Caracas, 04 Dic. Venpres.- La Defensoría del Pueblo manifiesta a la opinión pública su preocupación por los distintos hechos de violencia que se han sucedido a lo largo del país, especialmente durante este martes, según expresa un boletín oficial emitido por ese ente.
A través de un operativo especial de vigilancia y de las denuncias recogidas, la institución ha tenido conocimiento de constantes ataques a comercios, transportistas, usuarios y consumidores por parte de personas que apoyan la paralización, convocado por Confederación de Trabajadores de Venezuela, Fedecámaras y Coordinadora Democrática. Igualmente ha recibido denuncias de personas víctimas de hostigamiento, por parte de quienes presionan para que abran sus negocios.
Al respecto la Defensoría reafirma que el Estado venezolano, a todos sus niveles, está en la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus propiedades, por lo que alcaldes, gobernadores y el Gobierno nacional deben tomar las medidas necesarias para garantizar que estos hechos no continúen ocurriendo. Se debe dar plena garantía a los comerciantes o empresarios que deseen abrir sus puertas así como a aquellos que decidan acatar el llamado a paro, de que sus propiedades no serán atacadas.
La Defensoría del Pueblo también ha visto con preocupación la acción de la Guardia Nacional en el desalojo de los alrededores de Petróleos de Venezuela en Chuao, durante la tarde de este martes. Por ello quiere insistir en la obligación que tienen los cuerpos de seguridad del Estado de hacer uso proporcional de la fuerza y les recuerda que está terminantemente prohibido el uso de armas de fuego en manifestaciones. En especial, la Defensoría del Pueblo recuerda que el uso de perdigones debe hacerse de manera disuasiva, preferiblemente hacia el aire o a una distancia prudente.
Desea insistir también, en la obligación que tiene el Estado de garantizar los servicios públicos esenciales, sobre todo lo relativo al sector salud, íntimamente ligado al derecho a la vida y el sector educación, donde prevalece el interés prioritario que exigen niños y jóvenes. Es por ello que la Defensoría ha mantenido y mantendrá reuniones con los entes rectores de la salud, la educación y con el Consejo Nacional de Derechos de Niños y Adolescentes, para garantizar que estos servicios se presten a la ciudadanía, sin importar si están adscritos a entes nacionales o locales.
Finalmente, la Defensoría precisa insistir en el principio que rige el Estado de Derecho, según el cual el ejercicio de los derechos de cada individuo no puede menoscabar el ejercicio de los derechos de otros. "Es por ello que instamos a todos los sectores a manifestar sus posiciones en el marco constitucional, sin violencia y respetando las leyes y los derechos de todos los ciudadanos", expone el documento oficial.
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