Un fallo confeccionado a la medida

El “oportuno” y convenientemente “publicitado” fallo dado a conocer ayer lunes 15 de marzo de 2004 por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que permitiría, si tuviese validez, la realización del referendo revocatorio del mandato presidencial, por reconocer como válidas las firmas declaradas “en observación” por el Consejo Nacional Electoral, pretende invalidar una decisión del máximo órgano del Poder Electoral.

Las características jurídicas del “oportuno” y “publicitado” fallo han sido consideradas por algunos especialistas del derecho como un exabrupto jurídico por usurpar un espacio que no le competía, puesto que la materia en cuestión no se refiere a una Ley sobre referendos, que no existe, sino a un aspecto derivado de la Constitución, ámbito que le corresponde a otra sala. El choque de competencias entre salas derivará en un conflicto que deberá dirimir la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación creada por la Sala Electoral debilita aún más la esmirriada imagen del poder judicial venezolano.

Las razones del por qué se produce este fallo es necesario buscarlas en las diferentes esferas de la sociedad. Sin perjuicio de reconocer la incidencia que tiene el contexto internacional en todo lo que ocurre hoy día dentro de los límites de nuestro país, existen también factores internos que contribuyen de manera importante para que se produzcan determinados hechos.

En primer lugar, en la esfera de la justicia porque el mencionado hecho se produjo en ella. Respecto a ésta se puede decir que es una de las esferas donde más se refleja la complejidad de la sociedad moderna. En parte esa complejidad proviene de:

· La naturaleza de la materia que se aborda, una materia intangible: normas, disposiciones, leyes, etc.
· El hecho de que tanto la elaboración de las leyes como el uso de las mismas es realizado por hombres, impregnados de una visión, en el caso de la sociedad actual del ideal predominante: el individualismo, en su mayoría.
· El gran número de población, especialmente en las ciudades y los diferentes tipos de delitos que se pueden cometer.

En la organización del sistema judicial de un país influyen esas características, haciendo que ésta sea una intrincada red piramidal, cuya base son los juzgados locales y su vértice un tribunal nacional compuesto por una serie de compartimentos, conocidos como salas.

Las diversas posturas que pueden adoptar quienes participan tanto en la elaboración de las leyes como en la interpretación que se puede hacer de ellas, inciden grandemente en la administración de justicia en un país. Esa diversidad es la que permite que un profesional de la justicia pueda defender tanto a una víctima como a un victimario.

Independientemente de la organización del aparato de justicia como de las diversas posturas que puedan sostener quienes participan en ella, los miembros de una sociedad parten de la idea de que el principio fundamental que rige a la justicia es: la igualdad de los seres humanos ante la ley. Sin embargo, cristalizar este principio se ve entorpecido por lo regular porque quienes son los responsables de dirimir conflictos, no se despojan de sus intereses políticos ni de su afán de lucro para hacerlo, como sería lo correcto.

En nuestro país ese “deber ser” de la justicia se enfrenta con una cruda realidad del sistema del poder judicial. La corrupción, la parcialización y la incompetencia de algunos magistrados son características que posibilitan que se produzcan fallos, como el dado a conocer ayer, pero también sus causas se encuentran en otra esfera de la sociedad: la de la política.

Hoy en la arena de la política en Venezuela existen tres sectores claramente definidos: los partidarios del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, los grupos reaccionarios que lo adversan y el sector heterogéneo que no apoya ni a uno ni a otro.

De los dos sectores enfrentados, el sector adversario al actual Gobierno Nacional, que cada día se ve más disminuido, producto de una larga lista de errores cometidos, reconocidos incluso por algunos de sus más prominentes miembros, busca desesperadamente fórmulas que le permitan forzar la salida del Primer Mandatario, recurriendo para ello a cuánta maniobra legal o pseudo legal les permita convencer a sus partidarios de estar en vías de conseguir su objetivo, captar nuevos adeptos y sobre todo justificar su actuación más allá de las fronteras del país, ante quienes los apoyan y financian.

Es en esta conducta desesperada donde se inscribe la decisión de los dirigentes de los grupos contrarios al Gobierno Nacional de recurrir a “los servicios” de unos magistrados de la Sala Electoral que pertenecen a sus filas y lograr que emitan una sentencia que invalide una disposición de otro poder del Estado, el electoral, designado precisamente por el propio Tribunal Supremo de Justicia y cuyas atribuciones fueron otorgadas junto a la designación.

En resumen lo ocurrido es producto de la actuación de unos magistrados que tienen una determinada visión política y unos intereses personales de los cuales no se despojan, como debieran para dirimir un conflicto judicial y de unos dirigentes que necesitan “elementos de combustión” que les permitan avivar la débil llama de su lucha. Esa sentencia “oportuna” y convenientemente “publicitada” no es más que una luz de bengala, un relámpago, cuya luz ilumina y cuyo trueno produce un enorme estruendo pero que luego se olvidan, porque es un fallo confeccionado a la medida, en el momento y para quienes lo necesitan: los debilitados grupos contrarios al Presidente Chávez, que no consiguieron recoger el número de firmas válidas necesarias para convocar un referendo revocatorio.


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