Del autoritarismo medieval surgieron las demandas de libertad e Igualdad condensadas en episodios históricos de gran relevancia, entre ellos la Revolución Francesa en el año 1873. Se instaura en el mundo el régimen democrático moderno, se instituyen los marcos jurídicos, las formas y los procedimientos democráticos y se proclaman los “Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Dos siglos después, una evaluación del proceso histórico-social transcurrido por la Humanidad, evidencia que en lugar de acercarnos a ese ideario, nos alejamos.
Es necesario reflexionar acerca de la situación del mundo actual plagado de males sociales como el hambre, la pobreza, la desigualdad, el racismo, el militarismo y la guerra, y la proliferación de diferentes y novedosas formas de opresión, explotación y exclusión. Esa reflexión conlleva a plantearse preguntas insoslayables: ¿Qué sectores han conducido al mundo por esos derroteros y en función de qué proyectos societales? y, ¿Cómo han logrado sus objetivos burlando a la Humanidad y alejándola del ideario libertario e igualitario?
A pesar de los avances doctrinarios, jurídicos, políticos e institucionales surgidos con la Revolución Francesa, las oligarquías se aseguraron el control de los procesos de democratización, poniéndolos al servicio de sus intereses clasistas. A consecuencia de ello, la democracia se convirtió en un régimen anquilosado, formal, centrado en los procedimientos burocráticos. Fue inevitable que los pueblos sintieran que esas democracias no eran de ningún modo SUS democracias, ya que su papel fue restringido por las oligarquías, que impusieron su DEBER SER: el pueblo sólo debía elegir a sus representantes, más no debía involucrarse en el proceso de toma de decisiones, reservado a la burocracia y a los espacios de negociación entre esa burocracia y la clase propietaria.
Los conflictos sociales, lejos de resolverse se exacerbaron, las democracias occidentales no fueron capaces de afrontar con firmeza la explotación inhumana a la cual se sometió y aún se somete a la clase trabajadora. Los partidos políticos, supuestas instancias mediadoras entre la sociedad y el Estado, han representado prioritariamente los intereses particulares de los propios partidos. En el mundo actual está claro que el mecanismo de la representación política se ha agotado por no responder a los intereses genuinos de los pueblos.
Un aspecto central que explica el fracaso del régimen democrático a escala mundial es la separación interesada entre los valores de libertad, igualdad y justicia, ahí podemos ubicar la génesis del fracaso del modelo, al separar aquellos valores que por su naturaleza son esencialmente indisolubles. La concreción de experiencias guiadas por tales valores deben ser reivindicadas como intentos legítimos y necesarios en la recuperación y revitalización del horizonte utópico de la democracia, que no es simplemente una forma estática sino más bien un proceso de democratización, complejo y dinámico, un medio para alcanzar la libertad, la igualdad y la justicia en tanto fundamentos de la felicidad humana.
Miguel Bakunin, revolucionario ruso de mediados del siglo XIX sintetizó en una frase el sentido indisociable de los valores de libertad e igualdad: “La libertad sin igualdad es explotación, la igualdad sin libertad es opresión”. La crítica iba dirigida por una parte al liberalismo clásico que limita la democracia a garantizar los derechos civiles y políticos INDIVIDUALES de quienes por su posición social tienen como pagarlos, dejando a un lado a quienes por no ser propietarios ni contar con títulos académicos que les permitan incorporarse a los espacios sociales de ejercicio de ciudadanía, deben conformarse con vender su mano de obra barata a la clase propietaria, ya que ni siquiera les es posible participar directamente en la toma de decisiones sobre la redistribución de la riqueza, la organización del trabajo, el salario y la seguridad social, temas reservados a los parlamentos, a la arbitrariedad de unos(as) representantes habituados(as) a confiscar la voluntad de sus electores(as). También se dirige la crítica de Bakunin a las tendencias autoritarias en las corrientes socialistas, que más tarde se concretaron en dictaduras que si bien colectivizaron la propiedad y universalizaron los derechos económicos, sociales y culturales, ahogaron la participación libre individual y colectiva, controlándola desde instancias partidistas, burocráticas y no democráticas.
El mundo actual afronta nuevos retos a los procesos de democratización, el principal de ellos es la imposición de la ideología del globalismo que intenta legitimar el llamado Nuevo Orden Mundial de signo neoliberal, que extrema el vicio central del liberalismo económico: la preeminencia del mercado sobre la sociedad y el Estado. Tal economicismo ha provocado el mayor retroceso -sólo comparable a los estragos de la Segunda Guerra Mundial- en la construcción de regímenes verdaderamente democráticos. Es necesario configurar relaciones sociales en las cuales una falsa libertad individualista no sacrifique la igualdad ni una falsa igualdad controlada “desde arriba y desde afuera” sacrifique a la libertad.
Para que pueda haber genuinos procesos de democratización es fundamental reivindicar la autonomía de los sujetos sociales. Si el capitalismo a acabado por imponer la lógica de la maximización de la ganancia a las democracias mínimas que imperan en el mundo actual ha sido porque el Estado moderno surgido con la Revolución Francesa destruyó las autonomías locales y regionales en función de crear Estados Nacionales centralizados, en los cuales resulta inevitable la aplicación de la representación política, al plantearse un esquema de relaciones formales entre el individuo atomizado -y por tanto debilitado- y el Estado.
Es evidente que dichos Estados Nacionales con extensas áreas geográficas y poblaciones y sin contar con espacios de autonomías locales que canalicen la participación socio-política y el flujo de las decisiones hacia instancias nacionales imponen el centralismo y limitados federalismos burocratizados (que en ningún caso garantizan el acercamiento de la ciudadanía a las instancias del Poder Público). Finalmente, los(as) individuos(as) y sus organizaciones quedan atrapado(as) en la supuesta inevitabilidad de la representación política, coartando así los deseos legítimos del colectivo popular -las mayorías sociales conformadas por diversas minorías explotadas y oprimidas- de participar directamente en los procesos de debates, de toma de decisiones y de su implementación en función de sus intereses.
Pero la pérdida de la autonomía no ha sido sólo política, ha sido además y de manera más profunda económica. Antes de la imposición de la centralización y concentración del capital (proceso imbricado con la centralización político-institucional), las localidades y regiones tenían sus propias tradiciones productivas, sus propias dinámicas y procesos, que si bien no necesariamente estaban orientados a satisfacer las necesidades de toda la población de manera equitativa, brindaban espacios socio-económicos distintos a la actual preeminencia totalitaria del mercado mundial, proceso que busca homogeneizar las relaciones de producción para incrementar las ganancias de los grandes capitalistas.
La consecuencia de ello es la destrucción de los espacios económicos locales y regionales de carácter endógeno y relativamente autosuficiente, que posibilitarían la configuración de las autonomías políticas de dichas localidades y regiones. A mayor pérdida de autonomía habrá mayor dependencia de los aparatos de dominación instituidos por el capitalismo neoliberal y los Estados Nacionales puestos crecientemente al servicio de las corporaciones transnacionales.
La experiencia bolivariana en Venezuela
El fracaso de la democracia representativa venezolana plantea la necesidad de reivindicar la autonomía como fundamento del ejercicio de la soberanía popular, de ahí la importancia de impulsar el desarrollo endógeno en las localidades y regiones, en articulación armónica para redimensionar el proceso de desarrollo nacional, haciéndolo integral y equilibrado, a la vez de tender puentes a la integración con la América Meridional y del impulso de las relaciones de cooperación con todos los pueblos del mundo desde una posición de soberanía, superando progresivamente la dependencia y sujeción de los poderes instituidos por el capital transnacional.
En tal sentido, la democracia participativa, protagónica, popular y bolivariana retoma el carácter inherente de un auténtico proceso de democratización, asumiéndose como un proyecto inacabado y en construcción permanente por la voluntad democrática de las mayorías sociales históricamente oprimidas. Este nuevo paradigma de democracia no concibe al Estado separado de la sociedad, por el contrario, se avanza en la apropiación social del Estado, cada ciudadano y ciudadana es parte indisoluble del Estado, que responde a los intereses nacionales y colectivos en un marco de relaciones de responsabilidad social y corresponsabilidad. La participación protagónica garantiza que todos(as) seamos sujetos del cambio social AQUÍ y AHORA.
Es preciso que el nuevo impulso tomado por el proceso revolucionario tras su ratificación el 15 de Agosto extienda y profundice las prácticas democráticas participativas y protagónicas. Al respecto, es preciso asumir el reto de mejorar la comunicación con la minoría conformada por casi 4 millones de personas que votaron en el referendo popular contra la continuidad del Gobierno Bolivariano, ayudarles a comprender que:
· El devenir del pueblo venezolano lo deciden las mayorías: 14 millones de electores(as), de los cuales 6 millones ratificaron al Gobierno Nacional.
· Los cambios en curso no representan peligro alguno para sus intereses y expectativas. El respeto a los derechos de las minorías y a la disidencia política es parte consustancial del Proceso Bolivariano.
· La división imperante en Venezuela es estructural e histórica. Es un reto de la Revolución Bolivariana cerrar las brechas creadas por siglos.
· El diálogo y la cooperación en el marco constitucional son los mecanismos idóneos para facilitar la reconciliación nacional. La oposición política debe ser leal al Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y debe respetar la voluntad mayoritaria.
· La democratización de la sociedad debe extenderse a todas sus esferas y espacios, no sólo en las instancias del Poder Público sino además en todas las instituciones de la sociedad, haciendo prevalecer los derechos humanos. Deben ser combatidos los autoritarismos partidista, sindical, empresarial, académico, eclesiástico y mediático.
· No es posible el diálogo con factores violentos y sujetos a intereses extranjeros. El Gobierno Nacional no desconoce la importancia y legitimidad de quienes adversan el Proceso Bolivariano, sólo desconoce a las dirigencias antidemocráticas y sin responsabilidad social.
· La actuación de la Justicia no debe interpretarse como “persecución” ni “amedrentamiento” -como ha sido señalado por algunas voces oposicionistas- sino como combate a la impunidad imperante tras la comisión de diversos delitos políticos, garantizando así la reconciliación con justicia.
· Los asedios y atentados a legaciones diplomáticas; los asaltos a edificios y a funcionarios(as) públicos(as) por turbas violentas; los asesinatos selectivos de líderes campesinos y activistas de derechos humanos; la promoción del paramilitarismo; los paros patronales ilegales; los sabotajes al aparato productivo nacional; la evasión fiscal; el golpe de Estado; los llamados a la rebelión civil y militar; las manifestaciones violentas; los ilícitos electorales; la difamación e injuria al adversario político y demás actos auspiciados por partidos políticos y medios de difusión oposicionistas son delitos y crímenes que deben ser denunciados y procesados judicialmente.
· El mundo social es diverso y complejo y no se reduce al pequeño mundo enajenado de las urbanizaciones de clase media ni a la realidad virtual creada por los mass-media.
· Venezuela es de todos(as), el respeto a los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos de calidad debe ser garantizado a todos(as).
· La democracia participativa y protagónica se nutre de la incorporación de todos(as) para ampliar el proceso de reflexión y de construcción de nuevas formas de decidir y de convivir.
· El proceso democrático no le pertenece a los(as) representantes, burócratas ni tecnócratas sino al pueblo en ejercicio de ciudadanía y de soberanía popular.
La concreción de la aspiración de libertad e igualdad y, por tanto, de fraternidad, es la base para alcanzar el bienestar y la felicidad para todas y todos.