Bogotá, marzo 18 - El ex senador colombiano Álvaro Araújo Castro, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a nueve años y tres meses de prisión por vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha, informó este jueves el máximo tribunal.
Araújo Castro, hermano de la ex canciller del gobierno del presidente Álvaro Uribe, María Consuelo Araújo "fue encontrado responsable de ser coautor del delito de asociación para promover grupos armados (al margen de la ley) y del delito de constreñimiento al sufragante", informó vía telefónica la corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez.
Pérez explicó en su reporte que la Corte también revocó "la detención domiciliaria (...) y deberá regresar a un centro carcelario".
Araújo se encontraba bajo arresto en su domicilio, pero la CSJ no encontró la causa médica por la cual gozaba de este beneficio y ordenó su inmediata detención. Ahora está en manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado desde su apartamento en Bogotá (capital), al pabellón de congresistas de la Cárcel Picota.
La sentencia emitida por la Corte indica que el ex senador se "alió con el bloque norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para obtener un curul (escaño) en el Senado de la República para el período 2002-2006".
Tovar Pupo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, actuaba en el departamento de César y Magdalena (frontera norte con Venezuela). En esta zona se encuentra el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La CSJ también lo condenó a pagar una multa de 7 mil 222 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a 2 millones de dólares. Asimismo el ex senador colombiano no podrá ejercer cargos públicos mientras se encuentre en la cárcel.
Las investigaciones contra Álvaro Araújo Castro comenzaron en el año 2006, tras publicarse las declaraciones del ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, quien aseguró ante la Justicia colombina que el ex senador había recibido financiación para su propaganda política de manos del Bloque Norte de las AUC.
Para diciembre de dicho año, la sala penal de la CSJÂ convocó a Araújo a que respondiera las acusaciones de Rafael García Torres junto a otros dirigentes políticos de la Costa Atlántica como Dieb Maloof y Alfonso Campo Escobar.
Tras el llamado a interrogatorio, el 15 de febrero de 2007, los magistrados de la Corte Suprema ordenaron la detención de Araújo Castro y de otros cinco congresistas por su supuesta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir.
La captura se realizó en un restaurante ubicado en el norte de la capital colombiana. Desde entonces, los magistrados de la Corte Suprema también iniciaron investigaciones en contra del padre del ex senador, el también ex congresista Álvaro Araújo Noguera, por su supuesta responsabilidad en el secuestro del dirigente político del Cesar, Víctor Ochoa Daza (a principio de 2002) supuestamente con fines electorales.
La corresponsal de teleSUR en Bogotá señaló que ahora "la Corte pide que se investigue la fiscal de ese caso", del secuestro de Ochoa Daza.
Álvaro Araújo hijo renunció a su función en el Congreso en marzo de 2007, por considerar que la CSJ no le prestaba garantías. Luego de la decisión, el caso fue asumido por la Fiscalía.
El juicio contra Araújo Castro se realizó en un Juzgado Especializado de Bogotá, y en octubre del año pasado, cuando el juez iba a dictar sentencia, el caso fue enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en base a la nueva jurisprudencia que determinó que los congresistas deben ser procesados por el Alto Tribunal, independientemente de que hayan renunciado a su cargo.
La ex canciller María Consuelo Araújo, hermana del ex senador, renunció a su puesto tras la detención de Álvaro Araújo.
La condena que se estableció contra Araújo Castro está enmarcada en la causa que lleva la CSJ por los nexos de los congresistas y dirigentes políticos con la AUC. Esta causa de la Corte ha encarcelado a 38 parlamentarios, de los cuales 13 han sido condenados, mientras que otros 39 están siendo investigados.
La mayoría de los congresistas vinculados con grupos armados de la extrema derecha pertenecen a la bancada que apoya al Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez.
