WASHINGTON, 30 de junio de 2025) - Un tribunal federal de apelaciones escuchó el lunes los argumentos orales en lo que probablemente será una demanda decisiva sobre si el gobierno del presidente Donald Trump puede usar una ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones, Reportaje de Jan Wolfe; Edición de Noeleen Walder, Andrea Ricci, Para Reuters.com.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. está evaluando si los migrantes venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, pueden ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, quien defendió a los detenidos, afirmó que la ley de 1798 se concibió para usarse en tiempos de guerra, y que "el propio gobierno afirma que no estamos en un conflicto militar" con Venezuela.
El gobierno de Trump ha afirmado que los detenidos son miembros del Tren de Aragua, una violenta pandilla venezolana. La ACLU ha refutado las afirmaciones de pertenencia a pandillas y afirma que muchos de sus clientes tienen solicitudes de asilo legítimas.
El Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones intermedio con sede en Nueva Orleans, tiene la reputación de ser uno de los más conservadores del país.
En una proclamación del 14 de marzo, Trump afirmó que usaría la Ley para detener y deportar rápidamente a los miembros del Tren de Aragua. Trump afirmó que la pandilla es una organización terrorista internacional patrocinada por un Estado que ha invadido territorio estadounidense.
Históricamente, la ley de 1798 solo se ha aplicado en tiempos de guerra, y es más conocida por su uso para internar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
En abril, la Corte Suprema dictaminó que las impugnaciones a las deportaciones en virtud de esta ley deben presentarse en los distritos judiciales federales donde se encuentran los detenidos.
El tribunal declaró que no estaba resolviendo la validez de la invocación de dicha ley por parte del gobierno para llevar a cabo las deportaciones.
Desde entonces, se han presentado impugnaciones a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente en tribunales de todo el país, y varios jueces han bloqueado las deportaciones en virtud de esta ley dentro de sus distritos judiciales.
El caso, ante el Quinto Circuito, llegó brevemente a la Corte Suprema en mayo. Sin pronunciarse sobre el fondo de los argumentos de la ACLU, el alto tribunal accedió a la solicitud de la organización de que se suspendieran las deportaciones mientras se tramita el caso. El caso del Quinto Circuito ha avanzado rápidamente en los tribunales desde entonces, y se espera que sea el caso en el que la Corte Suprema finalmente decida si la proclamación de Trump del 14 de marzo, que invoca la ley, era constitucional.