Habla sobre el caso Bandagro

Ex-Procuradora Marisol Plaza: "La verdad siempre es la mejor defensa contra la corrupción"

Ex-Procuradora General de la República Marisol Plaza

Ex-Procuradora General de la República Marisol Plaza

Credito: Agencias

Después de casi año y medio fuera del escenario público, la doctora Marisol Plaza Irigoyen, quien fue Procuradora General de la República hasta marzo de 2006, vuelve al ruedo político, esta vez con los hechos y las verdades que develan el montaje del que fue víctima. Armada con una Sentencia de la Sala Constitucional , que además se convierte en Ley de la República , enfrenta a quienes sembraron, desde la prensa enemiga, la idea de que ella había aprobado una estafa a la Nación. Comos se trata de una guerra política contra el gobierno, el 3 de septiembre el diario Reporte, de Caracas volvió a difundir la misma mentira, desconociendo la Sentencia de la Corte y la verdad revelada. Marisol supo esperar con la paciencia de quien no teme a la verdad, así esta le haya costado el cargo.

Junto con Jorge Giordani, el Ministro de Planificación, la ex Procuradora y abogada experta, fue la funcionaria que más tiempo duró en puestos de alta responsabilidad dentro del gobierno de Chávez. Su espera no solo le valió la confirmación de su verdad por parte del máximo tribunal, sino además: servir de ejemplo y testimonio de la conducta pública que se requiere para construir la sociedad socialista que buscamos.

Dra. Plaza ¿que motivó la demanda internacional contra Venezuela en el caso de los bonos bandagro?

El asunto nació hace más de 20 años y eso lo ha hecho confuso. Bandagro, una entidad bancaria venezolana dedicada a la agricultura, entró en liquidación en 1987 y parece que producto de la confusión por la liquidación, algunas personas no autorizadas por la entidad emitieron papeles que presentaron luego como si fueran auténticos. En muchas oportunidades acudieron ante organismos nacionales para cobrar bonos a nombre de Bandagro. Allí comenzó el problema.

¿Cuando y por qué interviene usted?

El asunto comienza cuando los tenedores de los bonos --presuntamente falsos-- acudieron al Ministerio de Finanzas a reclamar sus pagos. En ese Despacho elaboraron un expediente donde certificaban la validez de los bonos y la emisión de los mismos por parte de la República. Todo ello acompañado de la opinión de la Consultoría Jurídica del Ministerio, donde se reconocía la validez de esa reclamación y concluía en que se debía pagar. Conforme a la ley, una vez constatada la obligación y su validez jurídica, el Ministerio debe consultar esa opinión jurídica con la Procuraduría General de la República que es un órgano asesor del Estado Venezolano y que conforme a la ley debe revisar esa opinión en sus aspectos jurídicos. Eso sucedió en julio de 2003 y para ese entonces yo detentaba el cargo de Procuradora General por lo que me correspondía contestar la petición del Ministro Nóbrega.

¿Ese fue el momento en que usted reconoció el pago de los bonos?

No, mi función no era reconocer nada. Mi competencia se limitaba a ratificar la opinión jurídica de la consultoría del Ministerio de Finanzas, es decir, si efectivamente la decisión de ellos estaba ajustada a derecho, eso fue lo que hice en mi condición de Procuradora. La Procuraduría no tiene potestad para verificar aspectos económicos contables y mucho menos investigar o verificar si la deuda la emitió la República o no. Esa es una función del Ministerio, a ellos les corresponde comprobar estos aspectos; en la Procuraduría sólo hay abogados asesores, no investigadores contables. Por ello la ley exige que el Ministerio del ramo certifique la validez y procedencia de cualquier reclamación. Procedí en consecuencia y ratifiqué esa opinión. Eso fue el 3 de octubre de 2003. Muchos se preguntan que porque si se rumoraba que los bonos eran falsos ratifiqué esa opinión, la razón fue que uno de las primeras aclaratorias que hizo el Ministerio en el dictamen es que ese caso específicamente se revisó exhaustivamente porque había por ahí unos bonos falsos, el expediente constaba de certificaciones de bancos extranjeros, sentencias de tribunales, certificaciones del Banco Central de Venezuela, del propio ministerio, de funcionarios que laboran en ese ministerio etc., es decir un expediente bien soportado que demostraba que otros eran los bonos falsos, esos no. Como efectivamente eso puede suceder yo no pedía dudar del expediente que me entregaron.

¿Por qué el Ministerio Público no intervino en ese procedimiento, si es que se trataba de documentos falsificados?

Lo que pauta la ley es que una vez ratificada la opinión del consultor por parte de la Procuraduría, se devuelve al ministro el expediente que envía en copia certificada anexando la opinión y luego si él lo considera debe reconocer la deuda mediante un acto administrativo que se llama Resolución y notificar al interesado, al dueño de los bonos, que le reconoce la deuda en nombre de la República. Con esa notificación los tenedores de los bonos podían cobrar y si no les pagan demandar a la República Bolivariana de Venezuela. Contestando tu pregunta de la intervención del Ministerio Público el Ministro me envió una comunicación planteándome el asunto de la falsedad a lo que respondí que debía interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público con los soportes de la misma para que procediera en consecuencia.

¿Entonces en que consistió el fraude?

Que el Ministro de Finanzas cuando recibió la opinión de la Procuraduría que simplemente ratificaba la de su consultoría , detectó que los bonos eran falsos y revocó la opinión de su propia consultoría. Eso los llevó a cambiar de consultor jurídico en el Ministerio de Finanzas. Inmediatamente solicitó a la Procuraduría que revocara su ratificación, o sea lo que había opinado la Procuraduría, señalaron que habían aparecido nuevos elementos que determinaban una duda sobre la certeza de los bonos. Por supuesto, inmediatamente yo, como Procuradora General, revoqué la primera opinión mía, o sea la deje sin efecto y emití una nueva opinión ratificando la nueva posición del Ministerio de Finanzas, en la que yo consideraba que no se debía pagar la deuda representada en los supuestos bonos. Eso lo hice a los dos meses, el día 08 de diciembre de 2003, cumplidos los pasos legales., ¿En qué consistió el fraude? Fue muy simple: seis meses después, los tenedores de los bonos falsos utilizaron una copia fotostática obtenida por medio de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional , que investigaba el caso y la presentaron ante tribunales extranjeros alegando que la representante judicial de la República de Venezuela les reconoció la obligación y en consecuencia que Venezuela debía pagar. ¿Se entiende? La trampa estuvo en que escondieron la opinión de la Procuraduría en la que se revocaba, además de ocultar que el propio Ministerio de Finanzas también había revocado la opinión de su Consultoría Jurídica , aunque todo eso estaba en el mismo expediente, pero ellos usaron sólo el papel que les servía para intentar cobrar. Ellos mienten ante los jueces extranjeros.

¿Y es posible demandar a la Nación por una deuda en el extranjero con una simple copia?

Bueno exactamente esa fue la audacia, estamos hablando de una banda internacional de estafadores, con estructuras de alto nivel técnico y experiencia en el mercado financiero internacional. Ellos habían estafado a muchas personas en el extranjero con los mismos bonos. Si un documento es publico tu puedes presentar una copia, lo que sucede es que ese documento había sido revocado, ya no tenía ninguna validez. Pero no solamente eso. Conforme a los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República , la opinión del Procurador no habilita a nadie para cobrar ninguna obligación financiera, ni en Venezuela ni en el exterior, porque el acto de reconocimiento de la deuda lo hace el ministro del área, en este caso el Ministro de Finanzas. Así que estuvimos en presencia de una doble estafa.

¿Pero entonces a qué apostaban ellos si sabían que en algún momento se iba a descubrir?

Ellos apostaron a varias posibilidades: Primero, que Venezuela no se defendiera en el extranjero, esto sucedía con normalidad hasta que ingresé al cargo.Venezuela perdía las demandas internacionales, es decir no designaban abogados en las localidades para defender a la nación. Lo que hay que destacar es que parte del escándalo mediático que hubo, fue una extorsión a mi persona, que por extensión afectaba al gobierno de Chávez. Yo no puedo afirmar que los medios que me atacaron eran parte de la estafa, lo que si quedó claro es que la aprovecharon para pegarle al gobierno. Me amenazaron con poner en tela de juicio mi honestidad si no aflojaba en las defensas que hacía de mi país. Segundo, buscaban sobornos para que Venezuela transara en los juicios, es decir que pagáramos aunque fuera menos a los estafadores. No olvides que estamos hablando de expertos, ellos saben que es muy costoso litigar en el extranjero. A pesar de ello, los estafadores no lograron ninguno de los dos objetivos. E incluso actualmente el Diario Reporte de la Economía de quienes son socios los Ramírez Lòpez representantes de los demandantes le tienen ofrecida a la actual Procuradora su “bendición” es decir no atacarla por la prensa si los “trata bien en el juicio”.

¿De donde obtuvo esa información?

Gente amiga. De todas maneras el tiempo nos ilustrará. El terrorismo mediático en Venezuela es tan fuerte que para mi es un orgullo no ser reconocida por semejantes calumniadores enemigos de la revolución.

Marisol, ¿para qué acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia?

Mira, tuve razones jurídicas, pero directamente relacionados con razones políticas. Resulta que al no lograr sobornarme, comenzó una campaña de corte política. El columnista José Rafael Ramírez del Diario Reporte de la Economía , acompañado por La Razón , Tal Cuál, y el periodista Nelson Bocaranda en sus programas de radio, durante casi tres años, con una sistematicidad de campaña, casi quincenalmente me incriminaron durante casi 3 años. Ellos se dedicaron a repetir que yo había reconocido el pago de los bonos Bandagro. O sea, acompañaron conscientemente la estafa en el terreno periodístico. Sembraron la opinión de que yo había aprobado la validez de los bonos, y ocultaron ex profeso mi segunda opinión en la que revocaba la primera. Luego agregaron que yo hacía un derroche millonario en abogados extranjeros para defender un juicio que estaba perdido porque lamentablemente ellos ganarían el juicio, mientras yo, según ellos, andaba buscando dinero con los gastos para la defensa. Se ensañaron en forma especial cuando salí del cargo en marzo de 2006. Repitieron que había sido despedida por esa primea opinión revocada. Fue sospechoso un hecho: aconsejaban al gobierno y a las nuevas autoridades para que no siguieran gastando dólares en abogados, porque estaba todo perdido, decían que sólo quedaba pagar, o sea, una parte de su campaña iba dirigida a afectar políticamente a mi en lo personal y al gobierno, pero al mismo tiempo a procurar que Venezuela pagara bonos falsos. Es muy sospechoso ¿no? Si tu analizas esa estrategia se evidencia que los estafadores querían crear una matriz de opinión en mi contra, paralizar las acciones de abogados extranjeros que atendían juicios en varios lugares del mundo al servicio de Venezuela con el objetivo de que se perdieran los juicios, o que se transara con ellos. Eso es lo que se hacía en la IV República. Como sabemos que ocurre en estos casos, ellos ofrecieron comisiones millonarias a quienes actuaran conforme a sus planes. Yo, en cambio, quedaba políticamente quemada como la responsable de esos pagos. Ante un panorama así fue que decidí acudir al Tribunal Supremo de Justicia.

¿Qué sentenció la Sala Constitucional ?

Lo que dijo la Sala Constitucional se puede ver en la Sentencia del 12 de julio de 2006, que aparece en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia. La dirección Web del TSJ es www.tsj.gov.ve y para ver la sentencia hay que escribir esta dirección: www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1460-120707-07-0068.htm.
La Sala interpreta las funciones de la Procuraduría y decide que: La opinión de la Procuraduría no es vinculante en cuanto a sus criterios: eso desmonta que yo reconocí el pago, y decide que el Ministerio del área es el que decide tomando en cuenta todos los elementos, o sea, que si el Ministro corroboraba que era falsa la petición no debía pagar aunque jurídicamente fuera procedente. También decide, que las opiniones de la Procuraduría General de la República es ilustrar a los organismos para que ellos tomen sus decisiones, sólo ilustrar, nunca suplantar la voluntad de ellos. También señala que esas opiniones son intraorgánicas, es decir, que solo tienen valor para el organismo que las pide y no para los ciudadanos particulares fuera de esos organismos.

¿Cuál es la importancia actual de esa interpretación?

Que se cae la demanda interpuesta en el extranjero contra Venezuela porque ella tiene como fundamento una opinión revocada que no es vinculante ni concede derecho a ningún particular. Es tan trascendente esa opinión que si por alguna razón algún Juez extranjero no valora la sentencia, condenan a Venezuela y pretenden ejecutarla en Venezuela no podrían por que violan el derecho Venezolano, tenemos inmunidad jurisdiccional. Esa es la importancia actual y futura para nuestro país: protege los derechos soberanos de nuestra nación ante posibles acciones ilícitas.

Asimismo los magistrados del Tribunal Supremo ordenaron que la Sentencia sea publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y así se hizo en la número 38.744 de fecha 10 de agosto de este año 2007. Cuando se interpreta un artículo constitucional como fue el caso, la sentencia forma parte de la constitución es decir es una ley de la República.

Políticamente también tiene un gran valor, porque desmonta la “olla comunicacional”. Quedan como mentirosos, porque ellos sembraron la idea de que yo había reconocido el pago y que Venezuela estaba perdida y que sería condenada etc., todo buscando que Venezuela no pudiera defenderse, que fuera vulnerables al servicio de estafadores y otros intereses más oscuros.

¿De dónde provenía el dinero que se usaba para pagar abogados internacionales que defendieran a Venezuela?

Del Ministerio de Finanzas, ya que era el ministerio involucrado, ellos directamente quienes pagaban a los escritorios jurídicos externos. La Procuraduría no cuenta con fondos directos para estos pagos. Por supuesto desde mi despacho se supervisaban todas las actuaciones de los bufetes nacionales e internacionales, fue una ardua labor, se produjeron mas de 300 documentos en organismos públicos nacionales e internacionales, algunos antiguos donde hubo que hacer un trabajo de investigación importante desde el inicio de la quiebra 20 años atrás.

¿Qué interés personal tenía el periodista José Rafael Ramírez en hacer una campaña en su contra?

Es muy simple: Su hermano, Carlos Ramírez López, es el abogado de los tenedores de los títulos. Era un círculo cerrado de intereses. Es decir, fue ese mismo bufete el que hizo la campaña para tratar de que yo no defendiera a Venezuela en el exterior. Pero también tenía otro objetivo: descalificarme como testigo. Yo me ofrecí como testigo para explicar en los tribunales extranjeros el por qué de la revocatoria, y en cada juicio los abogados de los bonos alegaban que no podían valorarme como testigo porque yo tenía un proceso penal en contra por este caso. En cada caso, consignaban en los expedientes las hojas de prensa de la columna de Jose Rafael Ramírez López, que decía que yo iba presa por este caso. Todo un montaje. El Ministerio Público tuvo que abrir una investigación por las tendenciosas que resultaban las opiniones motivados por estos escritos de Reporte. También quiero decir que el dueño de reporte no da derecho a réplica porque afirma que la columna de Ramírez es “alquilada” y ellos no responden por sus inquilinos.

¿Por qué se le vio tan sola en su defensa política y jurídica?

Yo tengo la siguiente explicación. El país atravesaba por un enfrentamiento político general producido por los cambios revolucionarios que ha adelantado el Presidente Chávez. Los medios de comunicación se han confabulado para atacarlo a él, y a la gente que lo acompaña en su gestión de gobierno. Eso determinó a mi juicio un gran temor entre los funcionarios públicos, que no quieren salir lesionados en su honor y reputación y evitan solidarizarse con quien es atacado para que no les suceda lo mismo. Ninguno de los Ministros de Finanzas ha hecho pronunciamiento alguno sobre este caso, excepto unos remitidos generales, y eso que el objetivo es defender a Venezuela. Lamentablemente no hay criterios uniformes de solidaridad y hay diferentes medidas de entrega personal a la función pública. Cuando fui presionada tuve que decidir entre tres opciones. La primera, dejarme sobornar y disfrutar de las mieles del dinero, la segunda, atemorizarme y renunciar al cargo para no enfrentar a los estafadores, y una solución intermedia, que era bajar las defensas del juicio internacional para que este se perdiera y tener la excusa de que no era mi culpa, que se trataba de la sentencia de un juez, aunque en el fondo de mi alma sepa que pude hacer mas para evitarlo. Y la tercera opción que fue la que tomé: demostrar la verdad con los hechos, y esperar a que pasara el temporal de porquería de los medios que montaron la campaña contra mi. Mi decisión fue enfrentar el palo de agua que me vino. Hoy tengo la satisfacción de haber defendido a mi país con la misma pasión que entrego siempre en mis causas judiciales. Esto es lo que me deja dormir tranquila todos las noches y me da la paz de vivir con la frente en alto, sea cual sea la actividad que realice, eso como dice una conocida cuña…. ¡no tiene precio!.

¿Influyó esa campaña en su salida del cargo?

Para nada. La opinión se hizo el 3 de octubre de 2003, defendí el juicio durante 3 años, si hubiese sido la causa mucho antes hubiese salido, permanecí durante 5 años y medio, ya estaba bien un cambio. Además todos los funcionarios del gobierno de Chávez hemos ejercido con la prensa adversa descalificando toda acción.

¿Y ahora fuera del gobierno y con toda esa experiencia política y jurídica adquirida que hará? ¿A que se dedica actualmente?

Estoy haciendo un doctorado en derecho constitucional, dios mediante este año lo termino. Retomé la docencia universitaria, soy profesora con el escalafón de asistente de la Universidad de Carabobo, estuve de permiso por el cargo, continúo también el litigio profesional que hice siempre cuando me dedicaba a defender trabajadores y organizaciones sindicales. Ciertamente, la experiencia adquirida fue muy importante, ojala tenga la paciencia de escribir todo lo que viví en el golpe de estado, las guarimbas, el paro petrolero y los primeros duros años de la revolución. Es una hermosa experiencia vivir este proceso acompañando a la gente sin la camisa de fuerza que representa las responsabilidades públicas, es otra percepción del proceso y nuestra gente necesita mucho acompañamiento. Este proceso hay que cuidarlo y diseñarlo, puede torcerse; nuestro pueblo esta aprendiendo y tenemos muchos enemigos apostando al fracaso, acechando y saboteando. Considero que el éxito esta en la capacidad que tenga nuestra gente de organizarse para exigir a las instituciones un socialismo pleno de justicia, que logre frenar la corrupción y descubra los velos del poder, que expulse de su seno todos aquellos oportunistas que en adulancia constante quieran concentrar poder que alimente su ego. Solo el soberano puede ayudar a nuestro presidente Chávez en la construcción de la nueva Venezuela que queremos y necesitamos.

¿Quiere agregar algo más?

Si, le pido a nuestra gente que apoya al Presidente Chávez y al proceso, que lea con cuidado lo que se dice en la prensa opositora. Mire, ayer 3 de septiembre vuelven a burlarse de la verdad, esta vez con el agravante de desconocer una Sentencia judicial, y publican lo mismo sobre mi que hace dos años. Hay que tener el cuidado de no confiar en las informaciones, leerlas minuciosamente, investigar con las fuentes con que puedan, compararlas, vincularlas para hacer sus propios criterios y entonces si es verdad tomar las acciones que deban tomarse, si son falsas arremeter como pueblo con las armas de la protesta contra la infamia, es la única manera de enfrentar el terrorismo mediático. Eso hablará de un pueblo lo suficientemente politizado que no acepta mentiras de titulares o fraudes y estafas como las del caso BANDAGRO.



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