De nuevo el gobierno de Uribe devela que no le asiste al establecimiento ninguna voluntad de auscultar creativos caminos hacía la Paz con Justicia Social. Obstinadamente los detentadores del poder insisten en negar la existencia de un conflicto social y armado en Colombia, pretendiendo reducir su salida política a la desmovilización ideológica y militar del movimiento insurgente.

Con un interés mediático y como estratagema electoral, el gobierno de Uribe permitió que la Senadora Piedad Córdoba y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, obraran como mediadores y facilitadores de un Acuerdo Humanitario que posibilitara la liberación de los prisioneros de guerra en poder del Estado y de las FARC - EP.

La mediación de Hugo Chávez generó una expectativa positiva en los familiares de los prisioneros de guerra y en distintos sectores sociales que han promovido hace muchos años la iniciativa de un Acuerdo Humanitario como primer paso en la búsqueda de una Paz concertada que se exprese en un proyecto de Nación; que condense un nuevo proyecto de país que permita formalizar las reformas estructurales que requiere la sociedad colombiana.


La labor facilitadora para el Acuerdo Humanitario que desplegó, no solamente el Gobierno de Venezuela sino también el de Francia, permitió que en el exterior se conociera que lo que realmente sucede en Colombia es un conflicto social y armado que enfrenta a una minoría narcoparamilitar que mantiene sus privilegios a sangre y fuego promoviendo el terrorismo de Estado en contra de las mayorías, como mecanismo para reprimir el descontento popular que genera un régimen excluyente.

Esta situación fue la que envalentonó al gobierno de Uribe, que como fiel marioneta del imperialismo norteamericano, pretende reducir la resistencia armada de un Pueblo a una "amenaza terrorista".

Los escenarios políticos que en este fugaz proceso se abrieron a la insurgencia colombiana permitieron que distintos sectores de opinión colombianos e internacionales conocieran las propuestas e iniciativas de las distintas expresiones armadas del Pueblo, rompiéndose de esta manera la visión distorsionada con que Uribe y los medios de comunicación propiedad de los grandes grupos económicos han presentado el conflicto social y armado y de quienes, ejerciendo el supremo recurso de la rebelión, se han alzado en armas contra el Estado.

Por eso Uribe reclamaba que su gobierno necesitaba mediadores contra el "terrorismo". Asimilando de manera errónea como "legitimadores del terrorismo" a quienes objetando el unanimismo uribista dentro y fuera del país, sostienen que en Colombia hay un conflicto social y armado que debe resolverse políticamente, superando las causas estructurales que lo generaron.

El abrupto rompimiento por parte del gobierno de Uribe del proceso incipiente de Intercambio Humanitario, es prueba fehaciente de la falta de voluntad política del Estado Colombiano para abordar de manera seria procesos de transformación política, económica y social que devengan en la construcción de una Paz con Justicia Social para las mayorías.

Llama la atención que Uribe y su séquito pretendan que los demás gobiernos facilitadores de Paz consideren bandidos y terroristas a los integrantes de las organizaciones insurgentes a quienes, paradójicamente, el Estado Colombiano sólo les reconoce la condición de actores políticos para iniciar acercamientos con el único propósito de someterlos a sus programas de rendición y desmovilización.

La desactivación del proyecto paramilitar como supuesto logro de la política de paz del gobierno de Uribe es otra de las grandes falacias que el movimiento social ha logrado desenmascarar, demostrando que lo que se ha venido haciendo es la institucionalización de las organizaciones paraestatales.

La lucha persistente de las mayorías explotadas ha impedido que “la verdad, la justicia y la reparación" de los victimarios suplante la que exigen las víctimas del terror estatal, eufemísticamente denominado por el actual gobierno como “seguridad democrática", que para la mayoría de colombianos ha sido sinónimo de capturas masivas, desapariciones, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales; mientras que para Uribe sigue siendo su mayor logro y posiblemente su bandera electoral para un tercer periodo presidencial.