21-09-20.-Después de haber publicado graves denuncias realizadas tanto por presos ubicados en recintos carcelarios o de detención de Anzoátegui, como por sus familiares, (07/07/20 - www.aporrea.org/ddhh/n356830.html Denuncia desde El Tigre (Poli-Anzoátegui): Familiares de detenidos ven al sistema judicial y centros de detención en Venezuela como "un comercio"), reportan fuentes ligadas o cercanas a los presos, que hubo algunos movimientos alentadores de supervisión y observación por parte de Tribunales del Estado Anzoátegui y aparentemente cierto interés desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el "revuelo y preocupación que suscitó en cierta medida el escándalo comunicacional" (desde Puerto La Cruz)… "pero no por la situación real, porque las cosas continúan como estaban, ya que evidentemente, se trata de un problema estructural que envuelve a todo un sistema delictivo-mercantil ‘metastásico’ que corroe a los tribunales, a la Fiscalía, a la Defensa Pública y a profesionales del Derecho, así como, por supuesto, a las cárceles, con comportamientos que ya son norma impuesta por la costumbre, por la indolencia y la complicidad a todos los niveles jerárquicos, por encima de las leyes de la República".
Presos en Polianzoátegui con la boca cosida en señal de protesta
Esto lo comenta para Aporrea una persona detenida, que goza de nivel cultural y de conocimientos legales, como se puede deducir, pero que se encuentra en prisión por una situación que considera "irregular" a la que se suma, según el informante, la violación del debido proceso, en su caso. Es obvio que esta persona no puede revelar su identidad, a fin de no poner aún en mayor riesgo su integridad, su futuro procesal y sus ansias de libertad.
Se nos dice que "el Tribunal de la zona (El Tigre) perdió su autonomía y que todo debe pasar Barcelona (capital del Estado Anzoátegui) para dar curso a los procesos, pero no se ha activado nada para preliminares, audiencias y juicios, todo parado. Tribunal de Barcelona estaría esperando una orden (vía TSJ). Todavía no hay fechas". "El TSJ no se ha pronunciado para nada, ni el Fiscal General de la República, pese a que las denuncias son públicas y conocidas". "Están buscando maneras de tapar pero no de resolver las situaciones".
Presos en Poli-Anzoátegui (El Tigre).
Las dos "pandemias" de los presos
A la situación endémica de las cárceles, por el virus de la injusticia institucional, se suma ahora, en tiempos de pandemia y de cuarentenas por el Covid-19, el vínculo que se viene tejiendo entre el manejo de las vacaciones judiciales y la cuarentena con la mecánica del "negocio judicial".
Los retardos procesales se agravan; las tarifas de las "diligencias" y "favores" suben de precios, para "agilizar" o "desbloquear" procedimientos ordinarios o para "desatascar" casos de presunta extorsión o cobro de medidas (la ley termina fagocitada por el comercio ilegal dentro del sistema judicial). Ahora resulta que los "Derechos" quedan, de hecho, suspendidos por la cuarentena y el retraso procesal se agrava, por las vacaciones judiciales y la ralentización de todo lo que tiene que ver con los procedimientos y lapsos de esta "extraña" justicia.
De manera que los problemas en los centros de detención, las violaciones de derechos, el retardo procesal, los cobros indebidos y la extorsión practicada por funcionarios, así como la falta de respuestas oportunas y adecuadas de las autoridades ante las denuncias, se han vuelto verdaderamente inmanejables, de manera tal que este caos disolutivo devora de manera arrolladora al Estado y a los ciudadanos y ciudadanas de la República.
Esto viene aquejando tanto a detenidos por acusación de delitos comunes o como a presos de opinión y por protestas, cada vez más abundantes, como los casos de varios trabajadores y trabajadoras que permanencen en prisión y que no fueron objeto de los indultos presidenciales negociados con la oposición de derecha.
"Todo es un Vía Crucis", nos dice una persona relacionada con la defensa de un preso y con sus familiares: "Los Tribunales y departamentos no se pasan los documentos unos a otros y para que se efectúen los movimientos son necesarias ‘contribuciones’ que pueden alcanzar varias decenas de dólares por la medida chiquita". A lo que agrega: "Quien no dispone de los medios económicos, como la mayoría de los presos, pertenecientes a las clases populares, están fritos". "Los familiares que no tienen dinero para acceder a abogados, y hay un aprovechamiento abusivo de la necesidad de la gente. Todo es un negocio muy grande y el que no tiene dinero se pudre".
Familiares de presos, en cola a la entrada del centro de detención en Anzoátegui.
Se está esperando la efectiva instrumentación del manejo digital de los casos para agilizar los procesos, nos informan, y se espera que esto contribuya al alivio de la situación de detenidos y detenidas que, presumiblemente, sean inocentes, pero que llevan tiempo en la condición de privación de su libertad por malos procesos judiciales o por la lentitud de los mismos.
Mientras tanto, inocentes o culpables, están personas permanecen expuestas a toda la gama de violaciones de derechos y de atropellos que se producen: Por ejemplo, en la actualidad y desde hace meses, casi no se dan permisos de visitas (y las excepciones valen dinero). Presos con síntomas de enfermedad son ignorados de la manera más inhumana: "todo se mide y se compra con la plata… en dólares". Sólo quienes disponen de dinero pueden aspirar a que los los procesos caminen "bien" desde el punto de vista de los resultados y beneficios para el procesado o para el reo, aunque se haga todo mal desde el punto de vista legal y de derechos.
Por otra parte, producto de esta situación de retardo procesal y diferimiento reiterativo y constante de las audiencias, se contribuye con pavoroso hacinamiento, pudiendo haber hasta 140 en un mismo calabozo, de acuerdo con los reportes proporcionados por los internos.
Imágenes de presos en estado de avanzada desnutrición
Credito: El Nacional
Nos citan el caso de "un muchacho enfermo con tuberculosis, que lo sacaron tardíamente al Hospital de El Tigre, cuando ya parecía un saco de huesos y se murió". Nos decriben que…"no le dan ni le dejan llegar a uno pastillas tampoco y no nos pasan medicamentos enviados por familiares a los presos que se sienten mal o que tienen tiempo enfermos". "No se les controla la tensión a los hipertensos; el trato es como a animales, el maltrato es constante". "Los traslados médicos son objeto de matraqueo". "Hay personas enfermas que han enviado documentos con solicitudes, pero que no los sacan a ser atendidos, entre otras razones porque no hay transporte para trasladarlos ni combustible para movilizarse". "Realmente, a los enfermos los arrinconan… incluso hasta morir".
"Personas que están detenidas en El Tigre siendo de otras regiones y localidades no tienen tampoco cómo recibir atención de sus familiares por las dificultades de éstos para trasladarse" (debido a la deslocalización de los prisioneros).
"A los presos no les dan comida y los familiares encuentran dificultades y trabas para proporcionársela.
A consecuencia de todo esto, nos aseguran que se está acumulando "mucha tensión en el ambiente, rumores de huelgas y protestas radicales de los presos" que podrían estar por estallar. "Como vienen las elecciones andan anunciando un tal Plan Cayapa (para los privados de libertad), buscando contener y evitar huelgas de los detenidos".
Las denuncias del ex-diputado legislativo preso de Anzoátegui (zona de El Tigre y Guanipa), Giovani Urbaneja (ex-PSUV)
Una denuncia importante a tener en cuenta es la efectuada por un ex diputado legislativo de Anzoátegui (en la Zona de El Tigre y Guanipa) que fuera electo hace algunos años entre los postulados por el PSUV, quien emitió una carta pública para el Fiscal General de la República (escrita a los 14 días del mes de septiembre del año 2020 y publicada en Aporrea el 18/09/20: www.aporrea.org/ddhh/a295309.html).
La carta fue elaborada desde el Centro de Reclusión de la Coordinación Policial El Tigre por el ex diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui, precursor de la Fundación Socialista de Integración del Sur (FUNDISUR), Juan Giovani Urbaneja Hernández, quien se autodescribe como "un secuestrado político", en su condición de detenido desde el 20 de agosto de 2020, y sentenciado a privativa de libertad desde el 27 de agosto del mismo año, bajo la aplicación de la "Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia".
Giovani Urbaneja, ex diputado legislativo preso en Anzoátegui (le aplican Ley Contra el Odio)
Este activista socio-político privado de libertad, que asegura ser víctima de ejercer su derecho a la contraloría social frente a hechos de corrupción, denuncia ante la máxima autoridad del Ministerio Público la "triste realidad de personas que teniendo beneficio para salir en libertad, aún están presos en los calabozos de Polianzoategui, Zona 6, detenidos a los que se les niegan las visitas, presos a los que no se les permite ser vistos por sus familiares, tomando para todo como excusa el Covid-19, presos que se enferman y no es posible que los asista un médico, presos que sólo escuchan decirles que `su nombre es preso y su apellido es candado’; mientras que algunos funcionarios policiales (presos) gozan de privilegios, como teléfonos, visitas familiares y conyugales con celdas tipo hotel 5 estrellas". Eso sin dejar de mencionar -agrega Urbameja- al Instituto Autónomo de la Policía Municipal (Poliguanipa), "…en el que los detenidos son atropellados a palo limpio, como fue agarrado un pastor evangélico que solamente por entregarme un papelito, que me decía que no perdiera la fe en Cristo, el justo juez, padre de todos los que tenemos a Dios en nuestro corazón, lo molieron a palo limpio; sin hablar de menores de edad, que también sufren de torturas de manos de ciertos nazis del mal". Por lo que concluye: "Esta realidad me permitió ver algo que jamás podría creer por estar vendado como algunos políticos de nuestro país, que son peores que la pandemia por la que atravesamos".
En dicha carta, Urbaneja, pide "como un ciudadano más de este país… que se me respeten mis derechos fundamentales y los de estos compañeros de celda que por algún motivo u otro allí se encuentran y sufren y claman justicia con sus familiares, al igual que mi familia que hoy vive en carne propia esta situación".
Una situación generalizada de grave violación de derechos humanos y de hábitos "institucionales" al margen de la ley
Lo vivido y observado por el profesor Javier Vivas Santana: detenido tras aplicarle la "Ley Contra el Odio" y expuesto a todo el odio impune de la injusticia carcelaria
Otra denuncia significativa, fue escrita por Javier Vivas Santana (05/09/20 - www.aporrea.org/ddhh/a294835.html), quien fuese recluido también con la aplicación de la Ley Contra el Odio y liberado, tras 150 días de penurias y violación de derechos, por el indulto presidencial negociado con la oposición política para 110 privados de libertad. Javier Vivas estuvo detenido primero en la sede nacional de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)r y posteriormente en la cárcel de El Rodeo III.
Vivas Santana, que reivindica el período de gobierno de Chávez, pero que es un duro opositor a Maduro, expone las calamidades personales que tuvo que vivir durante su privación de libertad en el DGCIM y las que vivió con muchas otras personas presas en el mencionado centro penitenciario, ubicado en el Estado Miranda, que se encontraban o se encuentran allí, tanto por razones políticas como por delitos comunes.
Refiere Vivas que, "terminé siendo indultado, sin ni siquiera haber sido presentado ante el tribunal correspondiente en los 45 días de ley para ser imputado por el supuesto delito de ‘incitación al odio’, con el cual se justificó mi arbitraria, ilegítima e ilegal privación de libertad desde que las fuerzas mencionadas del Estado sin orden judicial me apresaron en mi recinto domiciliario en la isla de Margarita la noche del 25-3-2020, y posteriormente trasladado hasta Caracas".
Expone en su artículo que… "al tercer día de mi detención, y de ser llevado al espacio de la DGCIM en Boleíta, región Capital, fui confinado los primeros 25 días en una celda de castigo de 2 x 2 metros, de los cuales la mayoría de ellos pasaba en total oscuridad"…. Prosigue describiendo que "confinado en esa ‘celda’ me dejaron exclusivamente en ropa interior en los primeros tres días en los cuales no recibí comida ni agua, además que tuve que dormir todos esos días en el piso, y durante ese tiempo ni los dientes pude cepillarme porque hasta el cepillo dental me fue negado". Reveló que los efectivos del DCIM que le detuvieron en Nueva Esparta le dijeron en su momento (según su propio relato), palabras más, palabras menos: Profesor, nosotros sabemos que usted no es un delincuente y menos un criminal, pero su detención son órdenes de arriba".
Prosigue diciendo que "cuando finalizó nuestra estadía en el DGCIM, fui trasladado junto con otro grupo de 48 presos políticos hasta el centro penitenciario de El Rodeo, cuyas causas están asociadas con efectivos policiales de Sucre y Apure, buque Negra Hipólita de PDV-Marina, y gerentes de las empresas del oro en Guayana; es decir, causas relacionadas con supuestos intentos de golpe de Estado, contrabando de combustible y corrupción… situaciones donde estaban vencidos sus lapsos procesales de presentación, y quienes deberían ser liberados de inmediato".
J. Vivas Santana, estuvo preso en DGCIM y El Rodeo. Fue absuelto sin cargos
Credito: Aporrea
Resalta Vivas Santana que "el tiempo de reclusión que estuve en el penal del Rodeo III es lo más espantoso que pueda vivir ser humano alguno, independientemente de la falta que haya cometido... que es también la misma realidad para toda la población carcelaria… tuve que comer en la mayoría de días de ’reclusión’ sólo arroz o espaguetis blancos tanto en el desayuno, como en el almuerzo y cena, además de que jamás recibí una sola pastilla para mi tratamiento de epilepsia… Semejante situación originó que perdiera 25 kilogramos de peso y tuviera cuatro crisis convulsivas, todo ello en el más completo espacio de insalubridad, donde se carece de agua, y se comparte una letrina en cada celda para las necesidades fisiológicas".
Concluye que: "…quien intente "justificar" una barbarie semejante, es obvio que no contempla derechos humanos en su pensamiento, sin tampoco obviar que durante esos días en El Rodeo, morían en promedio de tres a cuatro presos por mes, fundamentalmente por un foco de tuberculosis y cuyos afectados nunca fueron trasladados hasta centros asistenciales, sino abandonados a la ‘buena de Dios’...".
Situaciones relativamente recientes que han venido siendo denunciadas ante la indiferencia de las instituciones y la impotencia de las víctimas, en otros lugares del país
En noticias publicadas en agosto 2020 por elnacionalweb https://www.instagram.com/p/CDsDpFPHO2u/?igshid=kogqtl0e8uml e igualmente por eltubazo https://www.instagram.com/p/CDsNJ2LJbrb/?igshid=j0iue64jif7f se afirma que "la desnutrición está matando a los reclusos de las cárceles de Carabobo" y menciona la situación de los recluidos en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador y el Internado Judicial de Tocuyito, ahora llamado Complejo Penitenciario de Carabobo, que según el Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones ), "se están muriendo de hambre".
La misma ONG, señala que en estos centros de reclusión habían perdido la vida más de 46 reclusos, para la fecha de publicación de la denuncia, ya que "debido a su precario sistema inmunológico, son presa fácil de enfermedades como tuberculosis, neumonía y hepatitis", reseñó el diario El Carabobeño. Declaraciones de Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), indicaron en ese momento que "familiares de los reos claman para que les permitan ingresar alimentos a la prisión", ya que dentro de la misma no se les garantiza su alimentación.
La misma directora del OVP expone que: "en Tocuyito desde el inicio de la cuarentena se prohibieron las visitas, además del ingreso de alimentos que semanalmente los familiares llevaban a sus internos. Esto, además de la mala y escasa comida que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario suministra a los privados de libertad, ha generado una ola de fallecimientos", según las mismas fuentes.
Algunos centros penitenciarios han sido denunciados por presunto desvío de los alimentos destinados a los presos, que son sometidos a una bajísima ingesta calórica, debido a que con la presunta participación de algunos funcionarios de esos "servicios de penitenciaría" se negocia con los víveres destinados a la alimentación de los presos.
Y esta no es una denuncia aislada que afecte a un centro penitenciario en particular de manera aislada sino que se trataría de un problema muy generalizado en las prisiones, convertido ya en una práctica "institucional" rutinaria que cursa sin freno alguno, que aunque pueda ser negada no escapa al conocimiento de las autoridades a todo nivel.
Volviendo a las denuncias referidas a Carabobo, los trabajos de prensa reseñan que familiares de los internos denunciaron al OVP de ese Estado, que "diariamente los reclusos son trasladados a la emergencia de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera" y que "los privados de libertad llegan en muy malas condiciones de salud, con desnutrición severa". Agregan que "prácticamente los llevan allí a morir, porque ya no hay nada qué hacer, por la gravedad en que se encuentran", de acuerdo con informaciones de la misma directora de la ONG.
Los familiares señalan que la comida que les suministran es "agua con arroz, una vez al día". No reciben proteínas, vegetales ni otro tipo de carbohidratos y que tampoco les suministran bebidas dulces. También indicaron, como parte de esta denuncia, que "funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y custodios del centro les exigen pagos en dólares para permitirles ingresar alimentos a sus familiares. Pero la mayoría no cuenta con recursos".
En los meses recientes han aparecido muchas denuncias sobre la situación de los presos y los centros de detención o penitenciarías del Estado Anzoátegui, y particularmente de la localidad de El Tigre, donde los parientes de los presos han efectuado protestas públicas frente al Palacio de Justicia para pedir que procesados con problemas de salud sean incluidos en el "Plan Cayapa"; noticia recogida por diarioeltigrense
https://www.instagram.com/p/CDuUS6RHLFS/?igshid=8jismlyxijiv según la cual, los parientes de los detenidos que se encuentran recluidos en diferentes retenes policiales, aseguraron que en este plan no se ha tomado en cuenta a los privados de libertad que están padeciendo de enfermedades como tuberculosis y embarazos de alto riesgo, citando a Aurora González, pariente de una de las procesadas, quien indicó en aquel momento que desde hacía cuatro meses venían solicitando este beneficio amparados en el derecho a la salud y a la defensa y que en las presentaciones de reclusos ante la sede tribunalicia no estaban siendo incluidos reclusos con problemas de salud.
La situación de salud en las cárceles venezolanas se ha agravado, por supuesto con la pandemia de Covid-19 que se agrega al cuadro ya presente desde hace tiempo por la gran cantidad de presos enfermos sin recibir la debida asistencia médica, incluso frente a enfermedades crónicas. Una información de tvvnoticias https://www.instagram.com/tv/CDmJHLXnfwN/?igshid=cg8ggk9km80e así lo ilustra, al dar cuenta de que la ONG Ventana a la Libertad había confirmado varias decenas de casos confirmados de Covid-19 en centros penitenciarios, según datos de Carlos Nieto Palma, director de la citada organización, quien incluso hablaba de fallecimientos. En el momento de esa declaración, del total de la cifra de infectados reportó Nieto que había "dos en el estado Lara, 5 en Miranda, 9 en Táchira, 1 en Sucre (que falleció)", quien denunció además que los familiares no podían visitar a los reclusos desde el mes de marzo ( reporte de @valengmcrespo ).
Durante varios años se han venido publicando en Aporrea las denuncias del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJ) conducido por Carlos Paredes, quien pasó varios años preso en cárceles junto con otros miembros de organizaciones sociales de Barinas, tanto por sus actividades de lucha social como por el ejercicio sistemático de la denuncia contra la corrupción a distintos niveles, y habiendo sido algunos de los integrantes de varias organizaciones ciudadanas, vinculadas con él, objeto de persecuciones, encarcelamientos y asesinatos: Manipulación judicial, privaciones ilegítimas de libertad y fraude denuncia Comité de Contraloría Judicial 06/04/16 - www.aporrea.org/ddhh/n288574.html Paredes expuso en numerosos documentos presentados ante institucionales nacionales e internacionales de Justicia y de Derechos Humanos las situaciones de los presos en las cárceles venezolanas y los vicios apoderados del sistema judicial y carcelario en el país.
Integrantes del CCSSJJ junto a Carlos Paredes, reclamando ante una institución en Barinas
Credito: CCSSJJ
Algunos de los actualmente presos en cárceles venezolanas son obreros, trabajadores, dirigentes sindicales que fueron encarcelados por situaciones asociadas con los reclamos y luchas laborales, en algunos casos con aplicación de la "Ley Contra el Odio" o bajo acusaciones incluso de la justicia militar.
Varios de estos presos han recibido la solidaridad de movimientos sociales y sindicales y de corrientes políticas, mediante tuitazos, mediante protestas en la sede de los correspondientes tribunales o ante otros organismos públicos. Uno de estos dirigentes obreros que pasó varios años preso y fue indultado recientemente por decisión presidencial es Rubén González, de la Ferrominera del Orinoco.
Otro caso emblemático es el de Rodney Alvarez, que lleva ya ocho años preso al imputarle un delito presenciado por numerosos obreros que vieron como otra persona (un sindicalista del partido oficial) disparaba sobre otros trabajadores, uno de los cuales murió. Otro preso es el petrolero Marcos Sabariego, y hay más.
Afiche de campaña por la libertad del trabajador Rodney Alvarez
Lo que antecede son sólo algunos "botones" de muestra de una situación que consideramos crónica y generalizada.
Frente a todo esto… ¿Cuáles son las demandas de los afectados y afectadas?
- Dar curso a los procesos, activar las preliminares, audiencias y juicios, que cese la paralización judicial. Garantía del Debido Proceso, cumplimiento de las citas y de las audiencias previstas.
- Que el TSJ y la Magistratura se pronuncien y emitan órdenes expresas para la activación tribunalicia, bajo una supervisión estricta de los procedimientos, a fin de evitar la continuación de irregularidades y abusos, incluyendo la posible intervención de centros carcelarios y procedimientos especiales de emergencia.
- Pronunciamiento del Ministerio Público y del Fiscal General de la República por la parte que le corresponde.
- Que la AN y la ANC existentes interpelen a las autoridades judiciales, fiscales, de seguridad y carcelarias, respecto a los hechos señalados, denuncias y reclamos de los privados de libertad.
- Pronunciamiento e intervención de la Defensoría del Pueblo, con arreglo a sus competencias y obligaciones constitucionales.
- Reanudación de contactos y visitas de familiares a los presos dentro del marco de las medidas de bioseguridad frente a la pandemia.
- Garantía de atención médica adecuada y oportuna para todos los casos de problemas de salud y especialmente de Covid-19 en los centros de detención, con suministro de medicamentos y tratamientos u hospitalizaciones, cuando sean requeridas, jornadas diagnósticas para los presos, supervisión de la situación por los poderes del Estado y por las ONG y organizaciones de familiares, así como de Derechos Humanos.
- Exigir que las y los procesados con problemas de salud sean incluidos en el llamado "Plan Cayapa".
- Garantía de alimentación suficiente y adecuada, supervisión y auditoría del suministro alimentos en las cárceles y centros de detención, con acceso a la contraloría social por parte de los familiares de los privados de libertad o de quienes estén sujetos a situaciones de detención.
- Alto al comercio judicial y a la extorsión en la administración de justicia, vigilancia y seguimiento estricto de las actuaciones, con sanciones severas a los responsables de irregularidades, hechos de corrupción y otros delitos en el manejo de los asuntos judiciales.
- Cese de las violaciones de Derechos Humanos de los privados de libertad y detenidos en espera de juicio, supresión de todo tipo de torturas, tratos crueles y degradantes.
- Revisión de la situación de todos los casos a la luz del reconocimiento de la gravísima situación y de la necesidad de corrección de todas las situaciones de injusticia.
- De las denuncias aquí expuestas también se desprenden dos demandas adicionales: 1): Libertad para las trabajadoras y trabajadores presos por reclamar y por luchar en defensa de sus derechos y... 2) Derogación de la Ley Contra el Odio, la cual viene sirviendo de instrumento para crimilarizar la opinión crítica y la denuncia, en el ejercicio de la libre expresión.
Se trata de medidas elementales que debieron ser impulsadas en revolución en lugar de agravar las irregularidades y violaciones desde los estamentos burocráticos, el poder económico del capital y los lobies de las mafias judiciales que nos azotan.
Nota del editor: La realización de las denuncias de violaciones de derechos aquí contenida, se hace a conciencia de que el posible uso y manipulación de informes sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela por organismos internacionales y por otros gobiernos, con posibles fines intervencionistas contra la Nación, no puede ser excusa para el ocultamiento de situaciones reales, ya que lo que verdaderamente está en juego son los derechos y las vidas de las personas, ciudadanos y ciudadanas de una República Independiente y Soberana, que debemos preservar junto y con la garantía de los mismos, así como de nuestra integridad nacional.