ocurrido en LUZ en varias oportunidades en años recientes. En diciembre de 2005, la comisión electoral de LUZ desproclamó al cuerpo rectoral; el consejo universitario procedió en menos de 24 horas a destituir a esa comisión electoral, y nombró a otra que nuevamente proclamó al actual cuerpo rectoral. En las elecciones rectorales del 2000 ocurrió algo parecido. Lo más sano en términos democráticos, es que exista una comisión electoral independiente del Consejo Universitario.

5. LOS DEPARTAMENTOS COMO ESTRUCTURA BÁSICA DE LA NUEVA UNIVERSIDAD

La desconcentración de las funciones que actualmente monopoliza el Consejo Universitario tiene que complementarse necesariamente con el otorgamiento de un poder real a los departamentos sobre la vida académica de la institución. De nada servirá desconcentrar arriba, si la gran mayoría de profesores sigue sin poder participar de la toma de decisiones académicas.

La Asamblea de Departamento debe alcanzar la categoría de organismo base de la democracia universitaria. Y los Jefes de Departamento deben asumir un estatus equivalente al de los actuales directores de Escuela, con la diferencia que los primeros serían electos por la asamblea de profesores del departamento.

Las atribuciones que tendrían los departamentos son las siguientes:

· Elaborar y aprobar los planes operativos del departamento en docencia, investigación y extensión.

· Elaborar y aprobar los diseños curriculares de las áreas que correspondan a cada departamento, acordes a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Superior.

· Designar jurados y aprobar las decisiones de los jurados en concursos referidos a ingreso de personal docente. Las apelaciones se realizarían en el Consejo de Apelaciones.

· Designar jurados y aprobar las decisiones de los jurados en los trabajos de ascenso.

· Aprobar todo lo referente a permisos para actividades académicas (docencia, investigación y extensión, becas, años sabáticos).

· Diseñar y aprobar los planes de formación de los miembros del departamento, incluyendo a los becarios académicos.

· Otorgar avales académicos para docentes y estudiantes en casos de tramitación de becas, financiamiento a proyectos de investigación y otras actividades académicas.

· Designar jurados y aprobar las decisiones de los jurados para los Trabajos Especiales de Grado en pre y postgrado.

· Administrar los presupuestos asignados para las actividades académicas del departamento.

Se debe normar que tanto en las Asambleas de Departamento como en los Consejos Departamentales debe existir una representación estudiantil, electa democráticamente por los estudiantes de la respectiva Facultad o Núcleo.

Se debe normar que tanto en las Asambleas de Departamento como en los Consejos Departamentales debe existir una representación de las comunidades ubicadas en el ámbito territorial de la universidad, electa democráticamente según lo establezca la ley o reglamento respectivo (pudiera vincularse a la actividad de los Consejos Comunales).

JUSTIFICACIÓN:

El proceso de transformación en las universidades debe incluir necesariamente la desconcentración del poder de decisión sobre los asuntos académicos, que hasta el presente mantiene bajo control absoluto el Consejo Universitario. Esta circunstancia ha tergiversado la academia, como todos parecen aceptar en la actualidad. Por una parte, existen demasiadas instancias para decidir la rutina académica de la institución, lo que genera una absurda lentitud para cualquier trámite cotidiano, además del gasto burocrático que ello implica. Por otro lado, el Consejo Universitario ha tergiversado su función, tomando decisiones sobre bases no académicas, actuando como especie de alcabala que decide de acuerdo a los pactos politiqueros que se negocian y renegocian entre los diversos grupos de poder universitario.

Desde los órganos del cogobierno universitario se ha ejercido a lo largo de los años una despiadada violencia institucional hacia los profesores, estudiantes, empleados y obreros que no cuentan con el respaldo de los grupos políticos que burocráticamente controlan dichas instancias. Cuestiones tan simples como tramitar una beca, un año sabático, un viaje a un evento científico, ascensos y cambios de dedicación, tienen que pasar por el filtro de los acuerdos grupales entre quienes dominan los votos necesarios en los Consejos de Facultad o el Consejo Universitario. Quien pretende pasar por allí sin contar con la venia de la burocracia, se estrella contra un muro de concreto.

Por ello es que una serie de universitarios hemos venido proponiendo la necesidad de transferir a los departamentos y a las unidades académicas muchas de las atribuciones que hoy tienen el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad. De esta manera se flexibilizaría considerablemente la burocracia interna, al mismo tiempo que se establecen bases sólidas para el ejercicio de una verdadera democracia universitaria, representada en la participación profesoral en sus respectivos departamentos.

Se propone iniciar un proceso de unificación de los departamentos afines en toda la universidad. Este paso facilitaría la posterior unificación de las facultades afines. De esta forma se superaría la duplicidad de funciones académicas, a la vez que se adopta una estructura organizativa más acorde con los procesos interdisciplinarios que se están produciendo en la ciencia. La departamentalización es necesaria para poder desarrollar un currículo integrado, que permita tanto al estudiante como al docente obtener una formación interdisciplinaria y moverse horizontal y verticalmente en diversas áreas del conocimiento.

6. DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS

Los Consejos Universitarios deben integrarse de la siguiente forma:

  • Siete representantes de los profesores.
  • Siete representantes de los estudiantes.
  • Un representante de los trabajadores administrativos.
  • Un representante de los obreros.
  • Un representante de los egresados.
  • El cuerpo rectoral.
  • Los decanos de las facultades, núcleos o estructuras equivalentes.
  • Un representante del Ministerio de Educación Superior.
  • Representantes de las comunidades del entorno territorial de la institución, pudiendo ser de los Consejos Comunales. Habría que determinar su número y los mecanismos de elección.

Algunas de las funciones que hoy cumplen los Consejos Universitarios deben ser transferidas a otras instancias, como ya lo hemos planteado en el caso de la Comisión Electoral y los Departamentos. Debe existir un Consejo Disciplinario y de Apelaciones, el cual debe ser electo por la comunidad y cuyo funcionamiento sea autónomo con relación al Consejo Universitario.

CAMBIAR LA EDUCACIÓN PARA CONSTRUIR EL SOCIALISMO.

La educación tradicional ha estado sometida a la crítica en las décadas recientes, parte de cuyos debates han tenido amplia difusión en el medio universitario. En Venezuela se ha adelantado todo un proceso de cambio educativo a partir de 1999, el cual ha tenido sus expresiones más resaltantes en la creación de las Escuelas Bolivarianas, en el desarrollo de las misiones educativas (Robinson, Rivas, Sucre), y en la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

De todas estas experiencias y reflexiones intentaremos resumir los aspectos que apuntan al deber ser de la nueva educación superior venezolana(2):

  • Superación de la concepción que ve el currículo como un modelo o diseño estandarizado, entendiéndolo ahora como Desarrollo Curricular, el cual promueve la formación general para seguir aprendiendo. “El currículo no es un problema técnico, sino que es el qué y cómo aprender, cuáles contenidos escogemos, cómo los estructuramos y presentamos, qué metodología empleamos, cuál didáctica proponemos, cómo evaluar y acreditar los saberes, todo esto descansa en una determinada concepción del mundo, de la sociedad y del desarrollo, tamizados por diversos intereses: de control y dominio, o de liberación y emancipación. Por eso resulta inaceptable la ‘neutralidad axiológica’ postulada en nombre de la ciencia y la técnica”.
  • El proceso de formación permanente está vinculado a la investigación y la innovación para desarrollar un patrón tecnológico que responda a los indicadores de la calidad de vida y el desarrollo humano, descartando la perspectiva que valora el crecimiento de los indicadores macroeconómicos como el PIB y el ingreso per cápita.
  • Se propone un currículo bajo una concepción humanista, donde la economía, la ciencia y la tecnología estén al servicio de los seres humanos. Por más productiva que sea la tecnología, si ésta genera desempleo, depreda el ambiente y genera mayor dependencia, debe ser rechazada, revisada, desagregada y adaptada a nuestras necesidades. El lema debe ser “ciencia con conciencia”, “tecnología con pertinencia”.
  • Superar los anacronismos curriculares de nuestras universidades, que hacen que los aprendizajes no tengan pertinencia socio-cultural.
  • Promoción de valores dirigidos al cambio de las relaciones capitalistas de producción. Superar el afán de lucro y la máxima ganancia como móvil social, apuntando a la satisfacción de las necesidades colectivas. Primacía de los valores de uso sobre los valores de cambio.
  • Formación histórico-cultural con conocimiento pleno de nuestras raíces y del acervo histórico como pueblo. Respeto de la diversidad cultural.
  • Educación que promueve una revolución cultural y productiva, basada en el desarrollo endógeno sustentable y la economía popular.
  • Superación de las prácticas pedagógicas tradicionales, memorísticas y repetitivas, desarrollando métodos y estrategias didácticas no estandarizadas y produciendo recursos para el aprendizaje flexibles y contextuales. Incluye una reflexión crítica sobre los sistemas de evaluación aplicados por los docentes.
  • Desarrollo de una práctica docente vinculada con el trabajo productivo, con el entorno social y natural, con el patrimonio cultural de las comunidades, con la problemática general que confronta el país, haciendo énfasis en la pertinencia social de los aprendizajes.
  • En el plano de la investigación, se plantea construir un modo de producción de conocimientos más democrático, participativo e implicante, incorporando diversas opciones epistemológicas y superando el monismo metodológico.
  • Superar la dicotomía investigación básica e investigación aplicada, formulando líneas de investigación que permitan innovar y crear conocimientos y tecnologías propias, así como adaptar y transferir las tecnologías accesibles.
  • Articulación entre el desarrollo científico-técnico y el desarrollo independiente e integral del país, de acuerdo al plan general de la nación.
  • Otorgarle a la investigación el necesario peso curricular, vinculándola a la resolución de problemas nacionales y locales. Otorgar igualmente mayor respaldo financiero a la investigación, y el reconocimiento y fomento del trabajo investigativo entre los profesores.
  • En materia de extensión, superar las concepciones eventistas y simplemente difusoras de las actividades de extensión. Superar igualmente la concepción de la extensión como un mecanismo para obtener ingresos propios. Construir relaciones sólidas entre la universidad y la comunidad, impulsando propuestas en áreas de interés social (tales como salud, educación, vivienda, servicios públicos) en conjunto con organizaciones sociales diversas (consejos comunales, sindicatos, cooperativas, etc.).
  • Otorgarle a la extensión universitaria un mayor peso académico al que hasta ahora ha tenido curricularmente y en la misma actividad de los docentes.
  • Fortalecer la formación del estudiantado al calor del desarrollo de la ley del servicio comunitario, mediante la creación de valores en cooperativismo, solidaridad, cultura democrática, gestión participativa de los asuntos públicos, superando el individualismo, la competitividad, la intolerancia, la discriminación de género, racial y social.
  • Socialización de la investigación universitaria, vinculándola a los sectores estratégicos de la nación: petróleo, manufactura, agricultura.
  • Desarrollo de la municipalización de la educación universitaria, respaldando la experiencia de las aldeas universitarias y la aplicación de modalidades no convencionales de aprendizaje.

CONCLUSIONES.

 Hay aspectos que aquí no hemos tocado, pero que también son importantes en el tema de la transformación universitaria. Se pueden proponer por ley, sin violentar la autonomía y la libertad de cátedra, la existencia de programas transversales en el currículo de todas las universidades del país, referidos a la historia local, regional y nacional, a la valoración de las identidades y de la diversidad cultural, a la comprensión del mundo globalizado y los retos del país en materia de desarrollo. Son temas vitales para todo profesional universitario, y que el estado venezolano, ejerciendo su papel rector en el sistema educativo, puede imponer como componentes obligatorios de todos los programas de enseñanza superior en cualquier tipo de universidades, tanto públicas como privadas.

Es imprescindible un gran debate sobre las políticas que necesariamente deben comenzar a ejecutarse hacia las universidades venezolanas. Las rectificaciones que puedan hacerse en el corto plazo no van a resolver de inmediato los males que llevan incubándose décadas, pero constituirán el inicio de un camino de transformaciones revolucionarias que permitan llegar al tipo de instituciones educativas que se necesitan para la construcción del socialismo en Venezuela.

De lo contrario, los efectos nocivos del control que la derecha ejerce en las universidades serán cada vez más graves. Dentro de nuestras universidades se pueden estar construyendo las fuerzas sociales que den al traste con este proceso revolucionario bolivariano. Por eso es prioritario iniciar ya una constituyente universitaria, para proceder a una profunda transformación de estas instituciones.

*Roberto López Sanchez: Universidad del Zulia. Departamento de Ciencias Humanas. Facultad Experimental de Ciencias. Maracaibo. Estado Zulia. Coordinador de la Unidad Académica de Antropología. Correo: cruzcarrillo2001@gmail.com. Tlf: 0261-7597739 (fax); 0416-6663389.

Maracaibo, mayo de 2010.


(1)Como hemos dicho en otros momentos, cada una de las universidades autónomas tiene una especie de “casta” de políticos profesionales, unos 200 profesores por institución, que se reparten y reciclan en todos los cargos directivos, que no poseen mayor desempeño académico, casi nunca dan clases, no son investigadores ni realizan extensión. Esta es una barrera burocrática bastante sólida en términos institucionales, la cual difícilmente pueda ser derrotada sin cambiar las reglas de juego dentro de las universidades. Aunque este sector se divida internamente en multitud de grupos y tendencias, en los momentos de crisis establecen una unidad casi monolítica, tal como lo vimos en marzo del 2001 al momento de la toma del Consejo Universitario de la UCV, y en los conflictos desatados en 2007 por el cierre de RCTV.

(2)En este punto nos apoyamos en diversos escritos de Carlos Lanz Rodríguez, quien tuviera destacada actuación en el Proyecto Educativo Nacional y en la Constituyente Educativa (1999-2001). Entre otros escritos: “Proyecto educativo nacional y la constituyente universitaria” (15/06/07 - http://www.aporrea.org/educacion/a36594.html), “Los aportes de la teoría crítica a la transformación de la educación superior” (18/06/07 - http://www.aporrea.org/educacion/a36793.html), y “Crítica de la tecnocracia y aportes metodológicos para la constituyente universitaria” (27/06/07 - http://www.aporrea.org/educacion/a37311.html.)



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Roberto López Sánchez*

Roberto López Sánchez (Caracas, 1958). Historiador. Profesor Titular de la Universidad del Zulia (1994-2019). Magister en Historia de Venezuela y Doctor en Ciencias Políticas. Luchador social, activista del movimiento estudiantil y profesoral, vinculado al trabajo obrero, campesino, ambientalista, indígena y cultural desde 1977. Participante de la lucha armada revolucionaria (1977-1988); miembro del Frente Guerrillero Américo Silva. Sometido a persecución política y juicio militar en 1982. Actividad revolucionaria clandestina durante 1982-1988. Fundador de la Unión Nacional de Trabajadores-Zulia y miembro de su comité ejecutivo (2004-2012). Integra el consejo consultivo de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia (organismo que sólo ha sido convocado en una oportunidad en cinco años). Ha sido director de las Divisiones de Extensión y de Formación General; Secretario Docente de EUS; Coordinador de la Unidad Académica de Antropología, del Diplomado en Consejos Comunales (cinco cohortes graduadas) y el Diplomado en Formación Sindical con (cinco cohortes graduadas) en la Facultad Experimental de Ciencias (FEC). También ha coordinado la Zona Zulia-Falcón del Ministerio del Trabajo (2004). Ha publicado: El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución bolivariana: 1999-2012 (2017); Movimiento estudiantil y proceso político venezolano (2007); El protagonismo popular en la historia de Venezuela (2008-2015); Los Consejos Comunales y el Socialismo del Siglo XXI (2009); y Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de su desarrollo (2012), además de 5 capítulos de libros científicos, 45 artículos científicos y 50 ponencias en eventos nacionales e internacionales. Es miembro del Programa de Estímulo a la Investigación (PEII), nivel C. Egresó en pregrado con 19,41 puntos de promedio (LUZ, 1994). Ha dirigido 10 proyectos de investigación en la FEC-LUZ. Actualmente dicta semestralmente las materias de Historia de Venezuela, Historia de América, Intercambios económicos y simbólicos, y Poder y Movimientos Sociales, en la Licenciatura en Antropología de LUZ. Ha dictado los seminarios Lucha de clases en el siglo XXI. Movimientos sociales y formas de participación política; y El análisis marxista y la sociedad global del siglo XXI, en el programa de Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Maracaibo. En la División de Extensión de la FEC desarrolla anualmente seminarios sobre: Crisis política en Venezuela; Marxismo y Antropología; Movimientos Estudiantiles en Venezuela; Movimiento de Trabajadores en la Venezuela Contemporánea; Crisis Económica Mundial y su repercusión en la economía venezolana; Movimientos Sociales y Protagonismo Popular en la Historia de Venezuela (dictado también en el Centro Internacional Miranda -CIM- y en Fundacite-Mérida en 2016); y el seminario La Lucha Armada en el Oriente de Venezuela: 1965-1990, en el CIM (2017). Es coinvestigador en el Proyecto: “Historia de los frentes guerrilleros Antonio José de Sucre y Américo Silva: 1966-1990”, Centro Nacional de Historia (2016-2017). Investigador principal en el proyecto “Identidades en el estudiantado de la Universidad del Zulia” y del programa de investigación “Universidad del Zulia: comunidad, organizaciones e identidades” (2017-2019).

 @cruzcarrillo09

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