Según usuario que lo acusa de usar software programado para hurtar. BFC pertenece a golpista en cuya avioneta pensaban desaparecer a Chávez

Para nadie es un secreto que la oligarquía financiera nacional e importada tuvo activa participación de todos los intentos por derrocar al Presidente Hugo Chávez. Abierta o discretamente siempre se han pronunciado en contra del proceso, pese a que están ganando mucho dinero.

En los últimos años, cual camaleones, algunos mudaron de conducta y hasta dicen ser amigos del proceso, sin embargo esa es una mascarada para seguir lucrando y en algunos casos, como el que exponemos en las siguientes líneas, “aparentemente” despojar indebidamente de su dinero a miles de venezolanos todos los días.

El caso que presentamos lo denunció Guillermo Cecilio Hernández, identificado con cédula de identidad 3.564.347. Este ciudadano denunció que fue estafado en 1998 por el Banco Fondo Común, propiedad de Víctor Gil, dueño de la nave en que pensaban llevarse a Chávez cuando estaba en la Orchila, durante el golpe del 2002. Hernández recuerda que esto fue confirmado en la interpelación que le hizo el entonces diputado Juan Barreto el 2 de mayo del 2002, en la comisión que investigaba los sucesos de abril de ese año.

Luego fue ratificado en una publicación del periódico El Mundo de España. Allí consta que la embajada española y la norteamericana estaban de acuerdo con el señor Víctor Gil, para llevarse al Presidente Chávez de la Orchila.

Víctor Gil para el momento del golpe de Estado era presidente del Total Bank, un banco pequeño. Luego compra el Banco Fondo Común (BFC) y también a La Vivienda, entidad de ahorro y préstamo.

El problema de Hernández empieza cuando en 1998 firma un documento de préstamo hipotecario con cláusulas bien específicas, donde decían que eran dos préstamos uno anual y uno mensual. Se explicaba que se guiarían por las tasas del Banco Central de Venezuela, que si las tazas aumentaban ellos ajustaban las mensualidades para hacerlas pagables.

La inicial y desagradable sorpresa se le presentó al llegarle la primera cuota de 600 mil bolívares, cuando lo estipulado era de 247 mil bolívares, esto era casi el triple.

Posteriormente le quitan su casa por ejecución de hipoteca, “porque yo no pagaba y no porque no quisiera, sino porque yo no debo consentir la usura ni la estafa”, contó.

Cuando introducen la demanda en el fuero civil contra Hernández se detecta la usura y la estafa, ya que ellos deben desglosar por ley como están cobrando.

Según relató la víctima, el BFC une los dos créditos, el mensual y el anual en uno solo, y cuando se desglosa en la hoja de análisis se nota que cuando aplican la fórmula de interés, a ellos siempre les da 40 ó 50 mil bolívares de más y en la mora ellos usan una fórmula desconocida donde aplican hasta 40 mil bolívares en una cuota.

BFC: Programado para robar

Al hacer el desglose Hernández notó que había alrededor de 5 millones que el banco pretendía cobrar de más. El introduce una demanda, con la firma de un licenciado en administración comercial, contra Víctor Gil dueño del Banco Fondo Común y sus empleados. La querella se la admiten en la jurisdicción penal por usura en grado de frustración y tentativa de estafa. Esa demanda fue introducida el 12 de abril del 2005.

El Fiscal 41 fue comisionado para hacer la investigación de competencia metropolitana y los manda al CICPC. El CICPC nombra dos funcionarios los cuales, “queda demostrado en las actas, se parcializaron abiertamente con la parte querellada”, afirma Hernández.

Al detectar esa parcialización, Hernández alerta a la Fiscalía y mandan el expediente a la Guardia Nacional. La GN lo deriva a la división de experticias financieras, al licenciado Henry Ramírez Gaitán, maestro técnico de tercera.

En su primer informe Ramírez Gaitán explica que hay una aplicación errónea de la fórmula de interés y la mora no corresponde con la que debería cobrarse. “Además en su expediente hace un descubrimiento muy importante y es que el dice que dentro de Fondo Común hay un software que hace esos cálculos errados”, mencionó Guillermo Hernández.

Eso, de comprobarse fehacientemente, resultaría muy grave porque hablamos que se estaría timando a miles de personas. Que el banco estaría robando sistemáticamente a la ciudadanía, haciéndose necesaria la pronta intervención de las autoridades competentes.

Cuando la juez ve el informe de la GN, manda hacer una pesquisa con los dos cuerpos policiales. Luego por iniciativa propia ella ordena una experticia entre los dos para el 8 de enero de este año, para que presentaran un informe común el 15”, relató.

Cuando se va haciendo el estudio Fondo Común nombra su experto y éste acepta que se procedió indebidamente contra Hernández.

“Se hizo un acta en ese sentido que fue firmada por el experto de Fondo Común, su abogado, los funcionarios policiales, el GN. Allí queda sentado que se aplican mal las fórmulas, que los montos de interés no corresponden, que las moras son exageradas, que se unieron los dos préstamos en uno”, acotó.

Hernández es una persona que por su situación ha seguido permanentemente el accionar del Banco Fondo Común (BFC) y su dueño, Víctor Gil.

Preguntado sobre si el software al que se hace alusión líneas arriba y que se ha convertido en una herramienta para timar a la población sigue vigente, señaló que si.

“Tiene ese software dentro de su contabilidad, con el que hace los cálculos como me lo hizo a mi para quitarme mi casa”, confirmó.

En los actuales momentos Hernández sigue peleando su caso en los tribunales. Durante todo este tiempo ha sentido como el poder económico con visos de la cuarta república sigue haciendo estragos en la administración de justicia, pero confía en salir adelante y pide que organismos como el Seniat, INDECU y la Fiscalía misma, investiguen a ese banco que “supuestamente” estafa diariamente a miles de venezolanos con millones de bolívares.

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