Atacando al voto preparan el camino a la violencia.

Aceptar como valida la matriz de opinión que buscan imponer los medios comerciales de difusión masiva, al publicitar con gran profusión que se está operando un cambio en la Coordinadora Democrática, sería un grave error.

La disidencia de algunas “mini-organizaciones” e individualidades, la sustitución de caras en sus representantes y la participación de los partidos que se quedan en las elecciones regionales del 31 de octubre, no transforman de la noche a la mañana a esta organización instrumental de los grupos contrarios al proceso de cambios, en una oposición democrática.

Estos “supuestos cambios” no son más que un reparto de roles en los compromisos que se avecinan que tienen el propósito de justificar sus acciones futuras.

Ya se conoce la trayectoria de estos grupos que incluye:
· Golpe de Estado (abril, 2002)
· Atentados con bombas a legaciones diplomáticas y comerciales
· Golpe económico mediante un sabotaje a las instalaciones e instrumentos de la industria del petróleo y un paro empresarial, en diciembre del 2002 y enero de 2003.
· Autoatentados para acusar de persecución política al Gobierno del Presidente Chávez.
· “Guarimbas” (desordenes de calle programados) con la intención de generalizar la violencia y la desestasbilización que les permitiera solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por ingobernabilidad en el país.

Una revisión de las declaraciones de quienes “supuestamente” abandonan la Coordinadora y quienes se quedan proporcionan los argumentos que motivan la afirmación hecha en líneas precedentes:

Las mini-organizaciones e individualidades que salieron

De acuerdo al 2001 del miércoles 22 de septiembre, comentando las declaraciones de Antonio Ledezma señala: “Calificó como una ‘contradicción más’ que se mantenga la tesis del fraude electoral a la vez que se hace un llamado a participar en las elecciones regionales sin que existan garantías para las mismas.”

En una nota el diario El Universal del miércoles 22 de septiembre, apunta que Andrés Velásquez “asumió la responsabilidad de haber caído en el chantaje de la unidad pregonado por la CD, pero señaló que una vez aprendida la lección, no piensa dar su brazo a torcer y participar en un proceso electoral con el mismo árbitro (CNE). ‘Lo que pedimos es respeto y no simplemente tratar de preservar espacios.’”

El Nuevo País (22/9/04) comentando el foro realizado en el Ateneo de Caracas, “Venezuela en serio: coherencia y compromiso del liderazgo de oposición de cara al fraude y la problemática electoral”, organizado por el grupo disidente, señala en una nota sin precisar si los párrafos pertenecen al documento entregado o a declaraciones, lo que sigue:
<<“Pensamos que lejos de arrancar una campaña electoral, como si aquí nada hubiese pasado, los candidatos deben ponerse al frente de las contundentes acciones de presión que hay que poner en marcha para que se reconozcan nuestros derechos como electores y de no lograrse, ponerse entonces al frente de una jornada de abstención activa que se convierta en una protesta que sacuda los cimientos del régimen y le muestre al mundo que la Venezuela democrática no piensa arrodillarse. De lo contrario, será el gobierno quien determine nuevamente quién gana y quién pierde y se consolidará el argumento que Chávez pregona en el exterior, según el cual, sólo él garantiza la estabilidad del país porque tiene ante sí una oposición dócil.>> (La falta de comillas de cierre no es nuestra)

Lo que no señalan estas notas es que el llamado a no participar en las elecciones regionales del 31 de octubre formulado por algunas de las organizaciones disidentes, es muy conveniente para éstas, puesto que no tienen candidatos, otro aspecto que tampoco señalan es la salida de la CD de estas “mini-organizaciones” no incide prácticamente en el caudal de votos de las fuerzas opositoras.

Los que se quedan también dicen…

El grupo que se queda en la CD, son los partidos políticos que tienen fuerzas suficientes para tener candidatos y que aspiran capitalizar los votos obtenidos por la opción del SÍ en el referéndum del 15 de agosto. Estos partidos no están dispuestos a perder sin participar los espacios ganados o en los cuales tengan, de acuerdo a sus cálculos, algunas posibilidades. Las declaraciones acerca de sus posiciones también fueron reseñadas por la prensa.

El Diario de Caracas del 23 de septiembre, en primera página bajo el título de “Primero Justicia retirará candidaturas”, anota lo que sigue:
“El diputado Julio Borges aseguró que Primero Justicia retiraría sus candidaturas de alcaldes y gobernadores, si los comicios regionales carecen de transparencia o no gozan de respaldo popular. ‘Si las candidaturas nuestras no corresponden al alcalde que la gente desea, todos se retirarían y se apoyará al que tiene el favor de los votantes’ aseveró.
Borges considera que la oposición debe establecer las condiciones bajo las cuales aceptaría ir a elecciones regionales el 31 de octubre y las razones que motivarían un retiro de sus candidaturas. ‘Esto debe quedar claro. Gobernadores y alcaldes deben ser marcadores de esas condiciones’, comentó.”

Las declaraciones de este dirigente de Primero Justicia sobre el posible retiro de algunas candidaturas de su partido para apoyar a otras con más opción de triunfo indica claramente como el pragmatismo por alcanzar cualquier cargo priva por sobre los principios programáticos que sustentan estas organizaciones políticas.

En la página l8 de la edición del jueves 23 de septiembre, Ultimas Noticias al informar del encuentro de los partidos políticos de la CD, en el cual estas organizaciones designaron un comando de campaña para las elecciones regionales, el cual estará dirigido por los actuales gobernadores, destaca lo siguiente:
“El gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi, coordinador general del mencionado comando, dijo que tienen como mandato fundamental exigirle al Consejo Nacional Electoral, el cumplimiento de cada uno de los aspectos contenidos en la Ley del Sufragio y de Participación Política.”

El CNE en la mira de ambos

El común denominador que se observa en las declaraciones de ambos grupos va dirigido a colocar en tela de juicio la labor del Consejo Nacional Electoral. El objetivo es claro: hacerle creer a sus seguidores que el voto ya no sirve para conseguir sus propósitos, razonamiento que le serviría para justificar acciones violentas.

Este cuestionamiento al voto y al sistema electoral es parte de una estrategia a largo plazo preparada por quienes los dirigen y financian desde los Estados Unidos. Conveniente es recordar que los grupos opuestos al proceso de cambios en Venezuela no actúan por decisión propia, sino movidos por los intereses de quienes los financian.

El formular acusaciones o advertencias sobre la falta de imparcialidad del máximo organismo comicial les permitirá justificar además la contundente derrota que nuevamente recibirán en los comicios del 31 de octubre con una acusación de FRAUDE. Esta justificación les dará cobertura para adelantar nuevamente todos juntos los verdaderos planes que ya tienen preparados: hacer presión calentando la calle a través de la violencia para intentar lograr una situación de desestabilización, la cual, si no les permite conseguir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para adelantar las elecciones del 2006, al menos intentarán provocar agotamiento en los ciudadanos, para que éstos, cansados de esa situación le otorguen su preferencia, prometiéndoles una supuesta “tranquilidad”.

Conclusiones

El estar concientes de las verdaderas intenciones que se ocultan tras esa aparente separación no significa dejar de respetarlos como adversarios políticos, mientras jueguen a aparentar que permanecen dentro del marco de la institucionalidad democrática establecida en la Constitución Nacional.

El estar alertas sin perderlos de vista es una buena precaución que podría evitar más de una desagradable sorpresa, ya que las declaraciones indican sin lugar a equívocos que: el propósito de los grupos contrarios al proceso de cambios sigue siendo el camino de la violencia que favorece los planes de quienes los dirigen y financian.


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