Por la creación de una política económica bolivariana

La policía económica, tiene su sustento en la CRBV, en la naturaleza del estado venezolano, el de un estado social de derecho y sobre todo “de justicia”, entendiendo por esta la justicia distributiva, la que le da a cada quien lo suyo. Todo esto en contraposición al estado de derecho burgués, de la constitución de 1961 y de todas las anteriores que tenían su fundamento en la propiedad privada sobre los medios de producción y las riquezas existente en la nación; a partir de 1999, el estado se fundamenta en la propiedad social (Ojo que no es del estado o estatal, aunque el estado pudiera ser un regulador, al principio de la propiedad social, pero las experiencias existente del estado regulador, nos deprimen y nos hacen cambiar de ideas, lo mejor es que la sociedad cuanto antes asuma la propiedad de todas los medios y riquezas nacionales); ahora la protección, el bien a proteger y por ende el objeto de la protección debe ser la riqueza nacional y los medios de producción cuyo gran  titular es el pueblo, pasando a un segundo plano (Mas no eliminándolo) la propiedad privada.

La policía económica tiene que ver con la creación y desarrollo de una ciencia de la economía penal que sería su fuente y en nuestro caso venezolano, el nombre correcto sería ciencia económica penal bolivariana (O socialista), es una especialidad y/o maestría académica, derivada de la constitución de 1999. El derecho económico penal bolivariano es un capitulo o titulo de un Código Penal Integral, producto de una reforma de actualización constitucional, que a estas alturas después de casi 20 años de aprobada, se encuentra bastante tardía.

La Policía Económica (Lleva implícito Fiscalías, Carceles y Tribunales “Económico”), nos referimos solamente a la parte policiaca, por la necesidad urgente de reprimir una guerra económica proveniente del imperialismo Otánico y gobiernos lacayos del continente, en relación armónica con una derecha apátrida y contra-revolucionaria, expresada en los comerciantes y empresarios que forman parte del último eslabón de la cadena productiva, que están en contacto directo con el público, quienes valiéndose de su posición de dominio han aumentado de forma manipuladora y criminal, provocando porcentajes astronómicos en la inflación, se habla del 2.000% y 3.000%; una verdadera hiperinflación inducida o provocada.  

El Derecho Penal Económica pudiese comprender varias partes;

1) Una parte represiva, sobre todo al último eslabón de la cadena de producción, falange de la guerra económica, la que tiene que ver directamente con el consumidor y el usuario. Esta función de la policía, fiscalía, tribunales y cárceles penales económicas, seria reprimir, regular y/o limitar al máximo la economía de mercado del régimen anterior, el que fue sustituido por la constitución del 99, el capitalismo neoliberal de un país dependiente del imperialismo yanqui (Colonia o neo-colonia), sobre todo las practica capitalistas monopolistas, oligopólicas (Usura, especulación, acaparamiento, competencia desleal) de atropellar por poseer una posición de dominio dentro del conglomerado económico social.

2) Una parte proteccionista; la transformación de un estado dependiente o neo colonia en un país autogestionario o verdaderamente libre (Socialista anarquista), requiere de una series acciones o de necesidades de hacer que van surgiendo al calor de la lucha revolucionaria o transformadora, esas acciones en vías hacia el socialismo deben ser protegidas por el derecho penal, ya sea supervisando y “apretando tuercas” para que las metas y programas democráticamente aprobados se cumplan y a la vez reprimiendo con cárcel quien lo sabotee o destruya.

3) Tiene una parte moral o espiritual, que es la protección de la idea de la socialización por arriba de otra cualquier idea, no solo de los principios sino de las instituciones que la promueven, como las escuelas, liceos, institutitos universitarios, los medios de comunicación y la moral pública; esta parte corresponde al delito que estoy proponiendo dentro del ante-proyecto que presentare ante la ANC de Ley especial en contra de la guerra económica (“Sobre Los Delitos Económicos”), que he denominado apología a la guerra economía que son diversas conductas pero más concreto en si es “la apología al delito económico”, en donde la derecha, sin ningún dato serio y sin permitir la confrontación de ideas ni siquiera la réplica o rectificación, despotrica del sistema socialista de rango constitucional y con ello está atacando a uno de los  pilares (Quizás el pilar principal) del derecho constitucional bolivariano; la economía bolivariana socializante, en vía al socialismo o simplemente socialista.

4) El Derecho Penal Económico, tiene una parte que es fronteriza con los delitos anti-corrupción y del derecho administrativo, ya que existen organismos tanto públicos como privados que son beneficiarios o portadores tanto de bienes como dineros del estado con fines del desarrollo de la economía social nacional, aprobados en asamblea o referéndum; estos están sujetos a un plan y por supuesto a un presupuesto que obviamente tienen un objetivo, tienen un ministerio de adscripción y tienen un responsable de la ejecución de dicho plan, tal y como lo establece el sistema socio-económico de la nación de carácter constitucional; la ejecución de estos programas es importantísimo tanto para el desarrollo integral y endógeno del país como para la construcción del socialismo o del estado comunal bolivariano, por eso el cumplimiento riguroso de estas metas socioeconómicas es de vital y esencial importancia para el país, su relajamiento, caotización o incumplimiento destruye a la república, por eso debe haber un interés especial que estos planes se cumplan y ahí tiene que estar presente el derecho penal con su maquinaria de policías, fiscales, jueces, cárceles y por supuesto pueblo interesado que la producción no se relaje por el progreso del país.

Con la guerra económica que hemos sido (Y somos) víctima tenemos una serie de conductas que son tan nocivas para el país como si miles de delincuentes decidiesen atracar unos 200 bancos más 200.000 personas el mismo día a la misma hora, para poner unos poquísimos ejemplos de centenares que hemos registrado, están los productores de queso en Upata, Estado Bolívar, quienes reciben créditos blandos de parte del Banco de Venezuela, nacionalizado, y se llevan a vender la mercancía al mercado de las grandes ciudades para aumentar los precios e incorporarse a la espiral ascendente de la hiperinflación inducida; o productores de maíz y arroz que sin guía se vienen a las ciudades a vender el producto a precio de la espiral inflacionaria inducida aumentando con eso la intensidad de la guerra económica. Tanto en el primer ejemplo tenemos involucrado al sector bancario, quién debe tener una sub-policía (Área de especialización dentro de la policía económica penal, la policía bancaria) cuyo órgano nervio motor seria la súper-intendencia de bancos (SUDEBAN).

El sector agro-alimentario debe tener otra “sub-policía” o dentro de la policía económica un área para ese vital sector de la economía, que de paso, la derecha, tanto aquí en Venezuela, como Chile en 1973, ha demostrado que es “tumba-gobierno”, esta policía especializada estará adscrita a la súper-intendencia nacional de gestión agroalimentaria (SUNAGRO), es la encargada de supervisar y “corregir los entuertos” metiendo presos a quien dentro de esta área cometa delitos, es decir, a quien por negligencia extrema o con premeditación o alevosía haga que los planes de alimentación para nuestro pueblo fracasen, no se concreten y por ende la nación sufra perdidas y de paso se enriquezca gratuitamente, sin causa justificada, es decir, robe.

En la próxima parte, y antes de hacer la propuesta de un anteproyecto de ley económica penal o “anti-guerra económica capitalista-imperialista”, hablaremos sobre otros tipos o especializaciones que pudieran tener la policía y/o fiscalías económicas penales bolivarianas. Por ejemplo la policía bancaria debe tener funciones financieras propiamente tales, en su actividad de control, supervisión y represión de la función bancaria. Además se debe replantear los delitos en contra de la propiedad  que son delitos económicos, o en función de la economía pero protegiendo a la propiedad privada más que a las grandes mayorías.



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Francisco Sierra Corrales


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