Terrorismo de Estado. Copeyanos en la Masacre de Cantaura

Tenemos que tomar en cuenta que durante el gobierno SOCIALCRISTIANO de Luis Herrera Campins, fue común se efectuase masacres en las cárceles venezolanas y también en algunas comunidades indígenas para arrebatarles sus tierras y luego dárselas a los amigos del régimen; además en ese gobierno se practicaron miles de torturas a líderes sociales de los cuales algunos fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Esos fueron los métodos usados en la más completa impunidad durante el gobierno del copeyano refranero Doctor Luis Herrera Campins, quien calificó la masacre de Cantaura como un encuentro armado pero él sabía que fue un vil y múltiple asesinato. Fue muy temprano en la mañana que comienza el bombardeo por aviones militares al sitio donde estaba instalado el campamento de los jóvenes, quienes, después de los cohetes y las metrallas aéreas, sin haberse recuperado de la alevosa irrupción aérea, tienen que enfrentar el ataque de la avanzada que por tierra le hacen desde tres diferentes flancos y sin llamar previamente a una rendición; aun después de que cayeran casi todos asesinados algunos sobrevivientes fueron perseguidos con saña y ajusticiados. Los exámenes forenses posteriores permiten observar a simple vista que algunos cuerpos estaban desmembrados y la mayoría presentaban múltiples penetraciones de balas der alto calibre, por lo que fue fácil presumir que las órdenes del gobierno fue la de arrasar con los subversivos y eliminar definitivamente lo que consideró el gobierno una gran e inusual amenaza para el régimen. El ejército había tomado la carretera Cantaura-El Tigre, tal como si se estuviera en una terrible guerra.

El día siguiente de la Masacre de Cantaura, el Ministerio de Relaciones Interiores así como el Ministerio de Defensa emiten sendos comunicados y admiten un encuentro armado de la DISIP, PTJ y unidades de las Fuerzas Armadas Venezolanas con peligrosos guerrilleros bien armados y uniformados, y cuantifican 23 bajas y numerosos heridos por parte de los irregulares. El gobierno y sus nefastos personajes a cargo de los cuerpos de seguridad y lucha contra la guerrilla, se vanagloriaron de la acción tan exitosa obtenida. En esa ocasión las autoridades explican que ante la ausencia de familiares que reclamaran los cuerpos de los fallecidos, éstos fueron enterrados en fosas comunes, sin autopsias y sin notificación. La movilización de unas cuantas personas pro defensa de los derechos humanos y las protestas públicas de los familiares, permiten se realice la primera exhumación; sin permitir acceso a la prensa e incluso niegan estuviera presente el Fiscal del Ministerio Público: Luisa Marcano Berti. De esta manera que con la complicidad de todos los funcionarios de los organismos públicos que debían por ley abrir alguna investigación, el presidente Luis Herrera Campins, el gobernador del estado Anzoátegui, Hádel Tineo, el Ministro de la Defensa, Vicente Narváez, el director del DIM, Rafael Machado, el Ministro de Relaciones Interiores, Luciano Valero, el director de la DISIP, Remberto Uzcátegui y el tristemente célebre comisario Henry López Sisco; aparecieron hasta hace poco como inocentes y liberados de cualquier responsabilidad en lo que respecta a uno de los operativos más desiguales y sangrientos de la historia republicana venezolana.

En esos días un valiente periodista dijo: "Los gobiernos del Pacto de Punto Fijo utilizan la muerte como expresión de democracia y la tortura como método de paz" Todavía hoy existen miles de víctimas de la llamada democracia representativa, sistema político que ejerció la represión, la tortura, el asesinato y la violación a los derechos humanos sobre una población a quien su deber era proteger; por lo que aquellos alevosos crímenes cometidos por los adecos y copeyanos forman parte de la deuda histórica del país que hoy más que nunca se intenta saldar a través de la justicia. La verdad histórica a favor de los ciudadanos que en su vida política en el país actuaron según su conciencia, es necesario hacerla resucitar y con ello aplicar justo castigo a quienes algo tuvieron que ver en aquella acción desproporcionada y cobarde que llegó a quitarle la vida a un grupo de ciudadanos en una emboscada que significó un 10 a 1, con armas y equipos de guerra como hace 34 años en ocurrió en Cantaura; contra jóvenes briosos y que luchaban por sus ideales.

 



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José M. Ameliach N.


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