¿El neoliberalismo con Caldera II le impuso al país la eliminación del control previo?

Interesante pregunta que no nos cansaremos de seguir haciéndola, pues estamos convencidos, por experiencia propia y la de otros compatriotas conocidos y amigos que han trabajado en el área del control de algunos entes del Estado, cuyos nombres los mantendremos en reserva a pedido de ellos mismos, que los resultados de esa decisión potenció la corrupción en el país una vez que en el año 1996, durante el Gobierno de Caldera II, salió la Reforma de la Ley de la Contraloría que eliminó el control previo y trasladó esa enorme responsabilidad a los propios administradores.

¡Imagínense, amigos lectores, lo que eso significaba para un país donde la corrupción le ha causado históricamente tanto daño a los venezolanos , al punto de que se sostiene la convicción de que más del 90% de las fortunas familiares existentes a la fecha en el país, tienen su origen en los dineros del Estado…!

Después de dieciocho  (18) años sin el control previo por parte de la Contraloría General, se impone con urgencia  que este organismo del Poder Moral adelante una rigurosa e imparcial evaluación de los resultados prácticos que se han obtenido con la eliminación de la competencia que le otorgaba la ley en materia del control previo, pues a ojos vista es del conocimiento general que la corrupción en absoluto se ha podido controlar, tanto es así, que más allá de la maledicencia que pudiera haber y que de hecho es claro que en muchos señalamientos los hay, producto de la pugna política existente, el matraqueo y el cobro de comisiones en los entes públicos sigue siendo una constante y hasta, inclusive, continúa estando en niveles alarmantes.

Es preciso, sin la menor duda, si queremos enfrentar con mayor seguridad de éxito el morbo de la corrupción, determinar si esa modificación de Ley en el tema del control previo contribuyó a disminuir los ilícitos en el manejo de los recursos  públicos  o, si por el contrario, los potenció, como pareciera ser lo que, por desgracia, ha venido sucediendo.

En lo personal y sin que manejemos cifra alguna, nos atrevemos a garantizar que dicha evaluación terminaría por recomendar que se retome el sistema de los controles preventivos por parte de la Contraloría General de la República o la fórmula más práctica que hemos propuesto de manera reiterada desde hace años, que consiste en que el órgano Contralor ordene hacer cumplir su propia Ley (*) e instruya sobre la instalación en todo ente público y como parte de la propia estructura orgánica administrativa de cada uno de ellos, de una Unidad u Oficina que adelante con el mayor rigor esa responsabilidad del control previo y acuerde una política de seguimiento y fiscalización permanente a esas dependencias.

No vislumbramos otro tipo de opción para enfrentar con éxito a quienes en la administración del Estado incurren en hechos de corrupción, salvo la necesidad de que la Asamblea Nacional desempolve el proyecto de Ley de Protección a denunciantes y testigos de ese tipo actos condenables que introdujo hace no menos  de tres años ante el Parlamento la anterior titular de la Contraloría, la Dra. Adelina González, el cual –entendemos- ya fue estudiado y discutido en la Comisión de Contraloría y lo que falta es llevarlo al seno de la Asamblea para su aprobación.   

Dejamos, pues, esta inquietud para la consideración de quienes tienen en sus manos la posibilidad de entregarle a los venezolanos una buena estrategia global que le haga frente, con la seguridad del éxito, a la desatada corrupción que tomó al país por asalto desde hace muchísimos años.

A la revolución le corresponde dar pasos muy seguros y expeditos para extirpar de raíz esa terrible y abominable práctica de la corrupción que le es totalmente incompatible con su maravilloso proyecto de construir una patria digna, donde brille la justicia social, la transparencia y los privilegios no sean más que asuntos de un pasado oscuro al que jamás debemos regresar.

De manera que en tanto no veamos interés alguno en las instancias a las que le corresponde explicarle al país las causas y razones que privaron no solamente para suprimir el control previo, sino aquellas que se dieron para dar el paso legal de reformar la ley de la Contraloría General en esa dirección, seguiremos reiterando este tipo de propuestas hasta que se nos escuche. Desde nuestra óptica sostenemos la convicción plena de que esa decisión fue impulsada como parte de la llegada a nuestras tierras latinoamericanas del neoliberalismo y que lejos de haber contribuido a reducir los hechos de corrupción, éstos se han potenciado a términos que generan inmensa preocupación para quienes apostamos al éxito de los cambios que se están dando en el país desde 1999.

Somos bien optimistas en que esta propuesta será examinada en los niveles del Estado que correspondan, pues ya tuvimos un éxito real con la decisión que tomó el presidente Chávez a finales del 2012, de asignarle al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia competencias y muy claras instrucciones de fiscalizar con la mayor rigurosidad la ejecución de la obra gubernamental de forma integral, lo cual estuvimos por varios años insistiendo sobre la necesidad de que había que hacerlo, a través de nuestras notas divulgadas a través de este mismo medio.

(*)  Revisar los artículos del 38 al 41 de la Ley de la Contraloría: Leyes - Contraloría General de la República Bolivariana de ...



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Iván Oliver Rugeles


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