A partir de los requerimientos de la transición energética, la actividad minera se ha convertido en la piedra angular para lograr las metas establecidas en la atenuación del cambio climático. En este contexto, América Latina y el Caribe (ALC) se constituyen nuevamente en territorios de relevancia geoestratégica para los capitales globales, un espacio en disputa, "que también reafirma la lógica extractivista que domina las estructuras capitalistas contemporáneas".
En tal sentido, el carácter estratégico de los recursos mineros se debe al papel clave que tienen en la denominada transición energética propuesta desde el capitalismo global. Si bien la mitigación del impacto ambiental es fundamental, contradictoriamente el incremento de las actividades mineras evidencia impactos económicos, políticos, ambientales y sociales que, en lugar de asegurar la transición energética, agudizan la razón extractiva de los minerales por su valor de cambio.
En noviembre del 2012, la entonces Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), aprobó la elaboración de una estrategia regional orientada al aprovechamiento soberano de los recursos naturales. En la propuesta denominada Los recursos naturales como eje dinámico en la estrategia de integración y unidad de nuestros países se analiza la importancia de la articulación de políticas regionales y el establecimiento de mecanismos de cooperación para aprovechar la explotación de los recursos naturales, reconocidos como la principal fortaleza de la región.
El documento contempla entre otros aspectos la necesidad de realizar "un estudio comparado sobre las políticas, legislaciones y esquemas contractuales en el otorgamiento de derechos de explotación de recursos naturales en los países suramericanos, así como los puntos de coincidencia que sirvan como un primer paso para la definición de políticas y planes conjuntos". A partir de ocho premisas, la propuesta orienta al desarrollo de estrategias para el óptimo y racional aprovechamiento de los recursos naturales con base en la potencialización de los beneficios económicos y sociales compartidos:
1. Existencia de condiciones para el establecimiento de políticas comunes de propiedad soberana y permanente sobre los recursos naturales. 2. Posibilidades de vislumbrar posiciones conjuntas, que abarquen tanto el aprovechamiento de los recursos naturales, como la definición de medidas que reduzcan "el impacto ambiental y social de las actividades extractivas. 3. El diseño de planes que contemplen tanto la fase extractiva como el proceso de industrialización de los recursos naturales. 4. Elaboración de un plan específico para la implementación de políticas de desarrollo tecnológico en función de las condiciones particulares de los países de ALC. 5. Definición de estrategias de financiamiento soberanas y reducir la dependencia con el dólar norteamericano. 6. Formación de talento humano individual y colectivo potenciado, comprometido, que a través de los conocimientos aporten en la creación de naciones más justas e inclusivas. 7) Elaboración de un mapa regional georreferenciado actualizado permanentemente que abone a la integración física de la región. 8) Fortalecimiento de intercambio interno, el mercado compensado y la superación de asimetrías tomando en cuenta cuatro aspectos: complementación económica, cooperación, solidaridad y respeto a la soberanía de los Estados.
Las ocho premisas planteadas por UNASUR deben ser difundidas y analizadas ya que representan una visión por demás necesaria para ALC sobre todo en esta etapa de transición energética que exige en el mediano y largo plazo priorizar una agenda regional orientada a la toma de decisiones autónomas sobre el manejo y control de los recursos naturales.
Si bien los horizontes integracionistas en la región están prácticamente estancados, no forman parte de las agendas nacionales, existen voces que instan a la implementación de acciones de unidad/colectivas para hacer frente a la crisis climática y la desmercantilización de la naturaleza.
En este sentido, por ejemplo, se hace necesario la generación de marcos normativos para la soberanía de los recursos naturales, el diseño e instrumentación de políticas de ciencia y tecnología, la generación de centros de investigación compartidos considerando que el intercambio para la región es desigual no solo en el ámbito industrial, sino en conocimientos y tecnología y se necesita recuperar los sentidos comunes del conocimiento, acordes con la lógica regional en contra de imposiciones transnacionales de reproducción del orden global. Si la región decide no hacer frente a las prácticas hegemónicas de la transición energética, seguirá condenada al extractivismo, eje de la acumulación moderna.
*Profesora-Iinvestigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
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